Jorge Gómez Barata
Los miles de personas que protestan en Estados Unidos por la violencia policial que condujo a la muerte de George Floyd, así como los periodistas que divulgan lo ocurrido, no necesitan de un dictamen forense para saber que se trató de un homicidio. Basta ver la imagen filmada y escuchar al infeliz clamar por su vida: “No puedo respirar”.
No obstante, la filmación del momento de la muerte de Floyd, el parte inicial de la Oficina del Forense, intentó establecer una matriz falsa al dictaminar que: “La autopsia no reveló evidencias físicas que sustenten el diagnóstico de una asfixia traumática o estrangulación”, añadiendo que: “El señor Floyd presentaba condiciones médicas previas, incluyendo una enfermedad de la arteria coronaria e hipertensión arterial”.
La escandalosa manipulación, concluye afirmando que: “La combinación de estos efectos con que el señor Floyd fuera retenido por la policía, con las condiciones médicas previas y la presencia de potenciales sustancias tóxicas en su sistema podrían haber contribuido a su muerte”.
En cambio, una autopsia independiente encargada por la familia del occiso determinó que la muerte de Floyd: “…Fue un homicidio causado por asfixia debido a la compresión del cuello y la espalda” por el policía que, con ayuda de otros agentes, durante ocho minutos, lo mantuvo inmovilizado mientras yacía esposado. Al clamar reiteradamente “No puedo respirar”, la víctima estaba avisando que podía morir.
La medicina forense es una especialidad médica, estrechamente vinculada a la actividad policiaca y judicial, encargada no sólo de determinar las causas de las muertes violentas o que entrañan algún enigma, sino también las lesiones físicas y de los enfermos mentales.
Algunos cuerpos de policía suelen tener sus propios forenses y en determinados países, en actos de servicio, se les considera funcionarios judiciales. En cualquier caso, los fiscales y los jueces tienen alta estima de su opinión profesional.
Toda autopsia es un diagnóstico, realizado a un cadáver, mediante el cual el forense determina las causas de la muerte que fue presenciada por decenas de testigos, filmada y ampliamente divulgada. La complejidad de este caso emana de que el deceso tuvo lugar bajo custodia policial, en lo cual existe responsabilidad institucional. En el momento de la muerte Floyd yacía esposado e inmovilizado por cuatro agentes del orden. Uno de los cuales le ocasionó la muerte. De oficio el estado es responsable.
En buena práctica, sin importar otras circunstancias, en las muertes violentas, la causa es única cuando las lesiones producen la muerte tan rápidamente que no hay lugar a secuelas o complicaciones. En esos casos las enfermedades preexistentes son irrelevantes. A ningún juez debería interesarle si George Floyd padecía afecciones coronarias.
Los militares en tiempos de guerra y los policías en los casos de alternaciones del orden público son los únicos individuos con licencia para matar. El Estado y la ley los habilitan para hacerlo, como también facultan a los jueces para privar a los individuos de la libertad, inclusos para condenarlos a muerte. Así funciona la ley.
Cuando estas instituciones se corrompen y actúan movidas por fines espurios y amparados en sus prerrogativas cometen crímenes de odio, el Estado de Derecho, la ley y la justicia e incluso la democracia, evidencian crisis incompatibles con la convivencia civilizada.
Cuando el poder se suma a tales desviaciones, la sociedad está indefensa y necesita encontrar una salida. En 1776, en los años de la Guerra Civil, durante el Macartismo y en la lucha por los derechos civiles, el pueblo americano supo encontrar el camino. Ojalá puda hacerlo otra vez.