En evidente acto de omisión de información, la actual alcaldesa de Calkiní, Juanita Cortés Moo, negó que su administración esconda la documentación de recursos ejecutados en el 2023 e incluso, minimizó las sanciones que impuso la Auditoría Superior del Estado en su contra al no entregar los informes financieros trimestrales.
Aunque fue cuestionada directamente sobre el motivo por el cual su administración no ha publicitado los contratos, negó dichos señalamientos pese a que en la Plataforma Nacional de Transparencia no hay dada de alta documentación alguna de contratos de obra, bienes o servicios del año que va a terminar.
“Eso es falso —que no ha publicitado nada—, todo lo que hemos hecho se ha entregado a las autoridades, tampoco nos han sancionado porque no hayamos entregado los informes financieros, todo lo que nosotros trabajamos en servicios públicos está con las autoridades”, dijo.
Esta situación fue corroborada a través de una revisión realizada en los archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que administra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que reveló que no hay registro de un solo contrato de obra, bienes o servicios ni por vía de la licitación o por adjudicación directa.
En el lapso del uno de enero al 30 de septiembre, ni la alcaldesa Juanita Cortés Moo, ni personal de la Dirección de Transparencia o si quiera el titular de su Órgano Interno de Control (OIC), han hechos públicos los contratos, situación que deriva en sanciones por el incumplimiento a sus obligaciones fiscales.
Las omisiones de Cortés Moo van contra lo estipulado en el artículo 74, fracción XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, que dictamina que cada 90 días, o sea tres meses, los entes que operan con recursos públicos tienen la obligación de dar a conocer en qué ejercen sus recursos.
Esto quiere decir que, hasta el momento, la administración municipal de Calkiní no ha justificado en qué ha ejercido los 261 millones 66 mil 910 pesos asignados a la Comuna para ejercer en el presente ejercicio fiscal, no sólo en cuanto a la nómina de los trabajadores, sino en los servicios públicos e inicio de obra pública.
De acuerdo con lo determinado en la misma normativa, en el artículo 183 establece que, en primera instancia, la Comuna recibiría un apercibimiento para hacer pública la información y en caso de continuar con la negativa, habría una sanción que va desde las 250 a 800 Unidades de Medida y Actualización.
Cabe recordar que, de acuerdo con la información obtenida en los informes de cuentas elaborados por la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), se detectó que hubo irregularidades en la ejecución de un millón 596 mil 189.28 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
En este caso específico, la munícipe en turno minimizó las observaciones al considerarlas que son solamente de forma, es decir, que hubo documentación faltante en lo entregado a la Asecam, sin embargo, no explicó por qué los informes señalan que las especificaciones de los contratos no corresponden a la obra ejecutada.
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LV