Para los habitantes del ejido Champotón, el personal de la Procuraduría Agraria quiere su “mochada” y por eso les negaron la expedición de la asamblea certificada para que 35 mil hectáreas de la Ampliación Forestal, puedan ser decretadas como reserva protegida, ante lo cual el comisario ejidal, Mario Mijangos Marín, advirtió que si no les otorgan el documento tomarían las oficinas e incluso vendrían los mil 507 integrantes que conforman el Ejido.
En Palacio Federal, acompañado de unos 60 ejidatarios, entre hombres y mujeres, acusaron al subdelegado agrario, Gelasio Sagrero Linares, de no autorizar la firma para el acta de la asamblea, ante lo que plantearon que significa que desea dinero, quiere la “de Puebla”, atajó Pedro Candelario Núñez Uc.
Expuso
Mijangos Marín explicó que tras la negativa acudió al Ejido para exponer el argumento del funcionario agrario, por lo que en asamblea externaron su descontento, ya que esgrimieron que de acuerdo con el artículo 23 fracción V de la Ley Agraria, pueden hacer contratos o convenios para uso y disfrute de las tierras de uso común.
Argumentó que el funcionario es el que no quiere que los ejidatarios hagan el convenio con una empresa con la que ya platicaron, para que puedan destinar las 35 mil hectáreas como zona protegida ante la deforestación e invasión que tienen de los terrenos de la ampliación forestal.
Expropiaron
Detalló que la dotación de la ampliación forestal la conformaban 85 mil hectáreas, ubicadas en el municipio de Candelaria, pegadas a la zona fronteriza con Guatemala, sin embargo, por invasiones expropiaron 20 mil 35 hectáreas en la gubernatura de Jorge Salomón Azar García.
Recordó que en el sexenio de Antonio González Curi les ofrecieron que ya no habría más invasiones, promesa que no les cumplieron porque ahora están en negociaciones para regularizar 22 mil 331 hectáreas, ya que desde hace algunos años solicitan reubicación de los invasores, sobre todo, ahora que ya están asentados en una superficie que comprende parte de las 35 mil hectáreas que pretenden decretar como reserva ecológica.
No tiene dinero
Señaló que ahora tienen que negociar la reubicación de los invasores porque el Estado argumenta que no tiene dinero para pagar la regularización de los terrenos, sin embargo, también ya presentaron tres denuncias por el despojo ilegal de las tierras ante las autoridades competentes, incluso, ante la misma Procuraduría Agraria y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin que procedan los juicios en contra de estas personas.
El problema —añadió— lo vienen arrastrando desde hace unos 30 años, y aunque lograron que les pagaran una superficie invadida, siguieron asentándose personas de Chiapas, Tabasco y Veracruz sin que la autoridad procediera, y a la fecha, pese a las denuncias por la invasión, tampoco han procedido a desalojarlos.
Por su parte, Núñez Uc explicó que Champotón también está catalogado como municipio indígena, por lo que pueden solicitar el acta mediante usos y costumbres y emitir la convocatoria de asamblea, para aprobar que la empresa comience la delimitación de las 35 mil hectáreas como zona protegida.
Exigen desalojo
Coincidió que de igual forma es necesario desalojar a los invasores de una superficie de 35 mil hectáreas, para que sea un área compacta la que contemplen como extensión ecológica.
Asimismo, reveló que una comisión de ejidatarios de Pomuch y Champotón tienen los mismos problemas, y el 24 de enero del 2019 sostuvieron un encuentro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le expusieron la corrupción que priva tanto en el Registro Agrario Nacional (RAN) como en la Procuraduría Agraria, por lo que era necesario cesar a estas personas.
Coincidieron en que de no obtener una respuesta positiva, tomarían las oficinas de la Procuraduría Agraria, incluso si es necesario, con un número mayor de ejidatarios o de todos los que conforman el padrón, ya que es por la defensa de sus tierras y por lo que legarán a sus hijos y nietos.
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