Zheger Hay Harb
La Nota Colombiaba
La Justicia Especial de Paz –JEP- ordenó la captura del ex jefe guerrillero El Paisa por no acatar los tres llamados que le hizo para su comparecencia al juicio 001 que por el delito de secuestro se sigue contra él y otros 30 ex miembros de la dirección de las FARC.
No implica esto una expulsión del proceso transicional porque, si bien su conducta es grave, no es la más grave, dado que no hay ninguna evidencia de que se haya rearmado o esté delinquiendo, pero sí le quita la asignación mensual en dinero, el beneficio de recibir como pena máxima 8 años de privación de la libertad cuando se le realice el juicio correspondiente y deberá cumplir la pena que se le imponga en establecimiento carcelario. Es una decisión intermedia entre las solicitudes de la derecha (sobre lo cual insisten el fiscal general y el Alto Comisionado de Paz que cada día parece más en el lugar equivocado) para que lo saquen de la JEP y quienes desde el apoyo al proceso de paz piden que no le apliquen sanciones. Este tribunal hace prevalecer el derecho de las víctimas a conocer la verdad y recibir reparación porque este ex comandante está acusado de las llamadas “pescas milagrosas” o secuestros masivos y el atentado al Club El Nogal, entre otros muchos posibles delitos.
Tampoco implica su extradición porque no hay ninguna evidencia de que haya incurrido en delitos después del 1 de diciembre de 2017 como quedó establecido en el acuerdo de paz. Este punto –la extradición- es el caballito de batalla del momento para atravesarse al acuerdo de paz atacando a la JEP, debate que en este momento se realiza en el Senado, en el cual Uribe, el fiscal general, el presidente del Senado y la caverna unida intentan por todos los medios impedir el rechazo a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria que la reglamenta.
La extradición que con tanto empeño quieren estos funestos personajes no es por deseo de justicia sino para silenciar a quienes ante la JEP destaparían los rincones más oscuros y truculentos de esta guerra sucia.
La JEP dice así mismo que El Paisa incumplió su compromiso con la reincorporación de los combatientes que estuvieron bajo su mando: desde junio de 2018 abandonó la zona de Miravalles en San Vicente del Caguán (donde se desarrolló el fallido intento de desmovilización de las FARC entre los años 1999 y 2000) y, según la Sala de Verdad, es el único ex jefe que no presentó informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones y tampoco presentó excusa.
El Paisa e Iván Márquez, ex jefe negociador de la guerrilla, han enviado hoy (lunes 29 en la tarde) una carta en la que señalan que “la JEP actual no es la misma pactada en La Habana”, que el gobierno y la justicia transicional no respetan lo acordado, piden que los terceros –empresarios, funcionarios, civiles en general- sean juzgados por la justicia transicional (lo cual es imposible porque ese cambio fue declarado exequible por la Corte Constitucional) y exigen que llame a juicio al ex presidente Alvaro Uribe por paramilitarismo, falsos positivos y todas “las barbaridades si de verdad lo que preocupa son las víctimas del conflicto….o todos en la cama o todos en el suelo”. Así mismo, sin mencionarla, critican a Mónica Cifuentes, quien hizo parte del equipo negociador del gobierno, porque hoy, como procuradora delegada, pidió a la JEP que ordenara esa captura, sin considerar que en su solicitud da razones jurídicas para no expulsarlo.
La Sala de Reconocimiento acepta que en la zona donde se encuentran los dos ex mandos guerrilleros ha habido sobrevuelos militares, pero considera que su única alternativa no era la clandestinidad y el desconocimiento a los llamados que le han hecho, que hubieran podido pedir protección, mudarse a otro sitio y que el mismo riesgo han corrido otros ex jefes guerrilleros que siguen cumpliendo sus compromisos: “muestra el nulo interés de satisfacer los derechos de las víctimas, y dicho desinterés es mucho más grave viniendo de un ex integrante del Estado Mayor Central de las FARC y en el marco del caso por secuestro”.
En respuesta a la decisión de la JEP el presidente Duque, de parranda en el festival vallenato, en el ambiente de fiesta en que tan cómodo se siente en lugar de enfrentar la grave situación que el llamado a guerra de Uribe está propiciando, “ordenó” la captura de El Paisa y ofreció una recompensa de tres mil millones de pesos (unos 150,000 dólares). ¿Un presidente ordenando capturas? No se necesita ser abogado para conocer que existen tres ramas del poder público y él es el jefe de una de ellas, no de las tres, como le enseñan a uno desde la primaria. Pero es muy explicable, está siguiendo el ejemplo de su “presidente eterno” quien, en uno de esos consejos comunitarios que realizaba durante su presidencia “ordenó” la captura inmediata de un secretario municipal porque alguien en esa audiencia lo acusó de corrupción.
Muy útil consejo, a ver si esta “orden” ahora, le sirve a Duque como le sirvió a él en su momento para tender una cortina de humo sobre la terrible corrupción de su gobierno.
La inseguridad jurídica que implican los ataques a la JEP que intentan burlar lo acordado con la guerrilla para su desmovilización, el desconocimiento de los protocolos firmados para el caso de ruptura de conversaciones con el ELN, el asesinato de líderes sociales, el asesinato de 200 desmovilizados de las FARC, la muerte de un bebé de 7 meses hijo de desmovilizados y el asesinato, tortura en intento de desaparición de un desmovilizado hace dos días, crean un ambiente de peligro y persecución que da la razón a estos dos ex comandantes.
Pero también debería pesar en su balance el hecho de que la JEP hace parte del corazón del acuerdo de paz, que de ella depende el derecho de miles de ex combatientes a insertarse en la vida social, emprender una nueva vida y continuar su lucha por caminos de paz, que las víctimas están esperando conocer lo ocurrido, que la justicia imperfecta que ella ofrece es el resultado de una puja muy fuerte entre quienes defienden el derecho a la paz y quienes desean seguir lucrándose de la guerra y que su conducta contribuye a acentuar su fragilidad. Ese es el tamaño de su responsabilidad.