Zheger Hay Harb
Un artículo del periódico The New York Times trae información que ya se conocía en Colombia y había prendido las alarmas sobre la presión al ejército para que presente cada día más “positivos” en sus operaciones.
Una de las primeras decisiones de este gobierno fue la de cambiar la cúpula militar que había apoyado los diálogos de paz. Organizaciones sociales colombianas, Human Rights Watch y congresistas demócratas de Estados Unidos advirtieron al gobierno que varios de los militares recién nombrados estaban involucrados en falsos positivos pero no fueron escuchados. Parecen apegarse a lo que dijo una senadora uribista ante los asesinatos de líderes sociales: “el ejército es un arma letal que debe entrar a matar”.
Los militares que habían participado en las conversaciones en La Habana habían sido probados en terreno, no eran militares de escritorio: entre ellos estaba el general® Freddy Padilla, ex comandante general de las fuerzas militares, el general® Jorge Mora Rangel, ex comandante del Ejército y el general –activo- jefe del Estado Mayor Conjunto, Javier Flórez, quien dirigió la subcomisión militar para el cese del fuego.
Este último había comandado la operación que dio muerte al “Mono” Jojoy; el general Mora diseñó y dirigió el Plan Patriota contra las FARC y fue comandante del ejército en el primer año del gobierno de Uribe y el general Freddy Padilla fue ascendido a general de cuatro soles –un honor que muy escasas veces es concedido- por Álvaro Uribe y, en ese mismo gobierno, siendo ministro de Defensa Juan Manuel Santos, comandó la Operación Jaque, que liberó a quine secuestrados en poder de las FARC, entre ellos Ingrid Betancur, varios militares y tres mercenarios gringos.
Así pues, la cúpula militar fue removida porque la nueva administración nacional llegó con el firme propósito de “hacer trizas” el proceso de paz y los militares que lo apoyaron le resultaban incómodos. De inmediato las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos así como analistas políticos lanzaron la alerta de que el gobierno buscaba revivir la hora más negra de la fuerza pública: esa que la degradó llevándola al crimen de inocentes.
El artículo del New York Times afirma que buena parte de los altos oficiales está preocupada porque se siente conducida hacia una política que en el gobierno de Uribe ocasionó unas 5,000 víctimas ante la mirada exculpadora del presidente.
Los militares tienen por qué sentir temor: cada día se descubren más de esos crímenes. El último (hasta cuando escribo esta columna) es el del ex combatiente de las FARC Dimar Torres, asesinado en una instalación militar luego de violado y castrado y sus genitales colocados sobre el torso, por el cual ha sido capturado un cabo del ejército pero ya se vinculó al proceso al coronel Jorge Armando Torres por complicidad en homicidio de persona especialmente protegida porque conoció los hechos y los ocultó. Ya se han acogido a la JEP varios oficiales retirados en espera de que se les otorgue la libertad condicional porque han sido condenados hasta a 36 años de cárcel en la justicia ordinaria pero el hecho de que hayan sido aceptados en la justicia de paz no significa que vayan a ser exculpados. Y muy posiblemente por sus declaraciones resulten implicados muchos más.
El singular ministro de Defensa, cuya única experiencia anterior a su nombramiento en esa cartera era como comerciante, dijo sobre el crimen de Dimar, como ya tuve oportunidad de relatar en columna anterior, que había resultado muerto en un forcejeo. Ahora, frente al artículo del NYT dice que “está lleno de inconsistencias”, con “algunas fechas que no coinciden o no son precisas”, que habla de “pelotones cuando en realidad son escuadras de muy pocas personas” y que menciona “un número de capturados inferior al que efectivamente se dio”. Sólo su incapacidad puede llevarlo a creer que con eso puede desvirtuar las afirmaciones del periódico.
El general Nicacio Martínez, comandante del ejército, que aparece todos los días en los medios de comunicación ladrando amenazas según él para combatir a los grupos armados ilegales le presentó a cada uno de los militares de alto rango el balance de su actuación hasta la fecha que incluía el número de “rendiciones, capturas y muertes el año pasado” y les hizo firmar, frente a cada cifra, el porcentaje en que se comprometen a aumentar sus resultados. Si no hubiéramos vivido los asesinatos de inocentes que políticas semejantes ocasionaron el asunto no despertaría tantas sospechas. Pero por algo los oficiales están tan temerosos.
Dice el periódico que les están orientando a “hacer lo que sea” con tal de doblar resultados, incluyendo el uso de grupos paramilitares. El esquema es el mismo de las ejecuciones extrajudiciales, creando competencias entre batallones a ver cuáles presentan más positivos y con tarifa de recompensas, que ya hay unidades que empiezan a doblar los resultados y, por supuesto, les han cumplido con las bonificaciones.
Para el general Martínez eso de estar seguro de que el objetivo realmente corresponde al “enemigo” es una tontería, que las unidades deben “lanzar ataques sin esperar la perfección”. Esto de los objetivos es fundamental porque según las reglamentaciones internacionales los parámetros para evaluar las operaciones militares exigen, por el contrario, que se basen en la seguridad de la población
La situación es tan peligrosa que la oposición está planeando presentar una moción de censura contra el ministro de Defensa. La habían solicitado la semana pasada pero pidieron aplazamiento hasta completar la información que ahora el New York Times ofrece. Dicen que desde cuando asumieron el ministro de Defensa y el genera Martínez “se echaron para atrás las reformas de evaluación de resultados, de certeza en el lanzamiento de operaciones militares, de caracterización de los grupos armados, y de reglas de enfrentamiento que habían permitido frenar el fenómeno de los falsos positivos en 2007”.
Esta es apenas la cara militar de un esquema gubernamental que pretende incluir reformas constitucionales que les permitan borrar los avances en derechos humanos, acabar con el proceso de paz e incluir, como la vez anterior, “un articulito” que permita la reelección de Uribe para reinstalar su régimen del terror. Lo de Santrich es apenas una muestra.