Por Zheger Hay Harb
Hoy domingo 26 de agosto se realizó la consulta anticorrupción promovida por la Alianza Verde, partido de centroizquierda y apoyada por el Polo Democrático, la Lista de la Decencia de Gustavo Petro, el excandidato presidencial Sergio Fajardo y muchas personalidades de la academia, las letras, las artes y ciudadanía en general que veía en ella la posibilidad de poner freno a la corrupción que según un estudio de la Universidad Externado de Colombia presentado el mes pasado, le cuesta al país 9 billones de pesos (un dólar equivale a 2,500 pesos) equivalentes a 1.6 % del PIB.
Se han ensayado muchas fórmulas para combatir la corrupción sin que ninguna haya funcionado de manera definitiva o, apenas, en el mejor de los casos, por muy corto tiempo. Hay un estatuto anticorrupción, la información oficial es pública y todos los ciudadanos deben tener acceso a ella, todo servidor público debe presentar una declaración de bienes al asumir el cargo y al dejarlo, el BID y la OCDE exigen fórmulas anticorrupción (que no han servido de freno a esta en ningún país), hay derecho a la participación ciudadana en todas las esferas de la vida nacional, excepto en lo relacionado con labores de inteligencia o lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad de las personas, pero nada ha sido eficaz para lograr la transparencia en la vida nacional.
Porque en la corrupción participan no solo servidores públicos, sino que permea todas las áreas en que se desenvuelve la vida de la nación: el empresario que paga coimas, el ciudadano que soborna a un policía para evitar una multa, el soborno en general, quien miente en su declaración de impuestos, el nepotismo, el clientelismo, la oscuridad en la contratación en esferas civiles y militares, para citar solo algunas formas de este flagelo.
En general, los corruptos y clientelistas solo hacen cuentas cuando se presentan huelgas. Ahí sí dicen que si no fuera por ella (en cada caso), con lo que se deja de producir por el cese se podrían construir X número de escuelas o de hospitales. Pero habría que preguntarles por qué no los han construido antes de que se produjera el paro.
La corrupción es un cáncer que corroe las tres ramas del poder público; hace poco vimos lo que se dio en llamar el cartel de la toga, por lo cual hay un exfiscal anticorrupción y varios magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema presos, en que se demostró que se habían vendido fallos o se había demorado el inicio de la investigación o se habían engavetado procesos mediante el pago de sobornos.
El problema no es la falta de normas; difícilmente hay un aspecto en este país que no esté reglamentado, pero como se dice popularmente: hecha la ley, hecha la trampa.
Por eso los promotores de la consulta anticorrupción propusieron este mecanismo de participación ciudadana creado por la Constitución de 1991: a ver si con el mandato popular, que por norma constitucional es vinculante, se lograba un resultado definitivo.
La que se votó hoy planteaba las siguientes preguntas: Usted está de acuerdo con: 1.- Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del país. 2.- cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. 3.- Contratación transparente obligatoria en todo el país. 4.- Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. 5.- Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. 6.- Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. 7.- No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas.
Para que fuera aprobada necesitaba superar el umbral del 30 % del padrón electoral, esto es, 12’231,314, y el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, es decir, 6’115,658. Es decir, no es suficiente con que gane el sí a cada pregunta de las arriba mencionadas; es necesario que voten más de doce millones de personas, afirmativa o negativamente.
Desde 1994, cuando se reglamentaron por ley los mecanismos de participación ciudadana, solo se ha aplicado exitosamente uno de ellos: la revocatoria del mandato a un alcalde de un pequeño municipio. El problema entonces no es de reglamentación legal, sino de cultura política, como vemos por el resultado de hoy.
Cuando escribo esta nota la Registraduría Nacional ha entregado los resultados del 99 % de las mesas de votación que se cerraron a las 4 de la tarde y, aunque los resultados son del 99 % por el sí, la consulta no es válida porque no se alcanzó el umbral de votación. Algunas preguntas alcanzaron 11’420,208 votos, apenas 811,106 menos que la cifra requerida. Si bien no bastan para aprobar la consulta, es la votación más alta alcanzada en cualquier votación en Colombia, incluidas las presidenciales.
Muchos factores pueden haber influido, empezando porque no todos los ciudadanos que apoyan la lucha contra la corrupción estaban de acuerdo con la consulta porque consideran que lo que propone ya está consignado en leyes vigentes, porque consideraban que de antemano estaba destinada al fracaso por fatiga de los electores luego de dos elecciones en este año para elegir Congreso y presidente de la República y porque realizarla, cuando además de ese cansancio se preparan las de alcaldías y gobernaciones para el año entrante, no hacía presagiar nada bueno.
En las elecciones presidenciales Petro sacó ocho millones de votos y podrían sumarse a la consulta los de muchos ciudadanos que no apoyaron su candidatura pero sí el proceso de paz y son progresistas. Pero aún entre estos había muchos escépticos.
Está el antecedente del referendo (otro mecanismo de participación ciudadana) que propuso Álvaro Uribe cuando era un presidente con 80 % de popularidad y que sin embargo fracasó porque este tipo de convocatorias no obtiene la misma respuesta que las de elección de funcionarios.
Como parece ser la jugada del Centro Democrático, se dividen las opiniones sobre los tópicos más importantes y de esa manera se declaran victoriosos cualquiera que sea el resultado. Hoy, por ejemplo, el presidente Iván Duque depositó su voto, mientras Uribe y otros miembros de su partido se decidieron por el rechazo. Es la apuesta a con cara gano yo y con sello pierde usted, pero espero que haya quedado claro que los ganadores fueron los miles de ciudadano que se movilizaron al llamado de los promotores de la consulta.
Para seguir con el tradicional optimismo de la izquierda que lleva a sacar provecho de las derrotas, podríamos decir que a partir de hoy la historia de la participación ciudadana ha cambiado y aunque no se obtuvo la validez de la consulta, es un adelanto importante que más de once millones de ciudadanos se hayan movilizado por un objetivo altruista sin compra de votos, compensación de días libres por haber votado ni acarreo de votantes en buses pagados por los partidos y que de esos el 99 % hubiera sido por el sí contra la corrupción.