De enero a septiembre de este 2024, 186 mujeres en Campeche interrumpieron su embarazo, a través de amparos o en Estados donde el aborto está despenalizado, pues el Congreso Local no ha acatado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró constitucional está práctica en 2023, violando el derecho humano a decidir. En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora el 28 de septiembre, asociaciones civiles manifestaron su preocupación por la no garantía a este derecho, y acusaron que desde diciembre del 2022 el programa ‘Aborto Seguro’ no tiene presupuesto ni personal para la atención.
Isabel Rodríguez Casanova, de la Red de Acompañantes Peninsulares, precisó que han hecho alianzas con organizaciones a nivel nacional, en Estados despenalizados, para canalizarlas, siendo Quintana Roo el más cercano, y en 2023 solicitaron amparos para lograr que accedan al aborto legal y seguro, pero han interpuesto litigios desde 2018. No obstante, solo tres abortos se atendieron en Centros de Salud en Campeche, y hoy en día los hospitales siguen practicando el legrado, práctica obsoleta y que violenta los cuerpos de las mujeres, en lugar de la aspiración manual endouterina, que es la práctica correcta.
“La Secretaría de Salud reportó el año pasado entre ocho y diez casos, cuando nosotros atendimos 168. De forma mensual atendemos a 20 mujeres que vienen a buscar asesoría para interrumpir su embarazo, y todas acceden a la interrupción”, delató. Estela Sánchez Canto, de la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con una Perspectiva de Género (Redmyh) A.C, sostuvo que es obligación del Estado garantizar los recursos humanos y materiales en los hospitales y clínicas, y exhortó a la nueva Legislatura del Congreso Local a cumplir con sus funciones y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de niñas, mujeres, y personas con discapacidad, reformando el Código Penal para despenalizar el aborto.
“El Congreso del Estado ha evitado hablar del tema, ignorando los criterios de la Suprema Corte que en múltiples ocasiones ha reafirmado la violación a los derechos que se desprenden de la criminalización de las niñas, mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo”, asentó. Y es que el seis de septiembre del 2023, la Corte concluyó que se debe eliminar el delito de aborto voluntario del Código Penal Federal. Entre 2018 y 2020, esta asociación halló seis carpetas de investigación por este delito en Campeche, de las cuales, tres eran contra mujeres que interrumpieron su embarazo y tres más contra médicos o personas que las auxiliaron, estigmatizando este libre ejercicio.
María Fernanda Sosa Blanquet, de ABC de la Justicia, sentenció que no se trata de ideologías sino de derechos fundamentales, siendo el Código Penal del Estado inconstitucional, por ser contrario al derecho a decidir de las mujeres, PUES ‘a más de un año de la determinación del máximo tribunal, el Poder Legislativo no ha cumplido con sus atribuciones’. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció estándares, en los que señala que los Estados deberán garantizar el acceso a la información en temas de salud, sobre todo relacionadas a la salud sexual y reproductiva.
RESPALDO DE LA CODHECAM
Por su parte, Ligia Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam), ofreció su respaldo, pues el derecho al aborto legal y seguro es una prerrogativa fundamental, no un tema moral ni religioso, que ha sido reconocido por el máximo tribunal de la Nación, y Campeche tiene la deuda de homologar el marco normativo. Confirmó que el organismo y las asociaciones civiles construyen una agenda para hacer realidad y efectivo este derecho, por lo que buscarán acercamiento con las y los nuevos diputados locales, para dar cumplimiento a estas disposiciones.
“Nuestro marco jurídico está quedando a deber en cuanto a derechos y libertades constitucionalmente reconocidos. Se debe proscribir el aborto como un delito en el Código Penal, retirar esa causa como un hecho punible en la ley penal”, atajó. Reveló que, desde la última jurisprudencia de la Corte, se hizo una investigación con la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario para investigar si había mujeres investigadas, enjuiciadas o sentenciadas por este delito y que se aplicara la amnistía, la cual arrojó de cuatro a seis carpetas de investigación, y se solicitó que se decretara el no ejercicio de la acción penal. “No hay un término o mandamiento que pueda ser objeto a los legisladores de una responsabilidad administrativa, pero sí hay un deber de homologar la ley local”, concluyó.
JY