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La crisis sanitaria por COVID-19 ha hecho reflexionar a los pueblos del mundo sobre el estado en el que se encuentra la naturaleza y la forma en que aumentó el impacto de la pandemia, las comunidades indígenas mayas han alzado la voz por el constante riesgo en el que se encuentra la zona selvática ante los pesticidas, transgénicos, deforestación y granjas porcícolas que han afectado el equilibrio natural.
De existir menor agresión contra natura, los daños y muertes por COVID-19 hubieran sido menores, argumenta organización civil.
Para Margarita Campuzano, vocera del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, asociación civil mejor conocida como CEMDA, los problemas en la zona limítrofe entre Campeche y Yucatán son reflejo de la impunidad por parte de ciertos grupos que han llegado a instalarse sin respetar la naturaleza y afectando a las comunidades locales.
“Somos una sociedad civil, a través del marco legal hacemos estos apoyos, asesorías, educación legal. Estos recursos recaudados los destinamos para realizar talleres en comunidades rurales”, dice la entrevistada.
Desde 2017, el CEMDA comenzó con la asesoría jurídica a los habitantes de Hopelchén que señalaron permisos para la siembra de soya transgénica a Monsanto. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, los permisos fueron entregados a diferentes empresas trasnacionales que planeaban cultivar este tipo de productos.
En este periodo se entregaron 141 permisos por parte del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Agroalimentaria; en el caso de Monsanto fueron 41 certificados donde se podía alterar el uso de 100 mil 365.88 hectáreas; esto, sin el consentimiento de las comunidades que se verían directamente afectadas.
En agosto de 2020, un Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocó los permisos otorgados y dio la razón a las comunidades de Hopelchén: no hubo consulta a sus derechos.
“Además de los problemas con Monsanto, hay muchas comunidades menonitas instaladas en esta zona de la selva en Campeche. Se ha detectado que talan de forma descontrolada y a pesar de que las comunidades están protegidas jurídicamente, la siembra de soya no se ha detenido por esta comunidad”, explica.
Los problemas también han sido económicos. Los mayas exportan a Europa miel de primera calidad, de abeja melipona, una especie de abeja que no tiene aguijón y se nutre con la flora selvática.
“Los clientes europeos han detectado que hay sustancias propias de los pesticidas dentro de la miel. Lo cual hace que el producto pierda la calidad orgánica y no se les pague a los indígenas por su mercancía”, lamenta la entrevistada.
Considera que “es complicado hacer conciencia, pero más lo es la judicialización. Ya no se pueden usar pesticidas ni sembrar estos cultivos. Pero se sigue haciendo”.
Otro factor en el escenario de riesgo es la tala ilegal en Campeche. Según datos proporcionados por autoridades campechanas, sólo hay registro de 16 detenciones desde el año 2005 a la fecha por tala ilegal y comercio ilegal de maderas preciosas en todo el Estado.
A inicios del mes de marzo este diario reveló que a los talamontes de Hopelchén y Calakmul se les retribuye con mil pesos al día por cortar maderas tipo caoba, granadillo y jabín; y si consideramos la crisis de empleo y el cierre económico por la pandemia, esto orilla a los campesinos a aceptar en “días malos” hasta 500 pesos de salario.
Las maderas preciosas en la zona selvática maya son llevadas a Canadá, Estados Unidos y hasta China. Una sola tabla de granadillo, por ejemplo, puede cotizarse en 50 dólares, por arriba de los mil pesos mexicanos.
El CEMDA afirma, en materiales utilizados para la campaña de recaudación de fondos, que el 80 por ciento de fallecimientos por COVID-19 se han registrado en zonas con mayor impacto ambiental, según lo analizado mediante datos del Gobierno de México.
“Esto nos recuerda que la salud humana depende totalmente de la salud de los ecosistemas. Desafortunadamente, en el Sureste de México, particularmente en los Estados de Yucatán y Campeche, hemos visto, con alarma, que la destrucción de sus ecosistemas es debido a cuestiones como: cambios no regulados de uso de suelo para siembra y ganadería, como en Yucatán. Estado que ya ha visto una alta contaminación del agua”, dice el mensaje del organismo.
Además del uso de plaguicidas “que causan daños en el sistema inmunológico de la población” que sumado al coronavirus pone en riesgo a las comunidades. Además de ello, se estima que el uso de los químicos y la pérdida de vegetación mata a las abejas; hasta 2018 se había denunciado la muerte de 326 colmenas y cada colmena, en promedio, da cobijo a 50 mil polinizadoras.
La deforestación en el Estado de Campeche se estima, hasta el último reporte de 2015 de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, en un total de 5 mil 206 hectáreas.
También, advierte sobre el daño al agua en la región y “las granjas porcícolas están descargando” aguas negras directamente al suelo.
Según un informe de Greenpeace, existen 14 granjas porcícolas en Campeche y 222 en el Estado de Yucatán, lo que representa un riesgo si las aguas negras son vertidas sin un tratamiento “pues, el suelo de la Península es kárstico”; es decir, por la composición de minerales, la tierra no hace ninguna filtración.
“Es complicado el panorama para la selva peninsular (…) no sólo hacemos el acompañamiento legal; además, los talleres, les explicamos (a las comunidades) como se hace una demanda, cómo se hace una denuncia popular, sus derechos como comunidades rurales e indígenas. Hacemos todo eso”, concluye.
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CG