Luego de los cuestionamientos en redes sociales sobre la nula actuación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tras el desplome de la fachada del predio de la calle 10 del Centro Histórico, la directora del INAH-Campeche, Adriana Velázquez Morlet, precisó que sólo en la capital hay 20 casas en riesgo de derrumbe y 130 con daños estructurales; por su parte, el jefe jurídico Jorge Alberto Aguilar Montero destacó que propietarios del inmueble desplomado fueron notificados sobre la urgencia de reparar la fachada, pero nunca respondieron.
En días pasados, el presidente del Colegio de Arquitectos, Mario Dzul Collí, dijo que están en riesgo de derrumbe al menos 200 edificios, tras un análisis sobre las condiciones de las casas Patrimonio Cultural de la Humanidad, del recinto amurallado y de los barrios tradicionales San Francisco, Guadalupe, San Román, Santa Ana y Santa Lucía.
El jefe jurídico reveló que tras el desplome del edificio establecieron mesa de trabajo para coordinar y fortalecer vínculos tanto con Protección Civil Estatal y Municipal, como con el recién creado Instituto para el Patrimonio de Campeche, con el fin de trabajar en conjunto para la conservación de los inmuebles del área de Monumentos Históricos y del Patrimonio Cultural.
“Son 3 mil 268 predios los que integran el área del recinto amurallado y los barrios tradicionales; de estos sólo 130 inmuebles están considerados de riesgo, pero en el rubro de riesgo inminente hay entre 15 a 20 viviendas”, dijo.
Asimismo, ayer después del mediodía se colocaron cintas de alerta a dos casas ubicadas en la calle 53 entre 14 y 16 del Centro Histórico, como parte de la prevención y trabajo en conjunto entre el INAH, Ayuntamiento de Campeche, Gobierno del Estado y Secretaría de Protección Civil.
A nivel estatal, de acuerdo con el catálogo de inmuebles levantado desde los años 80, son 5 mil inmuebles los incluidos como construcciones históricas en los municipios de Carmen, Palizada, Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán y Tenabo.
Negó que “muerto el niño taparan el pozo” y que las acciones en conjunto con las demás instancias de Gobierno siempre las llevan a cabo, pero ahora acordaron coordinarse para cruzar información y evitar acciones aisladas.
Al cuestionarlo sobre porqué no otorgan permisos para la rehabilitación de viviendas, explicó que los ciudadanos deben ingresar el trámite para que les hagan las observaciones y luego aprobarlas; ejemplificó que en 2021 hubo 320 solicitudes, todas aprobadas, aunque algunas con modificaciones en las propuestas.
Abundó que no tienen denuncias por cobros o “mochadas” hacia el personal del INAH y reviró al señalar que todos los trámites que realizan son gratuitos y que incluso los procedimientos de solicitud por correo electrónico incrementaron durante la pandemia.
Respecto a ilegalidades en la rehabilitación de viviendas presentaron 10 denuncias, aunque en un caso acordaron el mantenimiento del inmueble con las observaciones emitidas por personal técnico del INAH, como sucedió en predio ubicado sobre la calle 18 con 61, demolida ante el riesgo que representaba para transeúntes.
Aclaró que el INAH no impone sanciones, sino el juez de control de acuerdo con elementos proporcionados por el Ministerio Público, quien determina la multa o sanción conforme a la legislación.
Referente al inmueble cuya fachada cayó en la calle 10 entre 57 y 59, reveló que tenía notificaciones del INAH para rehabilitarla y recordó que durante el 2012 se registró otro derrumbe en la parte posterior, lo que afectó a vehículos del estacionamiento contiguo, “en esa ocasión reparamos la pared”, enfatizó.
Tras asegurar que el edificio tenía al menos 20 años sin mantenimiento pese a las reiteradas notificaciones al propietario, al pedirle el nombre del mismo, justificó que debido a la Ley de Datos Personales no pueden proporcionarlo.
Extraoficialmente se supo que la reparación tendría un costo de entre 15 y 18 mil pesos por metro cuadrado, aunque la directora del INAH subrayó que esperarán el dictamen de los especialistas y con base en el análisis emitirán las recomendaciones para el edificio; puntualizó que no permitirán una obra nueva, sino que tendrán que reconstruirlo como estaba en su fase original.
Sobre la posibilidad de expropiar los predios cuyos dueños no atiendan las notificaciones de mantenimiento, Aguilar Montero asentó que es posible presentar la denuncia por destrucción de monumentos históricos: sólo en una ocasión se ha hecho, pero el inmueble está intestado y el proceso aún no concluye.
En el mismo sentido, el jurídico del INAH recordó que a partir de 1999 y durante 15 años el Gobierno del Estado implementó Programa de Rescate de Fachadas en viviendas del Centro Histórico y barrios tradicionales, acciones suspendidas en los últimos ocho años.
Velázquez Molet adelantó que la nueva administración tiene la intención de reanudar el programa, aunque sería necesario regular su aplicación y sensibilizar a los propietarios para contribuir en el mantenimiento de sus viviendas, incluso consideró que debe realizarse un estudio socioeconómico para determinar las personas que en realidad requieren apoyo económico para la rehabilitación de fachadas.
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CC