Las finanzas de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) están en jaque, ya que a más de tres mil millones de pesos asciende el pasivo que enfrenta, de los cuales casi tres mil son por dos créditos fiscales, por más de mil 200 millones en el periodo de Sergio Augusto López Peña y de mil 500 millones, pedidos durante la administración de José Antonio Ruz Hernández
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A ello se le suman los 350 millones que deberá pagar al Instituto de Educación de Aguascalientes por la “Estafa Maestra”, al perder los amparos indirectos promovidos por la abogada general de la Universidad María de los Ángeles Montalvo Cruz, con número 122/2023 y 117/2023 ante el Consejo de la Judicatura Federal promovidos en el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito y Tercero de Distrito de Campeche en contra de las autoridades del Juez Quinto de lo Mercantil de Aguascalientes y otros, y Juez Quinto de lo Mercantil de Aguascalientes.
Además de los 120 millones detectados en el Ejercicio Fiscal del 2022, que incluye 25 millones del Fondo de Contingencia, los 60 millones que fueron hurtados sistemáticamente y otros 15 sin justificar, que se agrava con los 100 millones de pesos en laudos por pagar, sin olvidar el agotamiento de los fondos del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones, que tiene en la indefensión a más de 170 extrabajadores, sindicalizados y de confianza, cuyos pagos mensuales asciende a seis millones de pesos.
Situación que podría empeorar con las auditorías que realizarán las autoridades de la Auditoría Superior del Estado y de la Federación, esto, con base en una investigación realizada y que fue confirmada por la rectora Sandra Martha Laffón Leal.
Señala que, hasta el momento, no existe algún procedimiento penal en contra de quien o quienes resulten responsables, solamente la interpuesta por la administración de Ruz Hernández en agosto pasado al “descubrir” una red de cuentas bancarias donde dos funcionarios y personas ajenas a la Universidad desviaron por casi dos años más de 50 millones de pesos.
De acuerdo con la información recabada, la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) tiene contratado dos créditos fiscales, es decir, un ingreso que tiene derecho a percibir la Universidad como un ente público en sus funciones de derecho público que provengan de contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios, es decir, por los servicios que presta a la comunidad estudiantil, a las instituciones del sector público y privado, así como la investigación.
Cabe señalar que, uno de estos créditos es por mil 200 millones de pesos hechos durante el 2011, durante el periodo de Sergio Augusto López Peña, quien en el 2017 fue inhabilitado por la Función Pública para ejercer cualquier cargo público y quien tuvo que ver con la llamada “Estafa Maestra”; y otro en el 2014, por mil 500 millones de pesos, que hacen un total de más de dos mil 700 millones de pesos.
A esto se le suma que los amparos indirectos promovidos por la abogada general de la Universidad, María de los Ángeles Montalvo Cruz, con número de expediente 122/2023 y 117/2023 ante el Consejo de la Judicatura Federal promovidos en el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito y Tercero de Distrito de Campeche contra actos reclamados de las autoridades del Juez Quinto de lo Mercantil de Aguascalientes y otros, y Juez Quinto de lo Mercantil de Aguascalientes, respectivamente, fueron negados y por lo tanto, la Unacar deberá pagar 350 millones al Instituto de Educación de Aguascalientes como parte de la “Estafa Maestra”, es decir, que se pierden dos amparos nuevamente.
Ya que, en marzo del 2022, el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, declaró que la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) deberá pagar al Estado de Aguascalientes 350 millones de pesos, pues la Universidad no cumplió con la proveeduría de equipo de cómputo para el programa de Habilidades Digitales para el Estado de Aguascalientes, por lo que ya se le notificó del embargo, interponiendo un amparo que le fue adverso en ejecución y aunque promovieron otros recientemente, estos fueron negados.
Toda esta situación la confirma la rectora Sandra Martha Laffón Leal, en entrevista para este medio, en la que señala que la Unacar está en jaque en cuestiones administrativas financieras.
“En cuestiones financieras de la administración anterior (José Antonio Ruz Hernández), que fueron dos periodos y un tercero de manera parcial (todavía) no tenemos el análisis de toda esa información, lo que sí es que del año anterior se desviaron cerca de 120 millones de pesos”, manifestó la Rectora.
Detalló que de estos 120 millones de pesos, 25 millones corresponden al Fideicomiso de Contingencia, dinero que se desvió o desapareció, así como 95 millones aproximadamente eran recursos de subsidios federales y estatales.
Y de esos 95 se sabe que 60 millones fueron robados, desviados a cuentas específicas y por el cual hay una demanda que se hizo el año pasado en contra de dos personas que ya han sido plenamente identificadas.
Al respecto, se menciona que están involucrados Isabel M.C., extesorera; José Yovani M.S., coordinador de Evaluación Fiscal, y Erika Patricia C.A., empleada administrativa.
Además de Jorge Antonio B.T., pareja de la extesorera; Jorge Antonio B.G., suegro de la extesorera; Alberto C.G.; Pablo de la C.C.; Juan Carlos B.S.; Felícita J.C., suegra de José Yovani; Alfonso B.O.; Gerardo Andrés C.T.; Sergio R.G.; Alán H.M.; Julio César V.G.; Juan Carlo P.O. y Alejandro L.L., mediante el uso de documentos apócrifos y nombres ficticios de supuestos actores en juicios laborales, para fingir pagos de laudos ficticios en abonos, vía transferencias bancarias en lugar de cheques nominarios, a través de las cuentas 65505246131, 65507874311 y 65507317404, del banco Santander, durante 2020, 2021 y 2022, por monto de alrededor de 60 millones de pesos, según la auditoría practicada entre julio y agosto por Contraloría General, y que fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Agrega Laffón Leal que los restantes 35 millones de los 95, fueron desviados de alguna manera, “utilizado a lo mejor para pagar a los jubilados o de manera irregular en otras cuestiones; el caso es que, cerca de 120 millones de pesos no se pueden comprobar tan solo del año pasado”.
Precisó que, ya se solicitó una auditoría forense por la Dirección General de Educación Superior (GGESUI), y se hace ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “pero ellos van a decidir en qué periodo la van a hacer y ya en estos días también tiene que acercarse la Auditoría Superior del Estado (ASECAM) y ahí debe de salir todo lo que hace falta, además de que por parte de la Unacar ya se contrató un despacho para certificar los pasivos, la deuda del año pasado, es decir, que este despacho va a validar estos 120 millones de pesos, lo que nosotros calculamos de manera interna”.
Por último, Laffón Leal señala que, según las auditorías anteriores, es decir, del 2021 hacia atrás no se arrojaron pasivos, “pero sí sabemos que hubo desvíos, que durante el 2021 y 2020 hubo robos también, pero no se han reportado. Consideramos que está entre 12 millones en el 2020 y 30 millones en el 2021 que todavía se tienen que certificar”.
De igual forma, la Universidad Autónoma del Carmen tiene pendientes por pagar más de 100 millones de pesos en laudos, esto debido a que se presentaron despidos en los últimos años y que tendrá que pagar a como dé lugar la Universidad, así como los 350 millones de pesos al Instituto de Educación de Aguascalientes, ambos reclamos de no ser pagados ponen en riesgo a la Unacar de ser embargada.
Mientras que, la Auditoría Superior del Estado (Asecam), en el Informe Individual de Resultados, Observaciones y Acciones de los Estados Financieros de la UNACAR del 2021 en lo que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones Federales, señala que en el 2021 José Antonio Ruz Hernández durante la recta final de su segundo periodo y el inicio del tercero como rector de la Universidad, realizó adquisiciones con recursos públicos por más de ocho millones de pesos fuera de los procedimientos que marcan las leyes del Estado de Campeche.
En el ejercicio fiscal 2021, la Unacar en lo que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones Federales, ejerció 8 millones 552 mil 611 pesos en servicio de asesorías, adquisición de uniformes institucionales, servicios legales, pago de expedientes laborales, pago de sentencias laborales, depósitos realizados en la cuenta bancaria número 65507874311 de la Institución bancaria Santander no reconocida, además de erogaciones no justificadas sin mayores datos aportados por la Tesorería de la institución, por mencionar algunos.
En proceso
Precisó que, ya se solicitó una auditoría forense por la Dirección General de Educación Superior (GGESUI), y se hace ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “pero ellos van a decidir en qué periodo la van a hacer y ya en estos días también tiene que acercarse la Auditoría Superior del Estado (Asecam) y ahí debe de salir todo lo que hace falta, además de que por parte de la Unacar ya se contrató un despacho para certificar los pasivos, la deuda del año pasado, es decir, que este despacho va a validar estos 120 millones de pesos, lo que nosotros calculamos de manera interna”.
Por último, Laffón Leal señala que, según las auditorías anteriores, es decir, del 2021 hacia atrás no se arrojaron pasivos, “pero sí sabemos que hubo desvíos, que durante el 2021 y 2020 hubo robos también, pero no se han reportado. Consideramos que está entre 12 millones en el 2020 y 30 millones en el 2021 que todavía se tienen que certificar”.
De igual forma, la Universidad Autónoma del Carmen tiene pendientes por pagar más de 100 millones de pesos en laudos, esto debido a que se presentaron despidos en los últimos años y que tendrá que pagar a como dé lugar la Universidad, así como los 350 millones de pesos al Instituto de Educación de Aguascalientes, ambos reclamos de no ser pagados ponen en riesgo a la Unacar de ser embargada.
Operaciones sin respaldo
Mientras que, la Auditoría Superior del Estado (Asecam), en el Informe Individual de Resultados, Observaciones y Acciones de los Estados Financieros de la Unacar del 2021 en lo que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones Federales, señala que en el 2021 José Antonio Ruz Hernández durante la recta final de su segundo periodo y el inicio del tercero como rector de la Universidad, realizó adquisiciones con recursos públicos por más de ocho millones de pesos fuera de los procedimientos que marcan las leyes del Estado de Campeche.
En el ejercicio fiscal 2021, la Unacar en lo que respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones Federales, ejerció ocho millones 552 mil 611 pesos en servicio de asesorías, adquisición de uniformes institucionales, servicios legales, pago de expedientes laborales, pago de sentencias laborales, depósitos realizados en la cuenta bancaria número 65507874311 de la Institución bancaria Santander no reconocida, además de erogaciones no justificadas sin mayores datos aportados por la Tesorería de la institución, por mencionar algunos.
Es de recordar que la Unacar estuvo involucrada en el caso de la Estafa Maestra, que causó que la exsecretaria de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, enfrentara la prisión; en esa ocasión el entonces rector José Antonio Ruz Hernández se deslindó por completo de las acusaciones y señaló que la ASF había detectado como posibles responsables del delito de fraude a otro exrector, Segio López Peña, pero no a él.
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LV