BUENOS AIRES, Argentina, 29 de abril (EFE).- Varios sindicatos de Argentina, de sectores como el transporte y la educación, impulsarán este martes un paro general contra la política económica del Gobierno, el mismo día en que se conocerá el dato adelantado del PIB en febrero, un indicador que se prevé que sea negativo tras un año en recesión.
La convocatoria, que no es avalada por la dirección de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), la mayor central sindical del país, está impulsada por el líder del poderoso sindicato de los camioneros, Hugo Moyano, de extracción peronista y secretario general de la CGT entre 2004 y 2016.
Se verán así afectados desde los aeropuertos -tanto vuelos nacionales como internacionales, por la adhesión de casi todos los gremios aeronáuticos-, como el metro de Buenos Aires y gran cantidad de líneas de autobús de la capital y metropolitanas.
También las escuelas y universidades públicas, los bancos, gran parte del transporte de mercancías, y los hospitales, que mantendrán una atención similar a la de un domingo.
La huelga se produce en un momento de grandes dificultades económicas para el país, que inició en el segundo trimestre del año pasado una recesión desencadenada por la abrupta caída del peso ante el dólar -que el Gobierno sigue sin lograr frenar- y una sequía que afectó fuertemente a la producción agropecuaria.
Comienza el juicio
La Justicia argentina inició este lunes un juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura del país (1976-1983) en el Centro Clandestino de detención y Exterminio Campo de Mayo, donde 322 víctimas sufrieron supuestos delitos a manos de los 22 imputados en la megacausa.
Según informaron a Efe fuentes judiciales, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín lleva el caso que sienta en el banquillo a acusados que pertenecieron al Ejército, la Gendarmería Nacional y Policía Federal, por crímenes que incluyen tortura, homicidio y privación ilegítima de la libertad, entre otros.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, querellantes en el juicio, apuntaron en un comunicado que se espera que declaren 750 testigos en el proceso, que agrupa a un total de 322 víctimas de 169 casos producidos en Campo de Mayo entre 1976 y 1978.