Zheger Hay Harb
La Corte Suprema de Justicia ha condenado a cuatro militares por la masacre perpetrada en San José de Apartadó por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- que en 2005 actuaron conjuntamente con la fuerza pública.
El juzgado de primera instancia, con una sentencia absurda, había considerado que “el hecho de que hubiesen patrullado conjuntamente estas dos organizaciones, la una lícita y la otra ilícita, es un hecho anormal, pero insuficiente para deducir la existencia del acuerdo criminal, pues los procesados no tuvieron el conocimiento de la posible comisión de la conductas punibles juzgadas”. ¿Para qué creería el juez que patrullaban conjuntamente? Ya para esa época las masacres eran de público conocimiento, aunque lastimosamente no despertaron en la población el rechazo que merecían. Tal vez la consideración egoísta de que si no se vivía en ninguno de esos caseríos no había posibilidad de caer en una de esas orgías de sangre impidió que la sociedad hubiera reaccionado repudiándolas. En cambio el secuestro, del cual la mayoría de la población se consideraba víctima potencial, recibió desde el comienzo el repudio general.
La matanza se realizó en un pueblo que se había constituido en Comunidad de Paz para hacer evidente su neutralidad frente a todos los actores del conflicto. Está ubicada en el noroccidente colombiano, un corredor estratégico para el tráfico de drogas donde con mucha fuerza se arraigaron los paramilitares que contaron con el apoyo del ejército que durante cinco días patrulló conjuntamente con los paramilitares compartiendo campamentos, guías y raciones de campaña.
Lo que se conoció de esta masacre fue especialmente sobrecogedor por las confesiones de los paramilitares sobre la muerte de niños: cuando empezó la marcha de la muerte, encontraron a un campesino con dos hijos menores de edad. “A la niña la sujetaron por el cabello y la golpearon contra las piedras, le propinaron además golpes en su estómago y sumergieron su cabeza en las aguas del río Mulatos”. Según la fiscalía, “el otro menor de edad, ante la angustia que le causaban estos hechos, le dijo a los paramilitares que los guerrilleros se encontraban a media hora de camino. Acto seguido, uno de los hombres armados de forma cruel, salvaje y bárbara lo decapitó con un machete”. Otro de los autores dijo durante su juicio, refiriéndose al asesinato de otros niños: “estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 ó 6 años y el peladito también era curiosito (…) Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina, pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro”.
Traigo el relato de esos hechos especialmente crueles aunque pueda considerarse morboso, con el ánimo de resaltar cómo la sociedad se mantuvo indiferente ante esos hechos. En ciudades de donde eran oriundos los jefes paramilitares, como Montería y Medellín, por dar apenas dos ejemplos, éstos eran considerados miembros prominentes de la sociedad y hay quienes aún se niegan a aceptar estos hechos.
Eran los tiempos de la presidencia de la República de Alvaro Uribe Vélez, quien de inmediato salió a culpar al Frente Quinto de las FARC
Sólo cuando en audiencias los ex jefes paramilitares declararon que habían actuado de la mano del ejército, se resignó a aceptar la evidencia. Ahora se comprobó que usaron testigos pagos para falsear la verdad y los funcionarios de ese gobierno los presentaron ante diplomáticos, el Congreso y la Fiscalía.
Ahora, aunque la Corte condenó a los cuatro militares a 34 años de prisión y a pagar indemnización a las víctimas, los representantes de éstas se muestran insatisfechos y anuncian que acudirán a la Corte Penal Internacional porque el fallo deja por fuera a los altos mandos que participaron, como el general ® Mario Montoya, ya vinculado a varios procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto y quien recientemente fue aceptado en la JEP. Manifiestan así mismo que no están de acuerdo con que esos altos mandos sean admitidos en la justicia de paz por este caso, porque consideran (que) “Esta no fue una masacre vinculada al conflicto. Es una comunidad neutral y si la JEP acepta a los responsables de mayor rango se va a convertir en un escampadero y lavadero de condenas”.
En momentos actuales, cuando los enemigos de la paz pretenden hacer ver que las actuaciones de la JEP sólo buscan proteger a los ex guerrilleros y garantizar su impunidad, es bueno traer a la memoria estos casos que estuvieron en la impunidad durante 14 años y sólo gracias a la persistencia de los abogados de las víctimas se ha logrado la condena. Sin embargo al tribunal de paz que apenas lleva un año funcionando y ya emitió una orden de captura contra un ex jefe guerrillero (El Paisa) buscan presentarlo como ineficiente y patrocinador de la impunidad.
Pero los hechos son tercos y cada día saldrán a flote para permitirnos conocer por fin la verdad de lo ocurrido en esta larga guerra fratricida.