Edgar Rodríguez Cimé
La ambición de los dzules (blancos) de Mérida por comprar tierras mayas para fraccionamientos urbanos no tiene llenadera: “ya se comieron” comisarías meridanas y municipios cercanos, y ahora van por los demás y lo anuncian descaradamente: “Tixkuncheil: el nuevo Conkal, compra tu lote”, mientras campesinos ven “volar” sus antiguos terrenos y la Madre Tierra secarse sus “pulmones verdes”. Pero en Ixil, luego de una lucha de cinco años los campesinos consiguieron una gran victoria al recuperar sus tierras.
Después de una cadena de derrotas ante el poder colonialistas de criollos y extranjeros: conquista de Yucatán (1527-1546), conquista total del pueblo maya (1527-1697), rebelión de Kan Ek (1761), guerra social maya (1847-1901), Felipe Carrillo Puerto (1922-1924), Felipa Poot Tzuc (1936), Rogerio Chalé (1936), Efraín Calderón Lara (1972)…, resulta “té de hojas de naranja” saber que los campesinos de Ixil “se fajaron los pantalones” para conseguir defender su posesión sobre los terrenos comunales que la Madre Tierra les heredó.
Con la locomotora neoliberal embistiendo, en 1999 en el campo mexicano se implementa el programa Procede (que permite a los ejidatarios parcelar la tierra y venderla) y los de Ixil extendieron, inocentemente, una Carta Poder al representante de los compradores, abogado Alejandro Escoffié Gamboa, para “gestionar los trámites necesarios” para la compra-venta, de lo que se aprovechó ese tipo, junto con la abogada Mónica Pat Buendía, para fraccionar los terrenos comunales, venderlos y avecindar en ellos a nuevos residentes, muchos venidos de otros estados del país. Cuando menos 79 personas nuevas en la lista del ejido de Ixil, todas incluidas últimamente por el señor Escoffié. Sin embargo, el número de ejidatarios mayas es muchísimo mayor, por lo cual procedió un amparo a favor de la mayoría del ejido.
Una vez cumplidos todos los protocolos por parte de los campesinos para proceder a la devolución de los documentos que acreditan su posesión comunal de los terrenos del ejido en litigio, por enésima vez, hasta en ese justo momento de impartir justicia, se demostró, ¡una vez más!, el racismo que envuelve a los funcionarios dzules, representantes de este sistema, cuando se trata de no respetar los derechos sobre la tierra del pueblo maya contemporáneo.
Gabriela Franco, funcionaria pública del Registro Agrario Nacional (RAN), hasta ese último momento de desenlace del conflicto agrario a favor de los ejidatarios mayas, puso obstáculos para cumplir la ley al pie de la letra y entregar los documentos a pesar de haberse cumplido con todos los protocolos: mostrando su “fina” educación, cuando le hablaba el representante del ejido volteaba a responder cuando le daba la gana; un día se negó a sacarle dos copias.
En el colmo de su “teatro”, hasta el último día pretendió obstaculizar el proceso jurídico agrario a favor de los ejidatarios del pueblo de Ixil, cuando se negó a entregar los documentos del ejido al representante campesino Cecilio Cisneros, y solamente lo hizo hasta que el propio comisionado del RAN, Pablo Duarte Sánchez, dejó su oficina para “ir a convencerla”.
Con todo y las marrullerías del sistema político mexicano, hoy el pueblo de Ixil (¡saludos al escritor Miguel Orilla Canché!) anda reventando fuerte los voladores para anunciar a sus hermanos mayas de Yucatán que cuando se unen los intereses colectivos es mucho más difícil violar la ley a favor de los de Arriba, al recuperar sus tierras comunales en peligro desde hace cinco años.
Colectivo cultural Felipa Poot Tzuc