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Por Alfredo García

Latinoamérica tiene una histórica deuda de reciprocidad con Haití, por su solidaridad con la gesta independentista bolivariana. Sin embargo, olvidado por todos y sin apoyo internacional, el pueblo haitiano se moviliza en busca de justicia política, económica y social.

Masivas manifestaciones callejeras en las principales ciudades de Haití, exigiendo la renuncia del presidente, Jovenel Moise, mantienen en vilo al gobierno haitiano desde hace varios meses. Tras su cuestionada victoria electoral en noviembre de 2016, el empresario presidente ha estado bajo presión popular, en medio de un escandaloso contexto político de fraude y corrupción.

La campaña electoral de Moise fue financiada por una elite de empresarios haitianos vinculados a intereses comerciales norteamericanos y la empresa de comunicación española Ostos y Sola. La fragmentación política de la sociedad haitiana no pudo ser mayor. El Consejo Electoral Provisional, CEP, certificó 105 partidos y organizaciones para la última contienda política. Finalmente compitieron 27 candidatos a la presidencia, representando igual número de partidos y organizaciones, para un registro de 6 millones 189,253 electores de los cuales sólo 1 millón, 120,663 de votantes, (18.11%) participaron. Presionados por la elevada abstención y masiva protesta de fraude electoral, 3 de los 9 miembros del CEP se negaron a validar el resultado de los comicios.

En medio de la creciente crisis socioeconómica agravada por el robo de fondos sociales del Estado, desde el pasado 7 de febrero el país más pobre del continente (80% vive en pobreza) se encuentra convulsionado por violentas jornadas de protestas. En noviembre de 2018 un informe del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, confirmó que más de 2 mil millones de dólares destinados al área social, fueron malversados por 15 funcionarios gubernamentales.

Durante las últimas semanas la situación económica empeoró por la escasez de combustible, inflación, inseguridad, desvalorización monetaria y aumento del costo de vida, paralizando actividades públicas y privadas. En la capital miles de pobladores de los barrios más pobres que marchaban pacíficamente hacia la residencia presidencial, fueron brutalmente reprimidos por la policía con un saldo de 20 muertos y más de 200 heridos. En Puerto Príncipe una delegación opositora entregó en la sede de la ONU una carta dirigida a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, solicitando suprimir su respaldo al presidente Moise.

La ONU tiene desplegada en Haití una “misión de paz” desde 2004.

Haití fue el primer país de América Latina y el Caribe en proclamar su independencia en 1804, tras una insurrección de esclavos contra el Ejército colonial francés, cuya victoria condujo a la emancipación nacional y sentó decisivo precedente para poner fin al comercio esclavista. Un siglo después de soportar la hostilidad de EU y Europa, en julio de 1915, EU invadió a Haití, extorsionando económicamente a la isla caribeña durante los 19 años que duró su ocupación. A partir de entonces, Haití fue convertido en un protectorado de Washington, bajo gobiernos autoritarios y dictaduras militares.

Una oportunidad democrática fue frustrada por un golpe de Estado apoyado por EU y sus aliados locales en septiembre de 1991, contra el sacerdote, Jean-Bertrand Aristide, primer presidente elegido democráticamente con más del 60% de los votos en febrero del mismo año. Aristide fue restituido en la presidencia por el presidente, Bill Clinton en 1993, siendo derrocado por segunda vez y desterrado a Sudáfrica en 2004 por el gobierno de George W. Bush. Desde entonces la injerencia de EU, Francia y Canadá, la indiferencia de América Latina y el Caribe, salvo honrosas excepciones, y el dejar hacer de la ONU y la OEA, han marcado el calvario de la nación haitiana.

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