Jorge Gómez Barata
Desde los días fundacionales, entre los debates políticos más intensos en los Estados Unidos figuran las relaciones del Presidente con el Congreso, y del gobierno federal con los estados. La expresión más trágica de tales desencuentros fueron la Guerra Civil y los juicios políticos celebrados contra tres mandatarios en ejercicio, Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998), y Donald Trump (2020). Hubo otros eventos significativos, aunque no tan trágicos. El primero fue el debate en torno a la propia Constitución.
En 1777, tras dilatadas e intensas discusiones, el Segundo Congreso Continental designó una comisión para proponer la forma como las colonias se constituirían en el país. Así nacieron los Artículos de la Confederación, el primer documento de gobierno de los Estados Unidos que, aunque consagró la “unión perpetua”, estableció la primacía de cada estado sobre la confederación, ni siquiera esbozaron la idea de un “gobierno nacional”.
Debido a necesidades del desarrollo, en 1787 se reunió la Convención Federal en Filadelfia. Durante varios meses 55 delegados de 12 estados redactaron y firmaron la nueva Constitución, formada por un preámbulo, siete artículos, y 27 enmiendas, en total 7,698 palabras (incluidas las enmiendas). La Constitución de los Estados Unidos fue ratificada en 1790, es decir 14 años después de la Declaración de Independencia.
Sus bases son la soberanía popular, la separación de los poderes y el federalismo.
En los procesos de construcción nacional de los Estados Unidos, en los cuales abundan los hoyos negros, entre ellos la esclavitud y la discriminación racial, así como las desigualdades sociales y económicas, se inauguraron y consolidaron instituciones de gobiernos republicanas propias, modernas, entre las cuales la democracia, el Estado de derecho, la separación de los poderes, y los equilibrios entre los llamados “pesos y contrapesos” han sido vitales para la estabilidad del país.
De hecho, en torno a las dilatadas e intensas polémicas en las páginas de El Federalista, tuvo lugar en Occidente y en la era moderna el más calificado y fecundo debate en torno a la democracia y las formas de gobierno republicanas. Nunca antes ni después el establecimiento de un modelo político fue tan prolijamente examinado. Los artículos de El Federalista fueron 85 tesis publicadas en tres diarios de Nueva York por Alexander Hamilton, James Madison, y John Jay.
Sin embargo, entre los problemas que el sistema político estadounidense no ha logrado resolver figura la modernización del sistema electoral, de modo que el ejercicio del sufragio individual suprima la tensión y las discrepancias entre el voto popular y el Colegio Electoral, a fin de que las elecciones conduzcan a la formación de una mayoría nacional que haga inequívoca la democracia electoral.
Aunque para muchos parezca un evento frívolo o desatinado, incluso un show, la vulnerabilidad del presidente frente al Congreso, a la vez que sus amplias potestades, en todos los casos cooptadas por la ley, son elementos más positivos que negativos.
George Washington quiso evitar que el presidente fuera un “rey sin corona”, y él mismo rechazó cualquier trato que no fuera el de “señor presidente”, facilitó que el Congreso pudiera enjuiciarlo y eventualmente destituirlo, que la Fiscalía estuviera mandatada para investigarlo y, llegado el caso, incriminarlo y que la prensa pudiera ejercer la crítica a los elementos de la estructura del poder, todo lo cual son fortalezas de la democracia.
En Estados Unidos tales preceptos se han enturbiado porque el sistema se ha imbuido de varias expresiones de excepcionalismo, adoptando una conducta internacional que le permite ejercer como una especie de “policía del mundo”, facultando a sus líderes para, en el plano internacional, actuar injusta, arbitraria y criminalmente.
Pudiera preguntarse por qué ningún líder estadounidense ha enfrentado un juicio político por cometer el delito de agresión, por faltar a la verdad para promover y declarar la guerra y por abusar de la fuerza militar, el poderío económico y la influencia política y para avasallar a otros países.
Para no hablar de la patraña del Golfo de Tonkín, ni de la escandalosa mentira acerca de que Saddam Hussein poseía armas de exterminio en masa, que ha costado no menos de un millón de vidas; en América Latina se cuentan por decenas los eventos por los que un presidente de los Estados Unidos debió ser, como mínimo, cuestionado. Omito el expediente porque sería excesivamente abultado y redundante.