Zheger Hay Harb
El gobierno cubano ha ofrecido becas para estudiar medicina a jóvenes exguerrilleros, exparamilitares y a víctimas del conflicto armado colombiano como muestra de solidaridad y apoyo al proceso de paz del cual fue sede y garante en la etapa de diálogos y luego, en el nuevo intento de negociación con el ELN, recibió a las delegaciones del gobierno y la guerrilla.
Es un total de 1,000 becas (500 para exguerrilleros y otro tanto para civiles). En agosto de 2017 partieron los primeros 200 becados desmovilizados, desplazados y víctimas; en 2018 salió el segundo grupo y próximamente partirá un grupo más.
La senadora María Fernanda Cabal, exponente de la derecha guerrerista ha manifestado su feroz oposición a esta oferta sin contraprestaciones argumentando que “esas becas son un dulce envenenado” de la revolución cubana “que ha tenido entre sus ingredientes las ejecuciones, masacres, torturas, prolongados encarcelamientos y exilio”.
Reconozco que tuve que releer con cuidado la columna de la congresista para verificar que estuviera hablando de Cuba y no de Colombia. ¿En qué mundo vive esa señora? Hablar de masacres en la isla precisamente cuando estamos conmemorando la masacre de El Salado –de la cual me ocuparé en la próxima columna- donde el horror llegó a cotas jamás imaginadas, es cuando menos una gran torpeza. Y qué tal endilgarle ejecuciones al gobierno cubano si aquí todos los días aparece una nueva declaración de ex jefes paramilitares que involucran a militares de rango medio y alto en los falsos positivos que ocasionaron un número de víctimas que todavía no alcanzamos a medir pero que al parecer pasa de 6,000.
¿No sabe que la Comisión de la Verdad tuvo que abrir un capítulo sobre exilio por la cantidad de víctimas que han tenido que buscar refugio en otros países para salvar sus vidas? Con qué cara vamos a hablar de exilio cubano.
Se queja de que “cada año son seleccionados 200 hombres y mujeres que –por el tiempo que duren sus estudios- tienen que ‘vivir bajo el compromiso real de no generar ni participar en actividades contrarrevolucionarias’”. En el primer semestre de Derecho y en el de Ciencias Políticas enseñan que cualquier extranjero no nacionalizado tiene prohibido intervenir en política interna del país de acogida. En México, por ejemplo, los miles de exiliados colombianos tienen que ser muy cuidadosos de no incurrir en las prohibiciones del artículo 33 de su Constitución de cuyo cumplimiento es muy celoso el gobierno que los protege.
La señora tiene derecho a tener una posición contraria al Acuerdo de Paz que se atraviesa a muchos de sus intereses. Su esposo es el presidente de Fedegan (la federación de ganaderos) siempre bajo sospecha de paramilitarismo, apropiación indebida de tierras y malos manejos del dinero de sus asociados, por lo cual el gobierno anterior lo había retirado de la dirección del Fondo del Ganado que el actual le restituyó; así que el desarrollo del acuerdo de paz, uno de cuyos pilares es la búsqueda de la verdad, muy probablemente no será favorable a sus intereses.
Pero a lo que no tiene derecho es a quitarles a mil jóvenes la oportunidad –que de otra manera muy difícilmente tendrían- de estudiar una carrera esencial para sus comunidades como es la medicina. Y menos diciendo falsedades.
Afirma que Cuba aprovechará para “propagar células revolucionarias adoctrinadas en marxismo” como si éste y la lucha armada fueran sinónimos. Debe ser que no ha entendido eso de que la violencia es la partera de la historia y lo asimila a promoción y santificación de la guerra. Tal vez no recuerda que Fidel Castro hace más de 20 años dijo que en América Latina la lucha armada había dejado de tener vigencia.
Ella es exponente de lo más cavernario de la derecha y cada día nos da muestras de ello: hay que recordar que a la muerte de García Márquez dijo que estaría ahora feliz en el infierno junto a Fidel en una muestra de insensibilidad e irrespeto que es imposible no comparar con el pésame que, a nombre de las fuerzas armadas, dio su comandante general a la muerte de Popeye, el sicario de Pablo Escobar, que confesó haber asesinado por mano propia a 3,000 personas.
Se opone a todo lo que signifique acuerdo de paz como ahora al otorgamiento de 16 curules a las víctimas del conflicto armado provenientes de los territorios donde con mayor crueldad se ha padecido.
Los actualmente becados en Cuba se encargaron de responder a la senadora diciéndole que ellos son “38 ex guerrilleros, 21 familiares de integrantes de la fuerza pública y 520 jóvenes colombianos de diferentes comunidades, organizaciones indígenas y afrodescendientes” y que hubieran querido que Colombia les hubiera ofrecido una oportunidad semejante. Y le piden a ella y al gobierno colombiano que les diga cuál ha sido su preocupación por brindarles la posibilidad de estudiar una carrera parecida.
No es la única muestra de ingratitud con Cuba del partido en el gobierno al cual pertenece la senadora: exige a Cuba que deporte a los ex miembros de la comisión de diálogo del ELN que se encuentran allá por petición del gobierno colombiano. ¿Algún otro país después de este destemplado reclamo aceptará servir como sede a futuros diálogos entre gobierno y guerrilla que inevitablemente tendrán que realizarse algún día para dar fin al conflicto armado interno que pretenden ahora negar?