Zheger Hay Harb
Con la comparecencia de ex militares ante la Justicia Especial de Paz -JEP- empieza a conocerse la verdad sobre atrocidades cometidas por miembros de la fuerza pública que nos vendieron como hazañas heroicas.
Así ha ocurrido con la declaración del coronel ® Gómez Naranjo que revive un caso ya fallado por la justicia ordinaria y que la JEP inició a mediados del año pasado, ahora con una versión de alta fidelidad de quien tiene constancia personal de la alianza entre el batallón La Popa, comandado por el general Plubio Hernán Mejía y el jefe paramilitar de esa zona Jorge 40, uno de los casos de ejecuciones extrajudiciales eufemísticamente conocidos como falsos positivos.
Mejía era un condecorado militar tropero que presentaba como éxitos de su gestión frecuentes bajas de guerrilleros. Había sido fogueado en territorios dominados por la guerrilla y por eso lo enviaron en el año 2002 a comandar ese batallón en una de las zonas dominadas por los paramilitares pero no para perseguirlos a ellos sino a la guerrilla. Pronto llamó la atención que mientras unidades completas de contraguerrilla no lograban bajas enemigas, el grupo de 20 soldados con que patrullaba Mejía siempre presentaba abatidos en combate.
El tope de su excelencia en el combate se dio cuando, luego de una operación se presentó en Valledupar, sede del batallón, con los cadáveres de 19 supuestos guerrilleros del ELN abatidos en combate, según dijo él, en un enfrentamiento cuando la guerrilla los sorprendió de noche. Casi construyen un arco del triunfo para recibir al vencedor. Pero pronto empezaron a aparecer grietas en esa versión: la acción había ocurrido en una hacienda paramilitar; ninguno de los soldados que participaron en los “combates” había sufrido siquiera un rasguño; los uniformes estaban enlodados pero los brazaletes de la guerrilla estaban completamente nuevos y relucientes; varios de los cadáveres presentaban un tiro en la nuca, algo prácticamente imposible en un combate nocturno y tenían, además de las insignias de la guerrilla, calzoncillos marcados con las siglas de las autodefensas.
Luego se supo, por denuncias de uno de los sub oficiales del batallón, que Mejía actuaba a órdenes de los jefes paramilitares de la zona, de quienes recibía un sueldo mensual de unos 15,000 dólares de la época. En el caso de los 19 supuestos guerrilleros, eran realmente paramilitares asesinados en una purga interna. Mejía se había comprometido a legalizar los muertos que causaran esos grupos como caídos en acciones militares.
Entre 2002 y 2004, durante el gobierno de Alvaro Uribe, empezaron los homicidios de indígenas de la zona. Uno de los más conocidos ocurrió cuando a uno de ellos, que regresaba a su resguardo luego de recibir la indemnización por el asesinato de su padre por los paramilitares, tres hombres armados lo obligaron a bajar del bus en que se trasportaba y se lo llevaron sin importar los reclamos del delegado para asuntos étnicos de la Defensoría del Pueblo, quien lo acompañaba. Apareció luego en la morgue de Valledupar vestido de camuflado como miembro de las AUC (paramilitares) abatido en combate.
En 2007 la revista Semana hizo públicos los señalamientos a Mejía por falsos positivos y sus relaciones non sanctas.
Mejía se ha presentado ante la JEP, según dice, no para confesar crímenes que no cometió sino para limpiar su nombre. Ya en el 2013 había sido condenado a 19 años y 7 meses de prisión por su alianza con los paramilitares, pero él, que asistía a las audiencias vistiendo el uniforme en claro desafío a las víctimas, se sostuvo en su negativa y afirmó que todo obedecía a un complot de Juan Manuel Santos, a quien llamó traidor porque, siendo ministro de Defensa, ordenó investigar los vínculos de miembros del ejército con esas organizaciones criminales y dar traslado del caso a la fiscalía general. Fue la primera vez que desde la misma fuerza pública se pidió investigar a un oficial de alto rango en servicio activo por vínculos con las autodefensas.
Ahora también se ha presentado ante este tribunal el coronel Gómez Naranjo, segundo al mando del batallón que comandaba Mejía y, si bien en el proceso contra éste en la justicia ordinaria dijo no saber nada de los crímenes que le imputaban, ahora parece haber recobrado la memoria y ante la justicia transicional confesó que el batallón La Popa era “una máquina de muerte” y prometió contar toda la verdad.
Mejía escribió un libro con el ampuloso título de Me niego a arrodillarme y, tal como hacía en las audiencias ante el Tribunal Superior, ha acudido a eventos sociales luciendo su uniforme militar como si no hubiera sido condenado. Su sometimiento a la JEP le permite acceder a la libertad condicional y con esa esperanza muchos militares están acudiendo a ella, pero parecen no tener en cuenta que si no cumplen con el requisito de decir la verdad, pedir perdón a sus víctimas, repararlas y comprometerse a no repetir sus crímenes, serán castigados con la pena máxima que contempla la justicia de paz: 20 años en establecimiento carcelario.