Alfredo García
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El anacrónico colonialismo británico amenaza el acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido para su salida ordenada de la Unión Europea, UE, que se espera alcanzar en la cumbre europea el próximo domingo.
En efecto, el gobierno español declaró que no apoyará un acuerdo del Brexit que no deje estipulado con “total claridad”, que cualquier asunto referido a Gibraltar tendrá siempre que ser negociado entre España y Reino Unido. Y que cualquier acuerdo a este respecto, deberá contar con el visto bueno del Ejecutivo español.
Gibraltar es una colonia británica situada en el extremo Sur de la península Ibérica que forma parte de la UE, con una superficie de 7 kms2, 30 mil habitantes y una economía basada en servicios, en particular finanzas, turismo y zona franca, con fronteras con España, mar Mediterráneo y océano Atlántico. En su pequeño territorio existe una base de la OTAN.
En medio de la guerra de Sucesión Española iniciada en 1701, tras la muerte sin descendencia del rey Carlos II de España, una flota inglesa-holandesa en apoyo del archiduque Carlos, uno de los pretendientes al trono, cercaron y ocuparon Gibraltar, territorio posteriormente reconocido como posesión británica a perpetuidad por el Tratado de Utrecht de 1713, que puso fin a la guerra. A partir del siglo XVIII, España hizo infructuosos intentos por recuperar la soberanía de Gibraltar. Las autoridades coloniales facilitaron la inmigración de origen diverso (genovesa, maltesa, portuguesa, judía y norteafricana) para poblar la desolada región, población que, desarraigada de España, respondería en posteriores consultas sobre el estatus de Gibraltar a los intereses británicos.
A principios de la década de los 60, el gobierno español planteó la situación de Gibraltar ante el Comité de Descolonización de la ONU. La Asamblea General aprobó resoluciones en 1966 y 1967, instando el inicio de conversaciones entre España y Reino Unido, para poner fin a la situación “colonial” de Gibraltar. En respuesta a estas resoluciones, Londres organizó en 1967 un referendo para los gibraltareños, en el que el 99.64% de los votantes expresó su voluntad de permanecer bajo soberanía británica. En 2002, otro referendo organizado por Londres donde se consultaba compartir la soberanía de Gibraltar por España y Reino Unido, arrojó el rechazo del 99% de los participantes.
El pasado jueves la Comisión Europea logró aprobar un borrador de la Declaración Política sobre la futura relación de la UE con Reino Unido, esencial documento para el acuerdo sobre el Brexit. Sin embargo, el texto enviado a las capitales para su valoración no incluye referencia alguna al contencioso entre Londres y Madrid por el estatus de Gibraltar, condición exigida por el gobierno español.
El secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiriano, denunció en el Congreso español un cambio de última hora en el borrador del acuerdo aprobado “con nocturnidad y alevosía” a espaldas de España. Este cambio, según Aguiriano, “supone que en el futuro y tras el Brexit, los asuntos de Gibraltar se abordarán entre el Reino Unido y la UE sin mencionar a España”. Además, el Ejecutivo español aseguró que la Declaración Política del Brexit también cambió, al desaparecer un párrafo que hacía mención expresa a la necesaria intervención de España en cualquier negociación sobre Gibraltar, presuntamente por petición de Londres.
El presidente, Pedro Sánchez, al llegar a Cuba el pasado jueves para una visita de Estado, reafirmó su posición mediante su cuenta Twitter: “Tras mi conversación con Theresa May, nuestras posiciones permanecen lejanas. Mi Gobierno siempre defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el Brexit”, prometió Sánchez.