Durante el desarrollo de la décima novena sesión ordinaria del Poder Legislativo, por unanimidad de votos de todos los diputados presentes en el lugar, fueron aprobadas las emisiones de la Ley de Justicia Cívica, así como la de Austeridad, para controlar el ejercicio de los recursos asignados del próximo año en Campeche.
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En el caso de la Ley de Justicia Cívica, tiene como objetivo restaurar la convivencia donde los conflictos sociales hayan causado daño, y atender de manera temprana y efectiva a aquellas personas que de manera incipiente han iniciado sus carreras criminales, con el objetivo de ofrecer a estas otra alternativa de vida.
Por su parte, la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios, pretende establecer la moderación en el uso de los recursos como un valor fundamental y principio del servicio público.
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Entre los principales puntos que aborda la ley establece que, el Poder Ejecutivo, elimina la contratación de servicios de asesoría, consulta, despachos externos, asistencia e intercambio en materia jurídica, económica, contable, de ingeniería, arquitectónica, entre otras.
Es decir, todas aquellas que sean contratadas para elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo, o cualquier tipo de análisis o recomendaciones, que pudiesen ser requeridas para el cumplimiento de las obligaciones del Poder Ejecutivo.
En el mismo sentido, prohíbe la contratación y pago de servicios de telefonía móvil a cargo del erario para cualquier servidor público de los tres poderes del Estado, municipios y organismos constitucionalmente autónomos, además, evita la compra de vehículos automotores de lujo en todos los sujetos obligados para labores administrativas.
Además, fue reformada la Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, para que el órgano desconcentrado, denominado Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche (SEAFI), realice funciones administrativas para la solicitud, integración de expedientes y expedición de licencias para los establecimientos de almacenamiento, distribución, venta y consumo de alcohol.
También fue modificada la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado, que ahora incorpora, dentro de las atribuciones de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, el control de los bienes asegurados en materia de extinción de dominio.
Finalmente, tras más de seis horas y media de trabajos legislativos, a las cinco de la tarde, con 33 minutos, concluyó la vigésima primera sesión ordinaria y se realizó la declaratoria de clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
Con ello, los trabajos legislativos tendrán un periodo de descanso que comprende del 21 de diciembre del año en curso al 31 de enero del 2024, para que el uno de febrero el Poder Legislativo retome las actividades en las sesiones semanales.
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LV