Pese a que las comunidades Felipe Ángeles, Caña Brava y otras solicitan a Quintana Roo la construcción de una red hidráulica para suministrar agua potable pertenecen al Estado de Campeche, el secretario General de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega señaló a la Consejería Jurídica como la instancia responsable de tratar los temas de conflictos limítrofes entre ambas Entidades.
Las localidades fronterizas con Quintana Roo interpusieron un amparo que les concedió el Juzgado Federal de Chetumal, para que les doten de agua potable al ser un derecho humano, por lo que el Congreso quintanarroense aprobó 100 millones de pesos paras obras de suministro del líquido.
Al respecto, el abogado de las poblaciones fronterizas, Andrés Blanco Cruz informó que ya comenzaron las obras en Guillermo Prieto para dotar de agua a la comunidad junto con Caña Brava, con la construcción de un acueducto con inversión de 22 millones de pesos.
Cuestionado al respecto, Ostoa Ortega fue parco al contestar, además de minimizar el hecho y de considerar que el tema del lío limítrofe es competencia de la Consejería Jurídica a cargo de Juan Pedro Alcudia.
Cuestionado sobre las obras que declaró Blanco Cruz, expresó que siempre realizan acciones “ahí, en comunidades de la zona limítrofe”, por parte de las autoridades del vecino Estado, aunque añadió que la administración estatal también las lleva a cabo.
De las comunidades asentadas en dicha área dijo que pertenecen a Campeche, aseveró que son Caña Brava y todas las localidades en la región, y afirmó que “todo lo que está en este lado como lo establecen los límites oficiales”.
De interponer algún recurso jurídico o medida ante las obras que hace el Gobierno de Quintana Roo expresó que “ahí está la Consejería Jurídica muy al pendiente”.
Agregó que el diferendo sobre los límites entre Campeche y Quintana Roo“es un tema que para nosotros ya estaba resuelto”; sin embargo, expresó que “se volvió a inconformar el Gobierno de Quintana Roo”, por lo que todo lo concerniente al rubro jurídico “se está atendiendo por parte de la Consejería Jurídica”.
Es de recordar que el Gobierno de Yucatán interpuso un amparo ante la delimitación de la franja fronteriza que hizo Quintana Roo y Campeche, como tercer interesado involucrado en la controversia constitucional.
El asesor de las comunidades, Blanco Cruz, dio a conocer que iniciaron los trabajos de excavación de un pozo de 300 metros en la comunidad Guillermo Prieto de donde extraerán agua para su distribución; además del suministro mediante un acueducto de cinco kilómetros a la población de Caña Brava.
Esto tendrá un costo de inversión de 22 millones de pesos de los 100 millones aprobados por el Congreso de Quintana Roo.
También reveló que, ante los recursos de inconformidad interpuestos por la alcaldesa de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, por unanimidad desecharon el reclamo municipal sobre el supuesto indebido vinculamiento que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Chetumal estableció para que la administración municipal cumpla con sus responsabilidades constitucionales en materia de obra pública.
Con la resolución judicial podrán liberarse para su ejecución los 78 millones de pesos restantes que aprobó el Congreso de Quintana Roo para las obras de agua potable en las localidades de El Tesoro, Los Ángeles, Nuevo Paraíso, Hermenegildo Galeana, 21 de Mayo, Blasillo y Felipe Ángeles, además de extender el acueducto, ya que sólo aprobaron cinco kilómetros desde Guillermo Prieto a Caña Brava.
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JG