Jorge Gómez Barata
Aunque probablemente sea circunstancial, el encaje entre Odebrecht, Sergio Moro, el Departamento de Justicia, y el FBI, la destitución de Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula, unidos al retroceso de los gobiernos de izquierda, y a la judicialización de la política en el continente, dispara las alarmas.
Ningún país latinoamericano ni todos juntos poseen cuerpos policiacos ni sistemas judiciales con solvencia para liderar una cruzada anticorrupción como la protagonizada contra la empresa brasileña Odebrecht, que aunque destapada por el juez Sergio Moro, fue encaminada por el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que disponen de los recursos, la autoridad, y el acatamiento internacional para realizar una investigación a escala mundial.
Los políticos, burócratas, y empresarios corruptos, narcotraficantes y contrabandistas de armas, no deberían ignorar que sus operaciones, las cuales movilizan decenas y cientos de millones de dólares contaminados, no pasan inadvertidas al sistema bancario mundial, un entramado formado por los grandes bancos de todo el mundo, monitoreado por Estados Unidos. La época en que delincuentes de cuello blanco transportaban los resultados de sus fechorías en maletas, incluso en contenedores, va quedando atrás.
En 2014, en Brasil el juez Sergio Moro desató la operación “Lava jato”. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer las conclusiones de una investigación mundial, como resultado de la cual un tribunal de Nueva York condenó a la empresa a pagar 5,500 millones de dólares, una multa récord, y en Brasil, su presidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de cárcel.
La causa seguida contra Odebrecht aportó elementos para proceder judicialmente en unos diez países latinoamericanos, salpicó a varias naciones africanas, incluso a empresas europeas y estadounidenses.
Como un efecto dominó que todavía no se detiene, se descubrió que en Brasil se pagaron sobornos por 348 millones, en Argentina fueron por 35, en Colombia por 11, en República Dominicana por 92, en Ecuador por 35, en Guatemala por 18, en México por 10, en Panamá por 59, en Perú por 29 y en Venezuela por 89 millones. Según estimados del Ministerio Público de Suiza, por cada millón de dólares en coimas, Odebrecht ganaba cuatro.
En conjunto, entre los implicados, unas mil personas de diez países, figuran ex presidentes, legisladores, ministros, y gobernadores. El récord lo posee Brasil, donde han sido implicados cuatro ex presidentes, ocho ministros, un tercio de los senadores, y la mitad de los gobernadores. Le sigue Perú con cuatro ex presidentes y la líder de la oposición, incluida la trágica muerte del ex presidente Alan García, quien en el momento en que la policía tocó a su puerta para arrestarlo, se pegó un tiro.
Recientemente, con pruebas inobjetables, se ha revelado que Sergio Moro, a quien se presumió un impoluto adalid de la justicia, incurrió en escandalosa prevaricación al conspirar con los fiscales para encarcelar a Lula y excluirlo de la contienda electoral. El propio Moro, sin ninguna prueba, aplicó a Lula una condena de doce años de cárcel.
A la vista de la colusión del juez Moro con los fiscales para perjudicar a Lula, pudiera sospecharse que los factores involucrados en los recientes procesos políticos, que amparados en la judicialización de la justicia, han implicado a líderes de los gobiernos de izquierda, como son los casos de Jorge Glas, Rafael Correa, y sobre todo Cristina Fernández de Kirchner.
No obstante, por ahora, bastaría con que debido a la anómala e ilegal actuación del juez Moro y los fiscales, el proceso contra Lula sea anulado, y el prestigioso líder recupere su libertad y sus derechos.
Su prestigio está intacto.