En Campeche, niñas, niños y adolescentes continúan enfrentando diversas formas de violencia que afectan su bienestar físico, emocional y psicológico, siendo la física, sexual y familiar las más frecuentes, alertó Liliana Adame Amador, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
Precisó que este organismo trabaja en el diseño de políticas públicas y coordina acciones para promover y proteger los derechos fundamentales de este grupo vulnerable, pues también existe un problema de normalización de ciertas conductas violentas, como el castigo físico en algunos hogares, lo cual agrava aún más la situación.
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La Secretaría Ejecutiva implementa acciones a favor de las infancias y adolescencias campechanas, en un esfuerzo conjunto con diversas instituciones, entre ellas, para crear conciencia sobre la importancia de la protección de los derechos humanos de los menores, así como la prevención de la violencia en todas sus formas.
Apuntó que desde el Sipinna realizan capacitación, tanto para servidores públicos como para padres y madres de familia, orientadas a sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de la violencia contra los menores, además de promover alternativas de crianza respetuosa y la prevención del castigo físico y humillante.
Con ello, se busca erradicar la creencia de que la violencia física es una forma aceptable de disciplina, pues esta forma de castigo estaba normalizada en el pasado, pero hoy está claramente prohibida tanto en el Código Penal como en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otras normativas.
Reveló que, cuando el Sipinna recibe un reporte de violencia, es canalizado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual realiza las investigaciones, toma las acciones necesarias y, de ser necesario, implementa un plan de restitución de derechos, que asegura la protección y el bienestar de los menores afectados.
Finalmente, Adame Amador dijo que en los últimos años ha existido un cambio de mentalidad, porque el castigo físico y humillante, que se consideraba una forma común de educación, ahora es reconocido como una violación a los derechos de los menores, permitiendo garantizar que los niños y adolescentes crezcan en un entorno seguro y respetuoso.
JY
