El diputado federal por Campeche, Pedro Armentía López aseguró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sólo hizo las observaciones correspondientes ante la falta de claridad en la justificación de los recursos ejercidos en el 2020, por lo que las acusaciones de la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre de que se están “ensañando con ciertos municipios” son infundadas, ya que el instituto fiscalizador tiene la obligación de dar a conocer a qué rubros se destinó el dinero.
“No es una persecución personal contra nadie, hay que ser muy claros y transparentes, es el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación investigar y posteriormente sancionar a quienes hayan incurrido en actos ilícitos, pero en este caso, si hay un daño al erario público, que se sancione a quien se tenga que sancionar”, dijo el legislador.
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Al día de hoy, los ayuntamientos tienen la posibilidad de realizar su contra defensa, es decir, comprobar en qué invirtieron sus recursos, pero en caso contrario, se tendrán que aplicar las sanciones previstas por la ley que pueden ser para la Comuna o en su caso al edil que dio mal manejo de éstos; en el caso de Carmen, que fue administrado por el priista Óscar Rosas González, no justificó a qué rubros destinó más de 474 millones de pesos, por lo que Armentía López indicó que “deberá comprobar en que gastó ese dinero, si no, que pague las sanciones correspondientes”.
Explicó que este fue el primer informe que emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que los municipios tienen la oportunidad de subsanar la falta de información en el primer dictamen que emitieron; sin embargo, si en los informes posteriores que se hagan no se esclarece el destino de más de mil millones de pesos, la autoridad tendrá que proceder con lo que corresponde por ley.
En caso de que no se solventen las observaciones, será la ASF quien determine las sanciones o los ayuntamientos actuales podrán acudir ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) para realizar la denuncia necesaria y dé inicio la investigación contra los ediles por los delitos que sean tipificados, los cuales, en primera instancia, serían por desvío de recursos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) a través de a su Informe de Cuentas 2020, indicó que Eliseo Fernández Montufar fue el segundo edil a nivel nacional con la mayor cantidad de recursos sin esclarecer durante el 2020 debido a que en el ejercicio fiscal de ese año no explicó en qué invirtió 559 millones 200 mil pesos del recurso que representa el 54 por ciento de lo que asignado a su administración municipal.
Por otro lado, durante la administración de Óscar Rosas González en el municipio de El Carmen, tampoco justificó en qué uso 474 millones 900 mil pesos durante el ejercicio fiscal 2020, por ello es considerado como el tercer Ayuntamiento a nivel nacional con mayor opacidad en el ejercicio de los recursos públicos; a esta situación se añade que el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones (CNGMD) 2021, informó que en su paso por la Comuna carmelita se adjudicaron de forma directa más de 64 contratos por servicios públicos.
En caso de que ambos exfuncionarios no justifiquen en qué destinaron los recursos ante la Auditoría Superior de la Federación, Óscar Rosas y Eliseo Fernández podrían afrontar de dos a 14 años de prisión, además de la inhabilitación de por vida para contender por cargos públicos en cualquiera de los tres niveles de Gobierno.
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JG