Zheger Hay Harb
La nota colombiana
Ayer en el Senado ocurrió uno de esos incidentes que retratan por sí mismos las posiciones opuestas entre la extrema derecha profunda, la caverna guerrerista, y la centro izquierda que defiende la posibilidad de alcanzar una paz estable y duradera. Fue el enfrentamiento entre el ex presidente Alvaro Uribe, representante de la extrema derecha y Gustavo Petro, de izquierda, ambos senadores.
Se discutía sobre las objeciones presidenciales a la ley de la Justicia Especial de Paz –JEP- que finalmente se realizará el próximo lunes y donde el gobierno y la derecha muy posiblemente serán derrotados como ya lo fueron estruendosamente en la Cámara de Representantes. Como el partido liberal y Cambio Radical definieron que rechazarán la propuesta presidencial, el Centro Democrático de Uribe ahora los halaga, los llama patriotas, les dice que son sensatos, que piensen en la Patria y que se opongan a “la mafia”, que para ellos no es otra cosa que quienes apoyan el proceso de paz. Ya el Partido Liberal respondió por voz de su presidente que se mantendrán en su postura.
Luego de la intervención de Gustavo Petro refutando las razones del gobierno y acusando a Uribe de alianzas non sanctas, el ex presidente, de quien todos sabemos que es el poder detrás del trono, le respondió: “prefiero un guerrillero en armas que el sicariato moral difamante” y luego, ya fuera del micrófono pero con voz audible y ante las cámaras que registraban el debate por televisión, le gritó tres veces Sicario. Lo cual se le convirtió en un tiro en el pie porque dio lugar a una de esas intervenciones que explican por qué Petro es el político de izquierda que consiguió ocho millones de votos en las pasadas elecciones presidenciales.
Explicó, con calma y sin alzar la voz, que se había ido a la guerrilla por amor, buscando cambiar el estado de cosas, lo cual se concretó en el cambio de la Constitución, pero las elites reaccionaron con odio para defender sus intereses y dejaron 90,000 muertos y 60,000 desaparecidos. Le dijo a Uribe que su discurso es de odio y con ello logra el favor de la gente a la que logró sumir en el miedo; que por eso los prefiere en el monte, porque sus palabras son más contundentes que las armas, que contra eso él defiende a la JEP, porque permite la verdad y la reconciliación; que es preferible un guerrillero hablando en el Congreso que matándose con colombianos humildes; que quiere hacer política seduciendo, conquistando con el amor, descubriendo pensamientos diversos a los suyos para reconciliarse.
Que a su tres veces acusación de sicario, le responde: hable, hable, hable; lo que proponemos para Colombia ahora y en el futuro es que dialoguemos; que podamos hablar sin el peligro de la muerte, sin el peligro, ahí sí, de los sicarios; no inviten a la barbarie.
De inmediato varios periodistas, agrupados en Yo soy víctima de UribeSicarioMoral aseguraron haber padecido ese delito por parte de él: Daniel Samper, columnista de humor político en la revista Semana, recordó que lo había tildado de violador de niños (por lo cual un juez lo obligó a retractarse) para vengarse de sus ironías; Gonzalo Guillén, periodista radicado en Estados Unidos debido a amenazas, dijo también haber padecido ese mismo ataque; Daniel Coronell, periodista de investigación de Semana también acusó al ex presidente de haberlo perseguido por sus denuncias y les dio a sus amenazas el mismo calificativo; Yoir Ackerman, de El Espectador, dijo que lo acusó de ser miembro del ELN como venganza por haberle preguntado por el asesinato de Jesús María Valle, periodista que indagaba por la masacre de El Aro cuando Uribe era gobernador, por lo cual el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín ha ordenado investigarlo; Julián Martínez denunció que a él lo llamó periodista pro FARC porque le preguntó por sus negocios con el homicida de Guillermo Cano (director y dueño de El Espectador, que se opuso a la barbarie de Pablo Escobar).
¿Será eso a lo que el ex presidente llama sicariato moral?
Ante los ataques de Uribe era imposible no notar que dos de sus escuderos, de los más radicales, son uno primo hermano de Pablo Escobar y la otra hija de uno de sus testaferros, otra es miembro de una familia con condenados por parapolítica y sobre otros pesan sospechas. Es imposible también olvidar cómo en la “desmovilización” de los paramilitares se colaron narcotraficantes como tanto se ha denunciado. No podemos olvidar tampoco que cuando la policía se tomó el narco laboratorio de Tranquilandia en 1984 donde decomisó 15 toneladas de pasta de coca y 3 de droga procesada, encontró allí la avioneta del padre de Uribe, quien luego resultó muerto en un asalto a su finca que éste atribuye a las FARC y éstas dicen que no fueron ellas sino sus socios narcotraficantes.
Las víctimas del conflicto armado, de los paramilitares, de las FARC y del Estado, también reaccionaron a las palabras de Uribe diciendo que ellas, que han padecido la guerra, defienden el acuerdo de paz y la JEP.
Dolorosamente vemos que los guerreristas quieren sumirnos de nuevo en el abismo de la confrontación armada y no ahorrarán esfuerzos de ningún tipo: la vicepresidente de la República y quien fue candidata a ese cargo en fórmula con Gustavo Petro, fueron acusadas de doble militancia porque se postularon por un partido cuando aún eran militantes de otro. El castigo, de comprobarse el delito, es la pérdida de la curul o del cargo alcanzado (en este caso, la vicepresidencia). Sin embargo, el Consejo de Estado acaba de retirar a Angela María Robledo, de la Colombia Humana, de la Cámara de Representantes y deja tranquila a la segunda del gobierno de Duque. Doble rasero para medir circunstancias semejantes.
Por su parte, Uribe bate tambores de guerra, pide revivir las Convivir (organizaciones supuestamente de campesinos armados para su autodefensa) como si ya no hubiéramos vivido esa experiencia que dio paso al inicio de los paramilitares.
Todo ello obedece en el fondo a dos razones: la verdad que pueda surgir de la JEP y la restitución de tierras pactada en el acuerdo de paz. Ya el general ® Jaime Humberto Uzcátegui, condenado en la justicia ordinaria a 37 años de cárcel por la masacre de Mapiripán, una de las más sangrientas en la cual participaron militares, se ha sometido a esta justicia transicional. Una de las condiciones para recibir sus beneficios es contar toda la verdad. Y, como dijo a la prensa este ex militar hace un año, “Hay muchas verdades de Mapiripán que están engavetadas”.
Y el general ® Mario Montoya, comandante de la Operación Orión, que dejó una estela de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, actuando de la mano de Don Berna, ex jefe narcoparamilitar, y luego responsable de miles de los llamados eufemísticamente falsos positivos, también se ha sometido a la JEP.
En cuanto al despojo de tierras, no es sino presentar un botón de muestra: el Tribunal Superior de Villavicencio ordenó investigar a Gustavo Londoño, congresista del Centro Democrático, por la apropiación indebida de 6,333 hectáreas de baldíos pertenecientes a la Nación.
Es comprensible que haya temor por las verdades que puedan desengavetar los procesos de la JEP.