Justicia para militares

Zheger Hay Harb

El ministro de Defensa acaba de nombrar al nuevo director de la justicia penal militar, un ganadero y caballista líder en la tierra donde nació el paramilitarismo en Colombia cuyo único mérito para el cargo parece ser ese.

El ministro dijo que lo había elegido porque cumple con los requisitos para el cargo. Sin embargo, según Noticias Uno, que lo muestra montando con gran destreza un caballo de paso, trae las afirmaciones de un portal cercano al partido de gobierno: “el abogado Alejandro Ramírez Londoño recién nombrado director ejecutivo de la justicia penal militar tiene al frente la responsabilidad de salvar al tribunal castrense de los ataques feroces que desde la JEP se están gestando para lograr su disolución”. Es decir, la principal tarea de este hacendado de tierras paracas será enfrentar a la Justicia Especial de Paz (JEP).

Ya inició esa tarea destituyendo a varios jueces militares que enviaron a la justicia de paz casos de falsos positivos, corrupción dentro de la fuerza pública, violaciones de Derechos Humanos: “….también tiene la obligación de entrarle a las investigaciones por corrupción con implicaciones penales que involucran a la anterior cúpula al mando del general José Mejía leal a Juan Manuel Santos”. En plata blanca, tapen a la cúpula actual y enfilen baterías contra la que apoyó el proceso de paz.

En este entramado de perversión de la justicia es inevitable recordar aquello de: la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música.

Veamos cuál es la experiencia reportada por el nuevo funcionario que tiene a su disposición 4 billones de pesos para ejercer su labor: la hoja de vida que como todo servidor público presentó para acceder al cargo y que puede ser consultada en la web de la justicia militar indica que, pese a ser abogado, se presenta como profesional independiente; no informa haber ejercido ningún cargo en los estamentos jurídicos públicos ni privados; apenas indica que durante 10 meses ejerció como sustanciador auxiliar del tribunal de Antioquia, cargo que generalmente es ocupado por estudiantes de leyes como práctica judicial para optar por el título; reporta que en 2002 compró una hacienda en la mencionada región y que formó parte del programa radial La Hora de la Verdad.

Este programa está dirigido por el ex ministro de extrema derecha Fernando Londoño, ideólogo del partido de gobierno, condenado por un caso de corrupción porque se apropió de unos bonos del Estado. Desde allí se ha dedicado a atacar el acuerdo de paz al que ha prometido hacer trizas.

Con esa hoja de vida nadie en Colombia puede aspirar a ocupar un cargo de mediana importancia, porque para ello necesitaría acreditar estudios de pregrado y posgrado además de amplia experiencia en el ejercicio del derecho.

Una columna del coronel ® José Obdulio Espejo aparecida esta semana en el periódico El Espectador puede dar luces del propósito de este bizarro nombramiento. Le pide al nuevo funcionario que “saque a flote” a la Justicia penal militar –JPM- y la defienda de “la evidente conducta rapaz de la justicia transicional” afirma allí que la JEP comete “felonía” por estar induciendo a los soldados a denunciar falsamente a los generales por las ejecuciones extra judiciales conocidas como falsos positivos.

Así las cosas, queda clara cuál es la idoneidad que el ministro de Defensa considera que tiene este nuevo funcionario: apoyarlos, a él, al ex presidente Uribe y sus acólitos en su cruzada contra la JEP. Ayer el inefable director de esta cartera le pidió a este tribunal de paz que expulse a Leyder Johany Noscué Bototó, conocido con el alias de Mayimbú cuando era miembro de las FARC, “para que Fuerza Pública pueda actuar. Este criminal no puede tener ningún tipo de beneficio de la justicia, debe pagar por cada uno de los delitos que se le imputan”.

El editorial del periódico El Espectador le pidió mesura al ministro “para que (la) Fuerza Pública pueda actuar” diciéndole que su afirmación “envía un mensaje inequívoco de que las autoridades se encuentran atadas de manos por una supuesta inacción de la JEP. En el ambiente político en el que nos encontramos, eso equivale a colaborar al (sic) relato que equipara a la justicia transicional con un pacto de impunidad”.

A su vez el tribunal de paz le respondió diciéndole que “la Fuerza Pública no tiene ninguna limitación para perseguir y capturar a los comparecientes que se hayan rearmado y estén delinquiendo”.

Así que el señor ministro tiene que buscar la ineficiencia de la fuerza pública en otro lado. Muy posiblemente en la incompetencia de la cabeza del ministerio encargado de orientarla.