Zheger Hay Harb
En su gira por Europa el presidente colombiano Iván Duque posa de demócrata que apoya el proceso de paz y solicita apoyo económico para su desarrollo mientras en el país desarrolla una campaña permanente para hacerlo, borrar las conquistas del estado social de derecho y dar pasos peligrosos hacia estamentos dictatoriales.
El irrespeto a la separación de poderes, núcleo duro del estado de derecho, ya se va haciendo habitual: el presidente, siguiendo los pasos de su mentor Álvaro Uribe, desconoce decisiones de la Corte Constitucional como en el caso de la aspersión aérea con glifosato, que ya autorizó pese a que la presidente de ese tribunal le recordó que la restricción sobre ella está vigente. La Corte Suprema ordenó la libertad del exjefe guerrillero Jesús Santrich y Duque con todo desparpajo, como si él no fuera el jefe del ejecutivo sino autoridad judicial, dice que no está de acuerdo, que debe volver a la cárcel.
La independencia de las altas cortes no es del gusto del gobierno ni del Centro Democrático y su presidente Uribe Vélez quien le dicta la línea política al bisoño y débil Duque, así que han propuesto disolverlas y crear una sola, chiquita, maleable, dócil a sus mandatos. Esa vieja idea del expresidente parece haberse afianzado ante la orden de la Corte Constitucional al presidente para que sancionara la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP).
La ley había sido aprobada en el Congreso y esa Corte le había dado fallo de exequibilidad pero aún así el presidente interpuso unas objeciones contra ella. El Congreso las debatió y derrotó por amplia mayoría a pesar de las miles de triquiñuelas de Uribe y sus áulicos para no aceptar que habían sido vencidos. Esas objeciones se convirtieron en punto de honor para los enemigos del proceso de paz y de la JEP concretamente y no daban su brazo a torcer a pesar de las evidencias de su derrota, así que la orden de la Corte fue la estocada final a su orgullo herido.
La orden de la Corte Suprema de liberar a Santrich y dejarlo posesionar en su curul en el congreso, su decisión de vincular al expresidente Alvaro Uribe al proceso por manipulación de testigos que él había instaurado contra el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, el proceso que la justicia adelanta contra su hermano Santiago por la conformación de grupos paramilitares y homicidio en los que inevitablemente acabará vinculado el exmandatario, son acicates a su odio a la administración de justicia.
Esa negativa a aceptar la decisión del Congreso conforma la intromisión del ejecutivo también en la independencia de la rama legislativa del poder público
Pero el presidente no sólo invade terrenos de las ramas judicial y legislativa; también contradice órdenes de los organismos de control: frente a la solicitud de la Procuraduría General de la Nación de negar los ascensos del comandante del ejército, general Nicacio Martínez y otros altos mandos militares por sospecha de estar involucrados en delitos de ejecuciones extrajudiciales, los ascendió.
Este general es el autor de la Directiva a las unidades militares para que, en lenguaje llano, no se pararan en “detalles” para aumentar el número de bajas. La denuncia del periódico estadounidense The New York Times de esas órdenes, semejantes a las que en el pasado autorizaron los eufemísticamente llamados falsos positivo, destapó la nueva política que parece regir al ejército nacional.
El escándalo se agrandó cuando el columnista estrella de la revista Semana renunció porque se enteró de que ese medio tenía la información desde hacía tres semanas y no la dio a conocer. La presión nacional e internacional fue tan grande que el comandante del ejército, que primero negó que la directiva existiera y luego ante la evidencia se vio obligado a reconocerlo, debió retirarla. Pero hay razones para temer, con base en la experiencia, que se haya “sembrado” en el ejército la idea de que no hay cortapisas legales para mostrar “positivos” al precio que sea.
Los pasos hacia el autoritarismo son firmes: Uribe presiona a Duque para que decrete el estado de conmoción interior, una figura constitucional diseñada para que en casos de grave peligro para la Nación el presidente pueda emitir decretos no sujetos a los controles habituales, en este caso con la intención de acabar con el proceso de paz, extraditar a Santrich que se ha convertido en objeto del odio de la caverna que no puede aceptar que si sus delitos no se prueban no existen, como para cualquier otro ciudadano, acabar las Cortes y crear el estado de opinión que, basado en la gran popularidad que alcanzó durante su mandato, quiso imponer Uribe para actuar como dictador con la sola autorización de sus índices de favorabilidad.
Afortunadamente se ha ido consolidando una oposición conformada por sectores amplios de los partidos Cambio Radical y Liberal que exigen que se convoque también a los de izquierda, incluida la FARC que se creó con la desmovilización de la guerrilla del mismo nombre, en el llamado que el presidente Duque ha hecho para lograr un “acuerdo nacional” que no se sabe en qué consiste y lo único que deja en claro es su deseo de desconocer a la oposición de izquierda y centro izquierda que en las pasadas elecciones fue validada por ocho millones de votantes.