Antropólogo Jorge A. Franco Cáceres
Introducción
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) heredan una disyuntiva impertinente sobre el desarrollo turístico de los poderes estatales y los grupos opositores que operaron contra los patrimonios culturales y los recursos naturales, desde el sexenio salinista hasta el peñista. Esta disyuntiva demandante de solución crítica para el avance del desarrollo sostenible y la reversión del cambio climático nos dice dos cosas falaces:
1) Que la carrera turística de repaisajización radical de las áreas estratégicas y zonas vulnerables de México es una merced mercantil del desarrollo turístico de clase mundial en las áreas marinas y costeras, o
2) que se trata de un compromiso alineado con el crecimiento urbano e industrial de perfiles ecologistas –que solo requiere que los proyectos de arquitectura y obras civiles se ajusten a las formas de uso del suelo y los montos de emisiones de carbono, según las indicaciones de la Agenda 2030, COP-ONU, Banco Mundial, etc.–, en los sitios destinados para las negocios turísticos.
Sin embargo, en la península de Yucatán, especialmente en el Caribe mexicano y una parte del golfo de México: al norte y sur de Cancún, a lo largo y lo ancho de la Riviera Maya, frente o en las mismas islas de Cozumel y Mujeres, a lo largo y ancho de la Costa Maya, a lo largo de la costa yucateca entre Chelem y Telchac, en partes escogidas de Campeche, etc., en términos económico-patrimoniales no sucede nada parecido a lo pretendido por los anteriores poderes estatales y grupos opositores desde esa disyuntiva impertinente.
Lo que sí ocurre es que los sitios de las áreas marinas y costeras con atractivos paisajes culturales e importantes recursos naturales están urbanizándose e industrializandose a distintos ritmos especulativos, pero siempre con el mismo afán compulsivo de convertirlos en nuevos polos tipo Cancún, para la inversión extranjera y los servicios turísticos.
Sitios clasificados, empresas transnacionales y carrera mercantil de repaisajización radical
Sitios clasificados como Tulum, Holbox, Akumal, Cobá, Xel-Há, Xcaret, Mahagual, Xcambó, Chichén Itzá, Calakmul, etc. –localizados en los cruceros de las playas paradisíacas, las selvas virginales, las comunidades tradicionales y las zonas arqueológicas, además de encontrarse cerca del aeropuerto internacional de Cancún–, están en los objetivos de la carrera de repaisajización de las empresas transnacionales del turismo premium. Se trata del ámbito regional de esa contienda para atraer al turismo global de servicios especiales, cuyo objetivo son las personas con alto poder adquisitivo, es decir, clientes inversionistas, empresarios, artistas, productores, deportistas, diplomáticos, políticos, etc., quienes además del lujo paisajístico y el confort residencial, buscan la exclusividad personal y la discreción sensorial de estos sitios turísticos, pagando tarifas que van desde varios cientos hasta miles de dólares por una noche.
A pesar de las presunciones públicas de la carrera de repaisajización radical –cuyos agentes regionales en Quintana Roo, Yucatán y Campeche presumen al nuevo secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués las virtudes arquitectónicas de sus enclaves inmobiliarios y alardean sobre las cualidades ecologistas de sus desarrollos turísticos–, este proceso salvaje aplica para una certificación independiente del avance del desarrollo sostenible y de la reversión del cambio climático. Porque se trata de una carrera de apropiación mercantil de los sitios patrimoniales con alteración sistemática de los paisajes culturales y destrucción de los recursos naturales, para convertirlos en ámbitos reales de descanso y recreación con atractivo global, que generan impactos inadmisibles desde la perspectiva científica avanzada del modelo regional de desarrollo sostenible.
En consecuencia, procede la certificación independiente del avance de desarrollo sostenible y de reversión del cambio climático, frente al despojo y los abusos de la carrera mercantil de repaisajización radical de las empresas transnacionales del turismo de clase mundial. Todo como parte de una precaución razonable del gobierno de AMLO y el Congreso de MORENA, ante los conflictos que surgen entre quienes promueven el crecimiento turístico de corte especulativo a costa de los paisajes culturales, los recursos naturales en las zonas estratégicas y áreas vulnerables, y aquellos presionados por las empresas transnacionales sobre los sistemas económico-patrimoniales de las zonas marinas y costeras.
Impactos indeseables, conflictos registrados y necesidades de certificación
La carrera mercantil de repaisajización radical en la península de Yucatán registra una serie de impactos indeseables y conflictos característicos de la propia actividad del turismo de clase mundial. Se trata de problemas ciertos, que no podrían ser minimizados desde la actuación diaria de las entidades estatales y las empresas transnacionales, frente a una certificación independiente realizada con la idea de erradicar los proyectos que resulten innecesarios, y solo mantener a los que cumplan con el desarrollo sostenible a largo plazo y la reversión del cambio climático.
Para ejemplificar la urgencia de la certificación en cuestión, pensemos en el caso paradigmático que motiva el interés comercial de las empresas transnacionales en la Riviera Maya y la Costa Maya. Se trata de destinos de calidad premium en los sitios crucero, que conjuntan playa baja, selva tropical, comunidad maya y zona arqueológica. Entre las autoridades federales y los empresarios extranjeros pueden acordar, en el proceso de redistribución espacio-territorial sujeto las adquisiciones de predios ejidales y las concesiones de reservas federales, cómo manejar ante la opinión pública el evidente impacto paisajístico o, incluso, la presunta integración al paisaje cultural de los proyectos arquitectónicos y de obras civiles. Sin embargo, ninguno de ellos sabe cómo garantizar la construcción de complejos turísticos que no signifiquen impactos indeseables y que luego registren conflictos de propiedad de tierras, de expropiación de patrimonios comunes, de negación de derechos ancestrales, degradación de entornos naturales, destrucción de sitios tradicionales y de marginación de las comunidades locales, etcétera.
Así las cosas, cualquier ciudad turística o desarrollo exclusivo de la salvaje carrera de repaisajización regional requiere mucho más que instrumentación turística en términos de conexiones, accesos, edificios, obras y servicios autorizados desde la presidencia de la República y el Congreso de la Unión. En este sentido, desde la perspectiva científica avanzada de una política turística para el desarrollo sostenible a largo plazo y la reversión del cambio climático, se llega a la conclusión que el avance del sector turístico no es el principal problema del proceso en cuestión, sino la necesidad del Estado mexicano de crear bajo la Cuarta Transformación una entidad científica y social con el poder suficiente para instruir sobre la actividad turística, y controlar los excesos empresariales en las zonas marinas y costeras de Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
Desde nuestro punto de vista, la certificación científica y social de la carrera mercantil de repaisajización radical debería ser determinante de la política turística para el desarrollo sostenible a largo plazo y la reversión del cambio climático en la península de Yucatán. Este recurso profesional podría también estar presente en las decisiones políticas, las concesiones empresariales, los reclamos ciudadanos y, especialmente, en los procedimientos de las inversiones transnacionales.
Funcionaría, además, como un instrumento estratégico de visualización de las problemáticas ciertas, ponderación de impactos indeseables, apreciación de conflictos registrados, proyección de respuestas pertinentes, etc., al margen de rivalidades políticas y conflictos de intereses. Así mismo, operaría con el propósito de coadyuvar a la reversión de sucesos críticos de las áreas estratégicas y en los problemas crónicos en las zonas vulnerables de México, todos ellos asociados con el crecimiento turístico surgido en función de la masificación constructiva y la invasión inmobiliaria, mismos que han resultado implacables con el sistema natural y despiadados con el orden comunitario.
Quizás el primer impacto inadmisible de la repaisajización radical en la península de Yucatán, que acredita para la certificación independiente por los conflictos en torno a los derechos territoriales que se ha generado en zona norte del Caribe mexicano, está relacionado con el origen de las disputas jurídicas por el uso y/o la propiedad de las tierras. Se trata de problemas entre los herederos ancestrales –pero ahora no siempre propietarios legítimos–, y los agentes privatizadores que reclaman su reconocimiento oficial como espacios que han sido expropiados en términos de ley, para ser destinados a enclaves paisajísticos o desarrollos inmobiliarios del turismo de clase mundial.
Un segundo impacto inadmisible surge de la discusión sobre los destinos de los territorios expropiados o privatizados dentro de la presunta legalidad urbanística. Por un lado, están los poderes regionales y las autoridades locales que aprueban actualizaciones irregulares de los Planes Directores de Desarrollo Urbano, los cuales siempre proponen la construcción indiscriminada de cuartos de hotel, así como crecimientos poblacionales irracionales en plazos extremadamente cortos. Por otro lado, aparecen las autoridades federales exigiendo que las planificaciones urbanas se ajusten a los términos legales para evitar invasiones de las competencias federales. En estas disputas políticas y burocráticas, no faltan las acciones oportunistas de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y las acciones lamentables de las fuerzas del Ejército Mexicano; tampoco las resoluciones histriónicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revocando los programas de desarrollo urbano por invadir competencias del Estado central.
Conclusiones
NO habrá modelo regional de desarrollo sostenible con AMLO y MORENA sin certificación independiente de la carrera mercantil de repaisajización radical bajo las condiciones de cambio climático.
Durante décadas ha ocurrido en las zonas marinas y costeras de la península de Yucatán un crecimiento turístico dependiente exclusivamente de los criterios políticos, las inversiones públicas y los intereses comerciales respaldados por el poder central y los gobiernos estatales.
No obstante, a partir de los años noventa, se ha precipitado una carrera mercantil de repaisajización radical de las empresas transnacionales del turismo de clase mundial, que ha significado una imparable expansión de las zonas hoteleras, marinas recreativas, enclaves exclusivos, desarrollos inmobiliarios y áreas urbanas en Quintana Roo.
Viendo lo ocurrido en el Caribe mexicano, Yucatán y Campeche sueñan ahora con ser los principales destinos de calidad premium de México, con establecimientos que ofrezcan garantía para los turistas que recibirán servicios de excelencia con experiencias únicas y vivencias especiales en los sitios que visiten.
Todo lo ocurrido en nuestra región en el aspecto turístico ha significado un proceso implacable de apropiación de territorios comunes y privatización de las reservas naturales, para poner los sitios patrimoniales y los paisajes culturales al servicio de los intereses transnacionales de la industria turística de clase mundial.
Consecuencia general de un manejo político-empresarial de las zonas marinas y costeras, en concordancia con las retóricas desarrollistas y ecologistas del turismo de calidad premium, es que no ha cuajado ningún modelo regional de desarrollo sostenible a largo plazo y reversión radical del cambio climático. A decir verdad, el proceso regional sigue los pasos del crecimiento especulativo que han llevado a Cancún a la incertidumbre social y la violencia urbana.
No cabe duda de que detrás del impulso oficial de este tipo de crecimiento caótico en la península de Yucatán, se encuentran las corporaciones internacionales, los inversionistas privados y las instituciones federales, además de los políticos y los empresarios locales que subsisten en la disyuntiva simplista del desarrollo turístico. He aquí todo lo que hace indispensable la certificación científica y social con el respaldo de AMLO y MORENA, y que esta sea de utilidad social con enormes posibilidades de éxito público.