WASHINGTON, EE.UU., 12 de septiembre (EFE).- Las autoridades de Estados Unidos comenzaron este jueves a aplicar la normativa del Gobierno para denegar el asilo a los indocumentados en la frontera sur que hayan pasado por México u otros países sin haber pedido allí esta protección, tras el espaldarazo a esta medida que dio el miércoles el Tribunal Supremo.
“La decisión (del Supremo) significa que los demandantes de asilo que vengan a EE.UU. a través de un tercer país deben primero solicitar el asilo allí antes de que se les conceda en EE.UU”, explicó a Efe la experta Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de Inmigrantes de la Escuela de Leyes de Columbia.
El Alto Tribunal dio luz verde el miércoles de forma temporal al Ejecutivo del presidente estadounidense, Donald Trump, para denegar el asilo a inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, en la frontera.
La decisión, tomada con siete votos a favor y dos en contra, no es definitiva pero se aplica mientras la batalla legal sigue su curso en otras cortes de menor instancia.
Aun así, el Supremo suspende con su resolución el fallo de un tribunal menor que había bloqueado esa medida.
A finales de julio, la Administración de Trump anunció cambios en su política de asilo que impedían a la mayoría de indocumentados solicitar la protección tras cruzar la frontera Sur con México.
Un juez federal en California bloqueó rápidamente la medida, lo que provocó el inicio de un litigio que llegó hasta al Supremo.
La directora del programa de México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Maureen Meyer, recordó que la decisión del Alto Tribunal es temporal hasta que otras cortes de menor instancia determinen si el reglamento del Gobierno sobre asilo es legal o ilegal.
Hasta ahora varias decisiones en material de inmigración puestas en marcha por el Ejecutivo de Trump han acabado en los tribunales, pero el presidente cuenta con la carta del Tribunal Supremo.
La máxima instancia judicial del país dispone actualmente de una mayoría conservadora entre sus jueces (cinco conservadores frente a cuatro progresistas), después de que Trump nominara a dos magistrados en menos de dos años.