El coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina Farfán, confirmó que la fracción tricolor mantiene su postura en contra de la reforma con la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.
Afirmó que con la aprobación de esta reforma existe riesgo no solo para los ciudadanos, sino una evidente invasión a la autonomía del municipio, al ser este el ente facultado para la expedición de licencias de funcionamiento. El problema es que al otorgarle al Gobierno Federal y Estatal la facultad de hacer obras sin una licencia de construcción, no requerirá de un dictamen de riesgo, lo que representaría la posibilidad de peligro para los usuarios.
Pero -continuó- de la misma forma representaría la ausencia de supervisión estructural o de afectación al desarrollo urbano de parte de ambas instancias de gobierno, situación que afecta directamente a todos los ciudadanos e incluso a los turistas en la Entidad. Medina Farfán señaló que esta es una reforma motivada ante la confrontación que existe entre el Ayuntamiento de Campeche y el Gobierno del Estado, en concreto porque el primero suspendió la construcción del Tren Ligero que realiza el Gobierno Federal, lo que lo convierte en un riesgo latente en general.
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Medina Farfán explicó que la reforma a la Ley de Obras Públicas viola el principio de autonomía para que cada autoridad deba tener limitados sus actos, lo que deja sin restricción alguna al Poder Ejecutivo Estatal y Federal de calificar cualquier obra como de interés estatal y evitar la solicitud de una licencia de construcción en cualquier obra. Además, viola la competencia municipal, ya que la construcción es facultad de los municipios y también viola la ley federal de obra pública, en donde se señala que sin excepción se deben recabar permisos de construcción.
Ello debido a que la semana pasada fue aprobado por mayoría de votos el dictamen de reforma la Ley de Obras Públicas del Estado, para incluir una nueva figura denominada “Obra Pública de Interés Estatal de Gran Impacto”, para exentarlas de requerir licencias de construcción de los Ayuntamientos del Estado.
JGH