Ante la deforestación estimada en 10 mil hectáreas del ejido 5 de Febrero en el municipio de Champotón por productores de carbón ilícito, el comisario ejidal Efraín Chan Uc exigió la intervención de la gobernadora Layda Sansores San Román para contener este delito, ya que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no procede en contra de los carboneros.
Acompañado de habitantes del ejido y del comité de vigilancia, denunció que el ejido destina 16 mil hectáreas para la conservación ambiental pero el daño que ocasiona la deforestación el riesgo de un incendio está latente en la próxima temporada de incendios forestales.
Acusó que los carboneros andan armados e incluso drogados por lo que evitan la confrontación para evitar un derramamiento de sangre, sin embargo, no hay actuar de los inspectores de la Profepa, ya que acuden a la dependencia federal pero no los atienden ni acuden a supervisar las denuncias.
Recordó que hace un año durante los recorridos de inspección que realizaron estas mismas personas retuvieron a elementos de la Guardia Nacional por lo que tuvo que negociar con las autoridades federales y estatales cuando solamente hacían inspección ante la deforestación en que incurren.
Pidió la intervención de la autoridad estatal para que con maquinaria destruyan los hornos que existen en la zona del ejido, ya que estimó pueden ser más de 300 hornos lo que están activos.
Reiteró el riesgo de un incendio forestal por lo que procedieron a realzar las guardarayas e incluso un camino de 40 kilómetros que permita el acceso ante la posibilidad de que se genere fuego.
Recordó que ya sostuvieron reuniones con la mandataria estatal quien les pidió cuidar los árboles pero señaló que los carboneros no tienen conciencia ante el daño ambiental que hacen y responsabilizó a los del ejido Laguna Grande del municipio de Escárcega de ingresar a estos terrenos y provocar la deforestación sobre todo porque son personas provenientes del Estado de Chiapas.
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GC