La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) reconoce que en la entidad no existen los mecanismos necesarios para atender las 10 quejas por tortura promovidas contra la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), debido a que de tres rubros (jurídico, médico y psicológico) sólo uno (jurídico) pueden implementar, ante la falta de expertos en la materia para comprobar la coacción de las autoridades persecutoras.
En entrevista, Ligia Nicte-Ha Rodríguez Mejía dijo que: “sólo este 2022 tenemos 10 quejas relativas a la tortura por parte de instituciones como la Fiscalía o en menor medida la Secretaría de Seguridad, a eso se suman las 23 quejas que hemos recibido por lesiones infligidas por servidores públicos de las mismas instituciones que de momento están en investigación”.
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Derivado de ello, la FGE tuvo una nueva recomendación por parte de la Codhecam por haber incurrido en acciones de tortura por parte de los agentes ministeriales locales en contra de Luis Fernando Vidal Dekin, con la finalidad de declararse culpable por la supuesta comisión de participar en delincuencia organizada en el territorio campechano, con ello las autoridades investigadoras locales poseen ocho recomendaciones en el 2022.
La titular de la Codhecam explicó que la recomendación más reciente fue por una queja recibida en el 2015, por lo que hasta que fue complementado el protocolo de Estambul pudo proceder el cierre de la queja, debido a que hay elementos probatorios indispensables como el jurídico, psicológico y médico que deben corroborarse.
Sin embargo, en Campeche sólo es posible atender el ámbito legal, por lo que es necesaria la participación de entes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD), o en su caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes poseen el personal y los recursos suficientes.
Precisó que ello ha derivado en que las investigaciones dilatan su conclusión ante la falta de infraestructura local, ya que este tipo de delitos propiciados por los servidores públicos podría extenderse por meses o años, tal es el caso más reciente que tuvo una espera de siete años en lo que pudo atenderse a nivel nacional.
Rodríguez Mejía, explicó que una de las diferencias principales que hay entre las quejas por tortura y por lesiones es la finalidad, ya que en la mayoría de los casos la tortura es realizada para obtener información que posee una persona, autoincriminarse por un delito, o en su caso coaccionar a la persona para que señale a un ciudadano en específico por la comisión de un delito.
La Codhecam reveló que los dos entes con mayor número de recomendaciones por violentar las garantías fundamentales de los ciudadanos son la Fiscalía General del Estado con ocho recomendaciones; continúa la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) con cuatro recomendaciones; sigue el municipio de Hopelchén con una; Calakmul con una; el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac), una, el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche (Indajucam), una; el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), una; y finalmente la Secretaría de Educación con una recomendación.
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JG