La distancia se va haciendo menor

Zheger Hay Harb

La Corte Suprema de Justicia confirmó el llamamiento a indagatoria al ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez en un proceso por los delitos de fraude procesal, manipulación de testigos y soborno.

Este hecho, que podría ser una actuación procesal en uno de tantos casos por esos mismos delitos, reviste en el presente una gran importancia; es un hecho histórico; es la primera vez que un ex presidente de la República llega hasta esta instancia en un proceso judicial y más tratándose del ex mandatario que ha alcanzado los mayores índices de popularidad y acumulado mayor cantidad de poder. Sólo él habría podido atreverse a decirle a un periodista que lo entrevistaba sobre esa próxima audiencia: “Aquí hay dos jueces, yo soy el presidente de Colombia y senador” con lo cual dio la razón a quienes creen que él es el verdadero presidente y Duque no es más que el títere que él maneja a su antojo.

Esta decisión de la Corte es la primera en los más de 200 procesos penales en que está involucrado Uribe, uno de los cuales procesa también a su hermano Santiago porque supuestamente en una hacienda familiar se creó un grupo paramilitar –Los doce apóstoles- al cual se atribuyen varios homicidios.

En el caso presente los abogados de Uribe desplegaron todos los recursos legales posibles como es su derecho pero finalmente la sala de instrucción de la Corte, en primera instancia, desestimó la solicitud de declarar la nulidad de lo actuado y, por el contrario, lo citó a indagatoria y dejó en firme varias pruebas como interceptaciones telefónicas que el acusado pretendía invalidar.

La discrepancia se dio porque al interceptar el teléfono de un procesado resultó que una de las personas con las que éste sostenía conversaciones era el ex presidente y así su teléfono resultó intervenido coincidencialmente. No es que hubieran interceptado su celular sino que al hacerlo al de un delincuente resultó grabado como interlocutor.

En ocasiones anteriores el ex presidente había sido citado a la Fiscalía General y en una muestra del desprecio que le merece la justicia, que nunca pensó que lo alcanzaría, llegó hasta ese organismo investigador, pero sólo hasta la entrada y, con total desfachatez, como una burla para mostrar que está por encima de la justicia, se hizo lustrar los zapatos en las escalinatas de acceso y no entró a atender la citación, diciendo que con eso había atendido el llamado.

Pero el llamamiento del día de hoy es además una bofetada al orgullo de Uribe ya que a este caso se llega de rebote porque en la investigación que adelantó la Corte por su denuncia contra una de las personas que más recibe las iras del ex presidente (el senador del Polo Democrático Iván Cepeda) acusándolo de manipular testigos en su contra, las indagaciones concluyeron que quien compró y manipuló testigos fue él y no Cepeda. Con esas bases ordenó archivar la indagación preliminar contra el senador de izquierda y compulsó copias contra el ex presidente y senador.

Seis días después el abogado de Cepeda acudió ante la Corte a denunciar que Juan Guilermo Monsalve, uno de los testigos contra Uribe, estaba recibiendo mensajes y visitas para presionarlo a cambiar su testimonio. Monsalve es hijo del antiguo capataz de la Hacienda Guacharacas de propiedad de los hermanos Uribe Vélez, donde se dice que nació la banda de los Doce apóstoles. Por esa razón, luego de evaluar las pruebas, la Corte hizo el llamado a indagatoria.

Ya en el 2018 se había producido una citación de la Corte pero coincidió con la creación de la segunda instancia en ese tribunal y por tanto los procesos en curso pasaron a la sala de instrucción. Luego la magistrada a cargo fue recusada porque mantenía su pertenencia a la justicia penal militar lo cual no daba garantías de imparcialidad.

El magistrado a cargo de este caso tiene también en sus manos procesos contra Uribe por vínculos con grupos paramilitares, el asesinato del defensor de Derechos humanos Jesús María Valle en 1998, quien lo acusaba de responsabilidad en las masacres de El Aro en 1997 y las masacres de San Roque y la Granja en 1996 cuando era gobernador de Antioquia, casos que fueron declarados de lesa humanidad por lo cual no prescriben y cuya suerte puede estar enlazada con la presente citación a indagatoria.

Entre las pruebas de que dispone la Corte está la visita a una ex fiscal encarcelada por favorecimiento a paramilitares a quien le ofrecieron beneficios si declaraba que los fiscales habían fabricado pruebas para perjudicar a Santiago Uribe Vélez y, además, que los abogados del ex presidente están buscando en el exterior al Tuso Sierra, convicto ex jefe paramilitar, para declare que este señor no ha tenido nunca nada que ver con ellos.

Ya la decisión está en firme: el próximo 8 de octubre debe comparecer ante la Corte Suprema a rendir indagatoria por los delitos antes mencionados y, sea cual sea el resultado de la diligencia, lo importante es que la justicia ha demostrado su independencia como uno de los pilares del estado de derecho.