Zheger Hay Harb
Ernesto Báez, ex comandante paramilitar recientemente acogido por la Jurisdicción Especial de Paz –JEP- ha muerto sin revelar los secretos sobre el conflicto armado que conocía de primera mano.
La misma semana de su muerte había participado en un acto en la Comisión de la Verdad en el cual se reunieron ex militantes del ELN, las FARC, el M19 y los paramilitares representados por él. Vimos la foto en que se abraza con el ex comandante de las FARC Pablo Catatumbo, pero le faltó tiempo para contar su verdad –si es que realmente tuvo intención seria de hacerlo- sobre lo acontecido en esos años del terror en los que él fue actor principal, más allá de su conocimiento sobre la gestación del paramilitarismo y su desarrollo, sobre lo cual se ha acumulado ya bastante información.
Pero más allá de ese gesto simbólico, nos quedó debiendo la verdad sobre las masacres de El Volador, Honduras, La Negra, La Mejor Esquina, Punta Coquitos, El Topacio o Mineros del Nus y El Tomate. Y, sobre todo, qué civiles y militares propiciaron esos crímenes y por qué y de qué modo lo hicieron.
Oportunidades había tenido, puesto que el proceso de desmovilización de los paramilitares tuvo lugar en 2004 y en el tiempo transcurrido desde entonces pudo haber revelado su conocimiento de la estela de muerte en que participó pero apenas ahora, con la creación de la Comisión de la Verdad en los acuerdos de paz con las FARC se mostró inclinado, al parecer, a develar lo ocurrido en esos años; desafortunadamente la muerte lo sorprendió cuando parecía que empezaría su confesión.
Cumplió ocho años de prisión como pena alternativa por homicidio y conformación de grupos paramilitares y tenía la información que nunca reveló sobre cómo las autodefensas dejaron casi intactas sus estructuras militares y presentaron como desmovilizados a personas del común. A partir de su salida de la cárcel se manifestó como defensor del proceso de paz con la guerrilla. Pero no aportó información sustancial sobre las más de 2,000 víctimas de su tropa ni reconoció su responsabilidad en muchos delitos.
En el momento de su muerte era investigado por el secuestro en 1999 de la entonces senadora Piedad Córdoba, liberal de izquierda que facilitó la liberación de varios secuestrados por las FARC por lo cual la acusaban de militante de esa organización guerrillera.
Cuando corría peligro de que lo expulsaran del proceso de Justicia y Paz acusó al subdirector del DAS de la época, José Miguel Narváez, de llevarle listas de presuntos guerrilleros a Carlos Castaño para que los eliminara. Quedó debiéndonos información sobre la masacre de La Rochela en que una comisión judicial fue asesinada cuando iba a investigar crímenes del Bloque Central Bolívar que él comandaba, sobre los paramilitares que no se desmovilizaron y sobre la vinculación con esas estructuras de Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, dos de los testigos estrella en el proceso que actualmente la Corte Suprema de Justicia sigue contra el ex presidente Alvaro Uribe Vélez.
Irónicamente, este anticomunista radical adoptó su alias: Ernesto Báez de la Serna, en honor al Che Guevara. Inició su carrera delictiva en una de las cooperativas que se crearon a instancias de Alvaro Uribe Vélez cuando era gobernador de Antioquia. Era abogado de la Universidad de Caldas y quienes lo conocieron en esa época recuerdan sus enfrentamientos con Bernardo Jaramillo, quien luego se convertiría en líder de la Unión Patriótica, asesinado por los compañeros de su antiguo condiscípulo.
En sus inicios fue fundador de Acdegam, una organización de ganaderos que creó el partido político Morena (Movimiento de Reconstrucción Nacional) abiertamente enemiga de los sindicatos y organizaciones sociales. Luego vino su alianza con Carlos Castaño, comandante general de las Autodefensas y conformaron una dupla responsable de múltiples masacres y tráfico de droga. Como era de temer, las rencillas no se hicieron esperar y Báez se alió con el hermano de su cómplice, alianza que terminó con el asesinato de éste por su propio hermano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo catalogaba como terrorista y uno de los mayores capos del narcotráfico.
Fue el encargado de diseñar una cobertura política para presentar a las Autodefensas como adalides de la lucha anti subversiva bajo la cual buscaban cobijar el negocio del narcotráfico y el asesinato de comunidades enteras cuyo único crimen era vivir en las tierras que los paramilitares querían usurpar o utilizar como corredores para el tráfico de estupefacientes. En la mesa de diálogo con los paramilitares llevaba siempre la voz cantante con gran derroche de locuacidad.
Luego de su aparente desmovilización en 2005, en el año 2010 el Tribunal Superior de Bogotá lo expulsó del proceso aduciendo que habían comprobado que su desmovilización sólo había sido en apariencia y que había continuado actuando como paramilitar. Este es un dato importante porque el ex presidente Uribe, artífice de esa desmovilización, acusa ahora a las FARC de no haberse desmovilizado realmente después de la firma del Acuerdo de Paz. Fue excarcelado por haber sido acogido por la Justicia Especial de Paz –JEP- que ordenó su liberación.
Según un ex guerrillero de las FARC que participó con Báez, éste aseguraba que la extradición de los ex jefes paramilitares había obedecido al temor de que empezaran a contar la verdad.