WASHINGTON, EE.UU., 27 de junio (EFE).- EE.UU. nombró este jueves como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza a Mark Morgan, un veterano del Gobierno de Barack Obama a favor de la mano dura en inmigración, en medio de la polémica por las condiciones de arresto de los menores migrantes y las denuncias por la continuación de las separaciones de familias.
“Morgan regresa a la Patrulla Fronteriza (...) Confío en que traerá el mismo compromiso a la agencia mientras continúa abordando la actual crisis humanitaria y operativa”, dijo el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, en un comunicado.
Mientras, grupos proinmigrantes denuncian que la práctica de las separaciones familiares de los indocumentados que llegan se mantiene, pese a la orden ejecutiva de Trump emitida hace un año para bloquearlas tras el escándalo generado.
“La separación familiar continúa de una forma un poco diferente, no parece sistemático como era antes”, dijo a Efe Michael Garcia Bochenek, abogado de Human Rights Watch (HRW) que formó parte del grupo de juristas que visitó el centro de detención de Clint, donde entrevistaron a menores que entraron al país solos.
Tolerancia cero
El Gobierno de EE.UU. puso en práctica el año pasado una política de tolerancia cero respecto a la inmigración, que supuso el alejamiento de miles de menores de sus padres tras su llegada a la frontera.
En la actualidad, explican los expertos, las separaciones se justifican por otras razones.
“A veces cuando padres o madres vienen con sus niños hay una separación familiar por una razón dada como que usted tiene un cargo criminal o un registro criminal. Esto muchas veces es por un cargo muy leve, un crimen muy leve”, afirmó Garcia Bochenek, que puso como ejemplo cruzar la calle cuando la luz del semáforo está en rojo.
“La separación familiar es automática en estos casos. Si el adulto no es padre ni madre (del menor) van a separar los otros familiares de los niños y de las niñas. Esto es muy preocupante porque causa el mismo trauma que hemos visto antes, el año pasado, con la separación sistemática de padres y niños”, advirtió.
Garcia Bochenek escuchó durante cuatro días los relatos de los menores -en su mayoría centroamericanos y algunos de ellos guatemaltecos indígenas que no hablaban español “muy bien”- en Clint, que se quejaron de no poder bañarse todos los días y cuya ropa estaba “visiblemente sucia”.
Para este experto, la solución está en manos del Congreso de EE.UU., que, en su opinión, debe dictar una ley “clara” sobre los “requisitos legales” que deben cumplir las agencias gubernamentales dedicadas al tema migratorio.
“Crueldad sistemática”
Por su parte, la directora de la coalición proinmigrante Families Belong Together, Sandra Cordero, calificó en declaraciones a Efe de intencionado lo que ocurre en los centros de detención y afirmó que es “totalmente inhumano” y de “crueldad sistemática”.
“Los números de familias y niños que están poniendo y que están deteniendo en estos centros sí son más altos, y sabemos que estas instalaciones no están hechas ni diseñadas para ese número de familias, niños, que están llegando y eso lo ha dicho el Gobierno mismo”, alertó Cordero.
La activista criticó que la política migratoria de Trump esté exponiendo a los inmigrantes “a situaciones muy peligrosas”, en alusión a la muerte de un padre salvadoreño y su hija cuando intentaban cruzar el río Bravo, que quedó plasmada en una fotografía impactante.
“Intimidación y abuso”
Entretanto, el director ejecutivo de Border Network for Human Rights, Fernando García, consideró que los migrantes están muriendo por la política de “intimidación y abuso” del Gobierno de Trump, que, para él, está centrada en la “detención de niños y familias, el rechazo a los refugiados y la militarización de la frontera”.
“Esas muertes de esos niños, de esos padres, que esas muertes están en las manos de Trump, ellos son los responsables”, sentenció García.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el senador Bernie Sanders y el excongresista Beto O’Rourke reclamaron este jueves que EE.UU. deje de separar a niños inmigrantes de sus padres y de encerrarlos como a delincuentes, a la vez que criticaron que empresas privadas ganen dinero con esto.
Los tres políticos del Partido Demócrata, que están en Miami con motivo del primer debate público entre los aspirantes a la candidatura presidencial en 2020, acudieron este jueves al centro de menores inmigrantes de Homestead, que tiene capacidad para 3,200 detenidos, es operado por una empresa privada y ha sido blanco de numerosas críticas y denuncias.
El centro acoge tanto adolescentes llegados al país con sus familias indocumentadas y separados de ellos tras ser detenidos en la frontera, así como a otros menores que llegaron sin compañía de adultos, la mayoría desde Honduras, Guatemala y El Salvador.
En coincidencia, un grupo de abogados pidió a una jueza federal que ordene inspecciones inmediatas en los centros de detención de menores inmigrantes en Estados Unidos, informó este jueves el grupo proinmigración “Families Belong Together”.