Zheger Hay Harb
La nota colombiana
La coincidencia de los casos de dos prófugos de la justicia colombiana ha puesto de relieve la doble moral de la derecha que aplica raseros distintos según su conveniencia.
Son los casos de Andrés Felipe Arias, ex ministro de Justicia en la presidencia de Alvaro Uribe, y de Jesús Santrich, ex comandante de las FARC. Ambos huyeron cuando la Corte Suprema de Justicia les adelantaba procesos penales.
Ante la fuga de Santrich su propio partido salió de inmediato a deslindarse de sus actuaciones y a ratificar su compromiso con el cumplimiento de lo firmado en el Acuerdo de Paz que implica el apego a la legalidad. La izquierda toda, que tanto luchó por que al ex guerrillero le respetaran el derecho al justo proceso ha salido a descalificar su conducta e igual han hecho las organizaciones sociales y analistas que lo apoyaron en su batalla legal. No hay nadie hoy en día, en el ámbito de la izquierda democrática, que no rechace el escape de Santrich.
El gobierno y la derecha, por su parte, aupados por el Centro Democrático, han querido hacer ver la irresponsable y desleal actitud de Santrich como equivalente al incumplimiento de toda la ex guerrilla, Duque ha dado orden a la Interpol para que lo detenga en cualquier país donde se encuentre y ha ofrecido recompensa para quien informe de su paradero.
Pero algo muy distinto ha ocurrido con el ex ministro Arias, más conocido como “Uribito” por ser un calco de su mentor Alvaro Uribe Vélez. Cuando huyó, tal vez avisado de que la Corte muy posiblemente leería fallo de condena a 17 años de prisión por peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales en la audiencia para la cual lo había convocado, huyó a Estados Unidos adonde llegó pidiendo asilo político como perseguido político en Colombia.
En este caso Uribe viajó a Estados Unidos a abogar para que le concedieran el asilo, lo cual finalmente resultó infructuoso y desarrolló una campaña, acompañado de la mayoría de la derecha, diciendo que era una persecución de Santos, que la Corte Suprema había actuado por móviles políticos. Y cuando este tribunal solicitó a Estados Unidos su extradición para que viniera a cumplir la pena en el país, Uribe, el presidente que mayor número de colombianos ha extraditado, salió con la peregrina tesis de que no existe tratado de extradición entre los dos países.
Sostienen sus defensores que Uribito no se robó un peso como si esa fuera la acusación, evadiendo la verdadera razón de su condena. Esta corresponde a la constatación que hizo la Corte de que, siendo ministro de Agricultura, utilizó los recursos del programa Agro Ingreso Seguro, destinado a asignar recursos a los campesinos pobres, para devolver favores a terratenientes y grandes empresarios del campo que habían hecho aportes a las campañas de Alvaro Uribe Vélez y a su futura campaña a la presidencia a donde pensaba llegar sobre los hombros de él.
Es el equivalente a haber recibido dinero para una campaña y luego pagarlo con dineros del Estado. Por eso mismo hay muchos políticos pagando cárcel en Colombia. No contento con eso, les permitió a los beneficiarios subdividir sus tierras para que a cada pedazo le fuera asignado un aporte del programa y así lograr mayores beneficios.
Por otra parte, y de eso no se habla, Eleuberto Martorelli, de la corrupta empresa Odebrecht, ha dicho que Andrés Felipe Arias recibió sueldo de su parte por varios meses.
Pero ¿cómo empezó a desenvolverse esta madeja de corrupción? Como tantas veces ha ocurrido en Colombia, gracias a la prensa se descubrió una trama muy bien armada con miras a preparar el camino del entonces ministro Arias hacia el sillón presidencial como sucesor de Alvaro Uribe.
La revista Cambio, ya desaparecida, empezó a cuestionarse cómo un ministro tan joven y sin experiencia podía adelantar una campaña presidencial que demanda tanto músculo financiero y requiere de tantos apoyos. Así que enviaron derechos de petición al Ministerio de Agricultura para examinar a quiénes se asignaban los recursos de esa cartera.
Este en Colombia es un derecho fundamental (artículo 23 de la Constitución) que obliga a la entidad a la cual se dirige, a responder, de fondo, en un plazo máximo de 15 días hábiles. Su violación acarrea sanción disciplinaria como falta gravísima. Al examinar el programa estrella de ese ministerio, Agro Ingreso Seguro, encontraron que había un subsidio asignado a una reina de belleza, sin ninguna vinculación con el campo. Comparando los distritos de riego y drenaje encontraron que el de la reina y otro tenían la misma dirección, estaban situados en la Costa Atlántica y el segundo correspondía a alguien con un apellido muy conocido en esa región. Luego descubrieron que no era éste el único beneficiario de la familia, una de las más ricas de la zona sino que varios de sus integrantes habían sido también favorecidos.
Siguiendo con la indagación encontraron que otras familias de la misma zona, muy ricas y con participación en política y contratos con el Estado habían ganado cuantiosas asignaciones en esta piñata con dineros públicos.
“Riego de dineros públicos” tituló la revista Cambio la publicación de sus investigaciones que luego fue reproducida por medios radiales, escritos y televisivos. El escándalo hizo tambalear la aspiración del candidato in pectore de Uribe pero no alcanzó a tumbarlo.