Liubov Prudkovskaya Illinichna, una mujer de origen ruso, pero con residencia en México, acusó ser víctima de una red de corrupción e impunidad en Quintana Roo en la que supuestamente están coludidos funcionarios municipales, estatales, jueces, fiscales y compañías constructoras para despojar de sus terrenos a extranjeros que compraron predios en ese Estado; sin embargo, denunció que en su caso también está involucrado un notario de Ciudad del Carmen, Campeche.
La mujer, de 75 años de edad, afirmó que la quieren despojar de una hectárea de terrenos que compró hace 20 años en Tulum, y por lo cual ya interpuso las respectivas querellas para recuperar su propiedad. Dijo que, al igual que ella, hay otras 11 víctimas extranjeras afectadas con el mismo modus operandi: los delincuentes fingen que los propietarios de los terrenos expiden un poder notarial en otra entidad del país -cediendo a otra persona sus predios-, para que después un notario en Quintana Roo simule la compraventa de la superficie que les fue arrebatada ilegalmente a varios de los foráneos afectados.
En su caso, es un terreno que adquirió en el año 2004 y de repente se enteró que cedió la propiedad, ante el notario número 12 de Ciudad del Carmen, Antonio Boeta Tous a favor de Jesús Alejandro Pinzón Teh; lo peor, es que ella ni siquiera conoce Ciudad del Carmen, nunca ha estado ahí.
Por estos hechos ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, y en la Secretaría de Gobierno, para nulificar un poder notarial que nunca otorgó, sino que falsificaron su firma y la de sus hijos. Liubov explicó que tiene más de 40 años residiendo en México, se casó con un mexicano que conoció en Rusia, cuando estudiaba la Universidad en su país, por lo que decidió residir en tierras mexicanas, en donde nacieron sus hijos de 40, 38 y 35 años de edad.
Profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo un patrimonio que le permitió adquirir hace 20 años una superficie de una hectárea en Tulum, Quintana Roo, por lo que cumplía con el pago de los impuestos municipales como el predial y el agua potable en dicha jurisdicción municipal.
Relató que hace tres años comenzó el calvario, cuando se enteró de que supuestamente había cedido sus bienes por lo que inició el proceso jurídico para recuperar un predio legítimo y del que pretenden despojarla ilícitamente con una burda maniobra judicial y en el cual acusó están involucrados desde funcionarios públicos tanto del orden municipal como estatal, además de autoridades judiciales e incluso de la Fiscalía General de Quintana Roo y el notario de Ciudad del Carmen.
Todos, aseguró, solapan las arbitrariedades cometidas por los notarios públicos que se prestan a las acciones ilegales para despojar a los extranjeros de sus terrenos en Quintana Roo.
Proceso jurídico
La víctima contrató a un abogado para revertir lo que aseveró es una falsificación de sus firmas ya que nunca ha estado en Ciudad del Carmen, como expone el notario Boeta Tous, en su libro de protocolo, por lo que interpuso la denuncia en la Fiscalía General del Estado de Campeche y una queja ante la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche, en el área de Registro Notarial, ante la presunta conducta ilícita en que incurrió el notario público de Ciudad del Carmen.
Fue en marzo del 2021 cuando se enteró que había cedido mediante un poder notarial su propiedad a Jesús Alejandro Pinzón Teh, a quién hasta la fecha no localizan, pese a que solicitaron su ubicación a la Fiscalía de Quintana Roo; ya que es está persona quien vende a la constructora Akela su terreno. Compañía que a su vez ofrece a futuros compradores lotes por dos millones de dólares y se estima que esa empresa registró ingresos por 20 millones de dólares al adquirir los lotes unas 70 personas, todos estadunidenses, y quienes ya interpusieron su denuncia al descubrir que se trataba de un fraude.
En Quintana Roo, es el notario público de Chetumal, Manuel Chejín Pulido quién realizó el contrato de compraventa de su predio, mismo que vendieron a la compañía Akela, cuyo propietario Jesús Roberto Garza García falleció el 23 de agosto, según las autoridades por un suicidio.
Apuntó que las denuncias también las interpuso en la Fiscalía de Quintana Roo pero a tres años del proceso jurídico no hay avances en la carpeta de investigación e incluso, hasta tuvo que cambiar de abogado
JY
