En el Tribunal Unitario Agrario número 34 existen 355 juicios pendientes, de los cuales la mayoría se irá al organismo en Mérida, Yucatán y el resto se repartirá entre las oficinas de Chetumal y Villahermosa, además están en espera de conocer la situación de los seis empleados que laboran en la ciudad capital, informó la magistrada del TUA, Rosa Imelda Leyva Barraza. En tanto, el Congreso local analizará si es factible emitir un exhorto para que no cierren sus instalaciones, ya que el objetivo de los ajustes es eficientizar el gasto público federal.
Leyva Barraza explicó que de acuerdo con el acuerdo del Tribunal Superior Agrario el 31 de enero deja de funcionar la oficina en la ciudad de Campeche y a partir del 4 de febrero trabajarán a puerta cerrada, sin atención al público. Para que a mediados de febrero turnen los expedientes a los tribunales agrarios que conocerán de estos asuntos. Al cierre del 31 de diciembre de 2024 contaban con 355 asuntos en trámite, de estos solo dos eran los más antiguos del año 2012; mientras que algunos son del 2020 y los más recientes de los años 2021, 2022, 2023 y 2024. Además de que también enviarán los expedientes archivados por si requieren copias a los tribunales de la jurisdicción que les corresponda.
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Estimó que la mayor parte de los expedientes, al menos un 70 por ciento o un poco más se irán al Tribunal Unitario Agrario de Mérida que atenderán los casos de los municipios de Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo, Campeche, Seybaplaya, Champotón y Hopelchén. El resto se dividirá: Calakmul y Escárcega para Chetumal; Carmen, Palizada y Candelaria para Villahermosa. A partir del 1 de marzo, estos tribunales comenzarán a agendar las fechas de audiencia de estos juicios y descartó que esto provoque un retraso en los procedimientos, ya que estamos a inicio de año y se busca hacerlo lo más pronto posible, que están especificados en el propio acuerdo del Tribunal Superior Agrario para evitar postergar el desarrollo del juicio.
De los asuntos que atienden, enumeró que el mayor porcentaje son por nulidades de actas de asamblea, contratos sucesorios y controversias de los ejidatarios entre ellos, con los avecindados o con las autoridades ejidales, además conflictos por contratos de validación del gasoducto, jurisdicciones voluntarias en los errores de nombres de los documentos agrarios o por límites entre los ejidos que subrayó que son los menos.
Analizarán no cerrar el TUA. En tanto, desde el Congreso del Estado, su presidente Antonio Jiménez Gutiérrez argumentó que en el Tribunal Unitario Agrario número 34 de Campeche se recibe pocos juicios al año, aunado a los casos de corrupción denunciados, por lo que se analizará si es factible emitir un exhorto para que no cierren sus instalaciones, ya que el objetivo de los ajustes es eficientizar el gasto público federal.
Reveló que el pasado viernes sostenía una plática sobre este tema, por lo que considera complicado la propuesta de los campesinos de que permanezcan las instalaciones del TUA-34 en Campeche. Para el legislador de Morena, la decisión de que se incorpore a la sede o a la región de Yucatán, el Tribunal Unitario Agrario número 34 podría ser la vía, aunque apuntó que todavía están en proceso de análisis de los argumentos a favor y en contra.