Alfredo García
Sin autocríticas o disculpas, la Conferencia Internacional sobre Libia, celebrada en Berlín, Alemania, terminó el pasado domingo con un frágil acuerdo entre las grandes potencias, para frenar el genocidio que iniciaron hace una década.
A la cumbre germana asistieron, Vladimir Putin, Rusia; Recep Tayyip Erdogan, Turquía; Boris Johnson, Reino Unido; Emmanuel Macron, Francia; Giuseppe Conte, Italia; Ursula von der Leyen y Josep Borrell, Unión Europea; Mike Pompeo, EU; Ghassan Salamé, ONU y la canciller alemana, Angela Merkel, como anfitriona. Sin embargo, los principales adversarios libios, Fayez Serraj, primer ministro al frente del Gobierno de Acuerdo Nacional y el general, Jalifa Hafter, jefe del Ejército Nacional Libio, aunque presentes en Berlín, no sostuvieron encuentros bilaterales ni participaron en la reunión.
El peso de las negociaciones estuvo a cargo de los principales apoyos políticos y militares internacionales de cada bando de la guerra civil libia. La ONU, Turquía, Qatar y la Unión Europea, UE, representando a Serraj. La insólita combinación política de Rusia, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, EU y Francia, en apoyo a Hafter.
Libia fue la primera víctima de la “primavera árabe”, inaugurando la actual versión de la “guerra fría” que sufre el planeta. Situada en el Norte de Africa, con una extensión de más de un millón y medio de km2 en su mayor parte desértica y casi 6 millones de habitantes, Libia era en 2011 la sexta economía del continente africano, basado en la explotación del petróleo y gas con una producción de casi 500 millones de barriles anuales, la esperanza de vida más alta de Africa (77.65 años), el mayor PIB nominal per cápita y uno de los más altos registros de Desarrollo Humano.
El 17 de marzo de 2011, en medio de disturbios provocados por manifestaciones populares que reclamaban “reformas democráticas” y acusaciones sobre “violación de los derecho humanos” por parte de las autoridades, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución promovida por Francia, Reino Unido y Líbano, con 10 votos a favor y las abstenciones de Rusia y China, ambos países con derecho a veto, que autorizaba la adopción de “todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque” de las fuerzas leales al gobierno del presidente, Muamar el Gadafi, líder nacionalista de la revolución árabe que gobernó el país desde 1969, tras derrocar al rey Idris I de Libia.
Dos días después de aprobarse la resolución una coalición militar formada por EU, Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica, España, Italia, Noruega, Dinamarca y Qatar, iniciaron la agresión militar contra Libia para establecer una “zona de exclusión aérea” y un “bloqueo naval”. Las fuerzas navales norteamericanas y francesas lanzaron más de 110 misiles Tomahawk, mientras la marina británica se hacía cargo del bloqueo naval. El 31 de marzo, la OTAN asumió el mando de las operaciones militares en Libia. La intervención militar culminó el 20 de octubre de 2011, con el asesinato de Gadafi. A partir de entonces, Libia se convirtió en un reino de pequeñas facciones de los grupos armados que participaron en la agresión, fortalecidos por sus patrocinadores internacionales.
“Todos los participantes se han comprometido a no suministrar apoyo militar ni armas y a respetar el embargo de armas y la tregua”, aseguró Merkel. “Todos los participantes se han comprometido a renunciar a las injerencias en el conflicto armado y los asuntos internos de Libia”, indicó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sin embargo no es secreto que la Conferencia no estuvo dirigida a la seguridad del pueblo libio ni a la violación del orden internacional, sino al reparto de la rica producción petrolera del país.