Por Zheger Hay Harb
La nota colombiana
Cuando estalló el escándalo por la feria de subsidios a los más ricos del campo por parte del programa estrella del ministerio de agricultura, Andrés Felipe Arias ya había dejado el cargo y buscaba la candidatura presidencial apoyado por su padrino Álvaro Uribe Vélez.
Los periodistas encontraron que el beneficiario que aparecía con la misma dirección de la reina era su novio y que el verdadero dueño de las tierras era su padre, quien tenía, entre otras posesiones, una finca de 1,500 hectáreas.
También descubrieron que la entidad contratada para dar el visto bueno a las asignaciones era el IICA, de la OEA y que el representante del ministerio de agricultura en este organismo era alguien colocado ahí por influencia de una rica familia de la misma región, también favorecido en la asignación de subsidios.
Entre los receptores de esos subsidios destinados a campesinos pobres figuran ingenios azucareros (14, aunque no se sabe si aquí también dividieron las propiedades para obtener más subsidios), empresas palmicultoras, bananeras, arroceras, para un total de 44,600’000.484 pesos colombianos cuando el dólar estaba aproximadamente a 1,900 pesos.
Con base en esas y otras pruebas la Corte emitió su fallo por los delitos de peculado a favor de terceros y celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales. Pero no fue sólo la Corte Suprema. Resulta que quien lo acusó fue la Fiscalía General de la Nación, entonces en cabeza de Vivianne Morales, hoy embajadora del gobierno de Iván Duque, es decir del Álvaro Uribe Vélez, en España y que el entonces Procurador General de la Nación que ordenó su destitución y prohibición de ejercer cargos públicos por 17 años fue Alejandro Ordóñez, hoy embajador ante la OEA donde nos hace pasar vergüenzas con sus posturas antediluvianas.
El 9 de mayo de 2017 varios congresistas del Centro Democrático, incluyendo a Uribe y al hoy presidente Duque, enviaron una carta al Congreso de Estados Unidos diciendo que los culpables de esa persecución eran, no ya la Corte sino los dos “corrupt attorney generals” que condenaron a Arias, es decir, de acuerdo con la institucionalidad colombiana, los dos antes mencionados.
La batalla jurídica fue dura. Uribe, creyendo que en Estados Unidos tiene el mismo poder que en Colombia, solicitó intervenir en la audiencia, lo cual le fue negado. Finalmente, agotados todos los recursos legales, Estados Unidos aceptó la extradición del ex ministro a Colombia donde deberá pagar la pena que resulte restando los años que ya ha estado detenido en ambos países.
Ahora Uribe y el Centro Democrático van a impulsar una ley que permita la doble instancia con efectos retroactivos en la Corte Suprema de Justicia con dedicatoria: exculpar a Uribito, con lo cual también se aplicaría a todos los parapolíticos (ya deben pasar de cien) condenados por alianzas con los narcoparamilitares. Uribe tiene experiencia en esto de legislar en causa propia como cuando hizo modificar los artículos de la Constitución que prohibían la reelección presidencial. Parte de su resentimiento con la Corte Constitucional es porque ésta no aceptó su propuesta de hacer una nueva modificación para buscar su segunda reelección.
La Corte creó recientemente la segunda instancia pues antes se consideraba que dado que un magistrado oficia como ponente y la sala toma la decisión, se cumplían los estándares internacionales. Pero el asunto es que el caso de Arias se falló antes de su creación y la ley opera hacia delante, no hacia los casos ya ejecutoriados. Ya la sala civil de la Corte le había negado una acción de tutela en ese sentido.
Es malsano alegrarse cuando alguien va a prisión, nadie que haya conocido y padecido una cárcel puede dejar de sentir pena por quien debe pasar por el horror de esos sitios que son un oprobio para un estado social de derecho. Es imposible no pensar en la familia del preso. Pero tampoco se puede soslayar la diferencia de trato al ex ministro con la de otros en condiciones semejantes.
Andrés Felipe Arias regresó al país en completo sigilo, en un avión que en un principio se dijo que era particular y luego un columnista serio dijo que una fuente de Estados Unidos le aseguró que era del sistema de justicia de ese país. Si el avión era chárter, como se dijo al inicio ¿quién lo pagó? ¿a qué cuenta del Estado será cargado ese gasto? ¿Cuántos proyectos de Estado desfinanciados debieron ceder su cupo para este pago?
Unos días antes había regresado al país, extraditado, David Murcia, quien estafó a mucha gente mediante una pirámide de dinero que prometía ganancias del 100%. Lo vimos llegar esposado, vestido con sudadera y tenis, rodeado de guardias del Inpec (Instituto penitenciario), como tantos otros extraditados antes que él. Toda la prensa, que había sido avisada, estaba esperándolo en la escalerilla del avión para escarnio público.
En el caso de Arias, los funcionarios de Inmigración dijeron que les habían prohibido registrar su entrada. Aquí no hubo prensa, sino que fue conducido en automóvil particular para evitar que lo identificaran al pasar y luego llevado a las instalaciones del Cantón Norte del ejército donde ya no deben quedar rastros de tantos detenidos y torturados que allí encontraron la muerte o fueron desaparecidos y tendrá un séquito de soldados sustraídos de sus funciones para dedicarlos al servicio del reo. El Inpec también se arrodilló ante las órdenes del gobierno y aceptó no intervenir faltando a sus funciones legales.
A última hora se supo que, pese a que un juez dio la orden de que el ex ministro fuera trasladado de la guarnición militar a la cárcel La Picota, el Inpec se niega a cumplir la orden.
El Comisonado de Paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, está prófugo de la justicia, así como su directora del DAS (inteligencia del Estado) María del Pilar Hurtado, Lialiana Pardo, directora del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá), Luis Alfonso Hoyos director de Acción Social de la presidencia y el coronel ® Hernán Orozco, condenado por la masacre de Mapiripán, pero según su jefe, el ex presidente, el único prófugo es Jesús Santrich.
Vamos a resultar dándole la razón a Jaime Bateman, el fundador del M19, que decía que el himno de Colombia debería ser la popular canción costeña “La ley del embudo: lo ancho pa’ ellos lo angosto pa’ uno”.