Zheger Hay Harb
La nota colombiana
La Justicia Especial de Paz –JEP- se ha convertido en punto de honor tanto para quienes defienden el proceso de paz como para quienes buscan a toda costa “hacerlo trizas” como abiertamente han manifestado.
Ayer, pese a que la derecha creía tener ganado el pulso para crear una sala especial para juzgar a los militares, en la comisión primera del senado la oposición logró el triunfo y todo hace prever que en las siete semanas que restan de ejercicio parlamentario esa propuesta, que hizo una senadora del Centro Democrático pero estaba avalada por el ex presidente Uribe, no prosperará.
La izquierda utilizó aquí la misma táctica que siempre ha usado la derecha para impedir la aprobación de las leyes para implementar el posconflicto: dilatar, salirse para desbaratar el quorum y buscar apoyo en compañeros de otras comisiones.
Lo significativo es que la derecha no se de cuenta de que si se crea esa sala los primeros perjudicados serían los militares que perderían seguridad jurídica y caerían en la jurisdicción penal internacional. En cuanto al proceso de paz, ella afectaría el equilibrio concebido en el acuerdo para juzgar a todos los que hayan delinquido en el marco del conflicto.
No es ese el único caso por el que la JEP está en el centro de la agenda noticiosa y judicial del país: ayer, luego de que venciera el plazo que les había fijado a 31 ex jefes guerrilleros para que se presentaran, se recibió la respuesta de los ex comandantes con ubicación desconocida Iván Márquez y Romaña, entre otros, quienes manifestaron su acatamiento a esa jurisdicción. El Paisa, en cambio, no se hizo presente y se espera la decisión que lo mantenga o lo expulse de ella.
En éste último se ha centrado la atención general porque fue el autor del atentado al Club El Nogal, uno de los más significativos por el saldo de víctimas por muertes y lesiones, muchas de ellas empleados humildes del club y vecinos pero que también ha sido ejemplar en cuanto a reconciliación porque se han realizado encuentros en que luego de la petición de perdón por parte de la guerrilla, las víctimas se declaran partidarias de la paz.
Esta justicia de paz ha tenido enfrentamientos permanentes con el gobierno y con el fiscal general, quienes dicen apoyarla pero cada día buscan torpedearla. Se han producido reuniones para buscar que la institucionalidad normal del país trabaje de manera armónica con la que creó el acuerdo de paz, que fue elevada a rango constitucional por un Acto Legislativo, pero la evidencia muestra que estamos lejos de lograrlo.
La JEP se ha visto obligada, luego de un mes de esperar respuesta, a emplazar al ministerio del Interior, la superintendencia de Notariado y Registro y la fiscalía general para que le envíen la información disponible sobre bienes de las Farc. La fiscalía alega, de manera absurda y contra derecho, que la justicia de paz no tiene competencia para conocer esa información, como si ella no fuera vital para conocer la verdad con base en la cual se juzgará a los ex guerrilleros.
Ante la colisión de competencia, la Corte Constitucional deberá definir si la JEP debe conocer el listado de bienes no incluidos por las Farc entre los que entregaron a Naciones Unidas en el momento de la desmovilización el 15 de agosto del año pasado o si corresponde a la fiscalía, como parte de la justicia ordinaria, conservar el conocimiento con fines de extinción de dominio.
La Fiscalía informó a la Corte (que) “ha iniciado los trámites judiciales orientados a obtener para la Nación la extinción de dominio de tales bienes (…) gracias a lo cual hasta la fecha se ha obtenido la incautación de bienes presuntamente vinculados a las Farc por la suma de $2.3 billones de pesos…cifra que dobla con creces la relacionada en el inventario entregado al gobierno”.
Cabría preguntar si esas incautaciones tendrán el mismo brillo de oropel del escándalo que armó el fiscal general cuando convocó una rueda de prensa con gran despliegue para informar que había descubierto y hecho detener a unos testaferros de las Farc que tenían unos supermercados en sectores muy deprimidos de Bogotá y otras ciudades, lo cual motivó que, extrañamente, porque no hubo autoridades que los detuvieran, cientos de personas tumbaran las puertas de los establecimientos y los saquearan dejando en la ruina a sus dueños, quienes luego debieron ser excarcelados porque no pudieron encontrar pruebas en su contra.