Zheger Hay Harb
En el año 2004 el entonces presidente Uribe realizó la desmovilización de los grupos paramilitares sin verdad, sin justicia, sin reparación. Sin embargo hoy se atreve a criticar un proceso de paz que consagra esos componentes.
Según el columnista Pascual Gaviria “las AUC mataron a más de 2,000 personas durante la negociación con Alvaro Uribe Vélez, ahí sí no había impunidad ni exigencia de reparación material ni obligación de condenar a todos los victimarios de delitos de lesa humanidad…tiempos aquellos de ‘justicia genuina’”.
Los desmovilizados de las FARC se agruparon en centros provisionales de concentración vigilados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el ejército, sin posibilidades de ausentarse sin un permiso especial mientras se definía su situación jurídica. Tampoco podían recibir visitas que no estuvieran autorizadas por los encargados de la vigilancia. Uribe armó un gran alboroto cuando un desmovilizado se ausentó con permisos en regla, pero guardó silencio cuando durante la negociación con los paramilitares éstos se reunieron en la hacienda de uno de ellos llamada Ralito y desde allí cometieron asesinatos y siguieron narcotraficando.
Contrario a los Espacios Transitorios de las FARC, a Ralito fueron muchos políticos del alma de Uribe a negociar con sus aliados paramilitares con quienes firmaron un documento “para refundar la patria”. Veamos qué dijo uno de los paramilitares que querían hacer esa “refundación”, el jefe de la región Caribe, Jorge 40, culpable de múltiples asesinatos como el del profesor Alfredo Correa por falsos informes del director del DAS (seguridad del Estado) de quien Uribe, al conocer esa y otras sindicaciones, dijo que era “un buen muchacho”: “las órdenes eran claras: no podía quedar ni un solo muchacho porque tarde o temprano se iban a volver guerrilleros, por eso al tomarnos los pueblos los sacábamos de las casas, los subíamos a camiones y los ejecutábamos en el monte. Tenían entre 9 y 15 años la mayoría”.
Los jefes paramilitares como él fueron enviados en extradición a Estados Unidos “cuando iban a empezar a hablar”, como dijo Mancuso, y por eso las víctimas nunca han accedido a la verdad ni han recibido reparación. La ley Estatutaria de la JEP, que ahora Uribe le ordenó a Duque objetar, contempla por eso que los militares o los civiles que estén siendo procesados en la JEP no podrán ser extraditados mientras continúen en juicio hasta tanto en el país no se hayan cumplido sus juicios y su obligación con la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.
¿Dónde entonces está la impunidad? ¿En los casos de paramilitares que fueron extraditados para que fueran procesados sólo por el delito de narcotráfico o en la JEP que contempla la posibilidad de extradición cuando un desmovilizado cometa un delito grave luego de la firma del acuerdo de paz?
Como una muestra más, oigamos a Francisco Villalba, autor junto con otros de la masacre del Aro, en su versión libre ante fiscales de Justicia y Paz: “Cuando reunimos a los adultos en la plaza y los hicimos acostar, la gente alrededor de la plaza nos miraba, les disparamos en el piso y comenzaron los gritos y los llantos, unos niños lloraban mucho, los trajimos a la plaza y los decapitamos, la gente arrodillada gritaba alrededor. A nosotros Alvaro Uribe nos dijo que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer y me condecoró por eso”.
No fue esa la única felicitación de Uribe a los victimarios: al general Rito Alejo del Río que bañó en sangre la región bananera de Urabá actuando de la mano con los paramilitares, condenado a 25 años por el asesinato de un campesino en una operación aliada con ellos, con medida de aseguramiento por los delitos de: homicidio agravado, secuestro agravado, concierto para delinquir agravado y terrorismo; además acusado por la masacre de Mapiripán, el ex presidente le hizo un homenaje público de desagravio. Hoy se encuentra en libertad por haberse acogido a la JEP. Es que para ellos la justicia de paz es buena cuando los beneficia pero no dejan de criticarla porque significa la impunidad cuando se refieren a los ex guerrilleros. Y al general Cifuentes, comandante de la brigada XX que debieron desmontar ante la presión internacional y de organizaciones sociales, lo reivindicó nombrándolo director del Inpec (instituto penitenciario).
¿Uribe habla de impunidad? Hay que recordarle que ha hecho hasta lo imposible por, primero, evitar el juicio a su hijo amado, el ex ministro Andrés Felipe Arias, que cometió peculado dando dineros destinados al estímulo de la producción agrícola a quienes habían financiado las campañas de Uribe y la suya propia cuando creía que tenía asegurada la presidencia de la República. Y una vez condenado a 17 años de prisión no ha dejado de despotricar contra la administración de justicia. Es la ley del embudo: lo ancho pa’ ellos lo angosto pa’ uno.
¿Respeto a la justicia? Cuando la Corte Suprema adelantaba las investigaciones de la parapolítica, llamó a su presidente para preguntarle por el proceso contra su primo Mario Uribe lo cual configura una intromisión en el Poder Judicial; no es esa la llamada de cualquier ciudadano sino que viniendo del presidente de la República con todo su poder, se convierte en una amenaza. Finalmente el primo fue condenado y como las investigaciones continuaban ordenó a su jefe del DAS, aquel “buen muchacho” que espiara y grabara las deliberaciones de la sala plena.
Eran esos los tiempos en que Mancuso dijo con desfachatez que el 35% de los congresistas eran “suyos” y Uribe les dijo que mientras los ponían presos votaran todos su proyectos. Entre ellos su segunda reelección que la Corte Constitucional tumbó porque se desconfiguraría el sistema de pesos y contrapesos que garantizan la separación de poderes.
He ahí pues el compendio de todas las fallas que ahora pretende atribuirle a la JEP, quien no cejará en su campaña de odios y resentimientos para llevarnos de regreso a la guerra, que ahora quiere extender más allá de las fronteras para “liberar” a Venezuela.