Los jueces de San Diego han dictaminado en sus resoluciones que la política de Trump viola el derecho al debido proceso de los solicitantes de asilo cuando les obliga a esperar en México, entre otros motivos porque allí no reciben adecuadamente sus notificaciones para presentarse ante la corte.
California, 29 de noviembre (SinEmbargo).– Jueces de inmigración de San Diego, California, están desafiando la decisión del Gobierno de Donald Trump de enviar de vuelta a México a los solicitantes de asilo.
La ley migratoria estadounidense obliga a admitir las solicitudes de asilo de los migrantes que lleguen a la frontera, siempre y cuando no hayan pasado antes por un país seguro en el que hubieran podido refugiarse. Hasta este año, para Estados Unidos sólo Canadá lo era.
Trump intentó convencer a México para que firmara un acuerdo en ese sentido, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se negó. Lo que si aceptó, presionado por la amenaza de fuertes aranceles económicos, es a que le enviaran a los centroamericanos que piden asilo en Estados Unidos, para que vivan en México hasta que se resuelva su caso.
Casi 60 mil migrantes han sido devueltos ya bajo esa política, que entró en vigor en enero, aunque se amplió de forma generalizada en junio, tras el acuerdo bilateral, y se ha denominado Remain in Mexico (traducido, Quédate en México).
Jueces de inmigración de San Diego, California, están desafiando la decisión del Gobierno de Donald Trump de enviar de vuelta a México a los solicitantes de asilo. Imagen ilustrativa: Especial, Telemundo
¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS JUECES MIGRATORIOS AL RESPECTO?
Entre enero y finales de septiembre, los nueve jueces migratorios de San Diego han cerrado un 33 por ciento más de los 12 mil 600 casos de afectados por este programa, según los datos recopilados por el Centro TRAC de la Universidad de Syracuse.
Es decir, los magistrados procesaron los casos en vez de devolver a los inmigrantes a México y obligarles a esperar allí. Las cortes de inmigración acumulan un retraso de más de un millón de expedientes, lo que ha provocado que los migrantes tuvieran que esperar años hasta saber si se aceptaba su solicitud; hasta hace poco, podía quedarse y trabajar en Estados Unidos hasta entonces; ahora, son enviados a México.
Según informa The Wall Street Journal , en comparación con San Diego, los jueces de El Paso (Texas), que es la corte migratoria más concurrida, cerraron menos del 1 por ciento de más de 14 mil de estos casos (enviando pues al resto de migrantes a México).
Los jueces de San Diego han dictaminado en sus resoluciones que la política de Trump viola el derecho al debido proceso de los solicitantes de asilo cuando les obliga a esperar en México, entre otros motivos porque allí no reciben adecuadamente sus notificaciones para presentarse ante la corte; así, sus casos son desestimados y ni siquiera se enteran de ello a menos que llamen a un número telefónico del Gobierno.
La decisión de los jueces de dar por concluidos estos casos, según explica el citado diario, no significa que a los migrantes se les permita permanecer en territorio estadounidense. Pero sí evita que se les prohíba la entrada al país durante 10 años, y hace más difícil que se les procese criminalmente si vuelven a cruzar la frontera ilegalmente.
Los jueces de San Diego han dictaminado en sus resoluciones que la política de Trump viola el derecho al debido proceso de los solicitantes de asilo cuando les obliga a esperar en México. Imagen ilustrativa: Isabel Mateos, Cuartoscuro
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), cuyos abogados representan al Gobierno ante los jueces migratorios, ha presentado una apelación ante un panel del Departamento de Justicia (de quien dependen estas cortes) que plantea como errónea el cierre de estos casos.
Para Denise Gilman, profesora de Leyes en la Universidad de Texas, los jueces están enviando el mensaje de que hay mucho en el Gobierno (recordemos, estos jueces no pertenecen a la rama judicial, sino al Departamento de Justicia) que consideran que no se están cumpliendo los estándares legales mínimos.