Pedro Díaz Arcia
La revista The Economist, una publicación semanal con sede en Londres, definió las elecciones presidenciales en Estados Unidos como “El mayor espectáculo sobre la Tierra” (título de una obra del keniano Richard Dawkins), en un editorial de diciembre de 2015 en los umbrales de la contienda por la Casa Blanca.
En medio de tensiones internacionales que tienden al incremento, demócratas y republicanos sostienen una pugna que trasciende antecedentes inmediatos en estos eventos: un presidente sujeto a juicio político ante un jurado de excepción, fiscales, abogados defensores y una algarabía mundial que la hace más atractiva. Es evidente, con los elementos a la vista, que Donald Trump será exculpado de cargos por el Senado; pero queda la interrogante de si será reelecto en noviembre próximo.
Creo oportuno recordar algunos factores que deben matizar el actual proceso electoral. La contienda de 2016 fue la más cara en la historia del país. Según evaluaciones del Centro para Políticas Responsables, una ONG que da seguimiento al financiamiento de la política en la nación, el proceso electoral que tuvo lugar en noviembre de ese año habría costado unos 2,651 millones de dólares, unos 700 millones más que la del año 2012.
Al gasto vinculado con la elección de la fórmula presidencial hay que sumarle unos 4,267 millones de dólares invertidos para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, lo que eleva la estimación general del costo a 6,918 millones.
¿De dónde salen los fondos para la contienda electoral?
Los montos que son recolectados por los equipos de campaña de cada candidato muestran sólo una vista parcial del costo real de la carrera hacia la presidencia. Una parte sustantiva proviene de los llamados Comités de Acción Política (PACs), que recolectan fondos que son utilizados para hacer campaña por uno u otro candidato o apoyar determinada iniciativa.
Aún más importantes son los Súper PACs, aprobados en 2010 por la Corte Suprema de Justicia. Estos, a diferencia de los PACs, deben ser independientes sin donar fondos a una campaña o a un partido, aunque no tienen límite respecto al monto. También empresas y sindicatos hacen sus aportes de forma directa y a través de otras organizaciones, siempre que no se coordine con algún equipo de campaña o candidato; entre otras normas en materia de aportes financieros relacionadas con fines electorales.
¿Hasta dónde hay transparencia en el proceso?
En marzo de 2018, una información publicada por The Guardian, The Observer y The New York Times descubrió que la extinta firma británica Cambridge Analytica, obtuvo datos privados de decenas de millones de personas de forma indebida a través de Facebook. Recurriendo a la psicología inductiva, a partir de perfiles de electores, influían en “su forma de pensar y de votar”.
En enero de 2019 más de 100,000 nuevos documentos fueron filtrados por la estadounidense Brittany Kaiser, exfuncionaria de la empresa, que podrían abrir nuevas pistas en la investigación enfocada en la campaña de Trump, y en el referéndum del Brexit.
Brittany, quien considera que los sistemas electorales de Reino Unido y de Estados Unidos son muy “vulnerables al abuso”, es autora del libo “La dictadura de los datos”, en el que narra los pormenores de un violación que “rompe la democracia”.
“Tengo miedo de qué es lo que va a pasar en las elecciones de Estados Unidos este año y creo que una de las pocas maneras que tenemos de protegernos a nosotros mismos es sacar al aire la mayor cantidad de información posible”, dijo a The Guardian.
Entre millonarios anda la contienda estadounidense. Será un espectáculo al estilo del Super Bowl.