Zheger Hay Harb
Excomandantes y exguerrilleros de las extintas FARC comparecieron ante la Justicia Especial de Paz (JEP) para narrar su participación en el delito de secuestro.
Esta comparecencia tiene del propósito de cumplir su compromiso con la verdad, indispensable para acceder a los beneficios de la justicia transicional pactada en el acuerdo de paz firmado entre esa guerrilla y el Estado colombiano.
Lo hicieron en un documento de 135 páginas en el que justifican la intensificación de las “retenciones ilegales” por el aumento de los costos de la guerra por el Plan Colombia que se desarrolló con apoyo de Estados Unidos y luego la Seguridad Democrática de Alvaro Uribe, aplicando “una norma general de la estrategia militar: sin finanzas no hay lucha”, encaminada a castigar a los más ricos.
Justifican los secuestros de políticos diciendo que pretendían canjearlos por guerrilleros presos y sobre la forma como mantuvieron a los soldados secuestrados en corrales cercados con alambre de púa dicen que corresponde al modo de vida de la guerrilla y a “distintas experiencias de entender el mundo”, pero no hablan de las cadenas con que los mantuvieron atados, muchos al cuello, ni de otros maltratos innecesarios aun entendiendo las medidas de seguridad necesarias desde su punto de vista. Reconocen que hubo secuestros de niños y ancianos.
La ex senadora Ingrid Betancourt, que permaneció siete años secuestrada, les ha respondido que “El encadenamiento era parte de su obsesión con el castigo para quebrarnos sicológicamente…El encadenarnos por el cuello en las marchas era muy peligroso porque…podíamos morir ahorcados si el compañero se caía” y pide a la JEP que de ninguna manera acepte el eufemismo de llamar retenciones a los secuestros.
En el documento las FARC hacen reconocimientos importantes: “reconocemos colectivamente que las estructuras y mandos de las FARC-EP nos equivocamos al tomar la decisión de retener civiles…Sabemos que esto fue un grave error, el cual hoy no tiene justificación alguna”. Y piden el perdón de sus víctimas: “Queremos reconocer los graves impactos que generamos en sus vidas. Nunca podremos devolverles el tiempo que perdieron en las selvas colombianas”.
Pero me atrevo a pensar que sus más de 8,000 víctimas estaban esperando mucho más, no que se escudaran en que las circunstancias de la guerra son las culpables de su tormento o que hubo personas que actuaron en su nombre sin pertenecer a sus filas, lo cual seguramente es cierto pero no excusa la crueldad con que fueron tratadas.
Es posible que las FARC consideren que los otros actores de la guerra –civiles y militares- no han expuesto la verdad de su participación en el conflicto y que toda la responsabilidad quieran endilgársela a ellos. Y tienen razón: hace poco vimos al general ® Mario Montoya, acusado de alianzas con grupos paramilitares y falsos positivos presentarse ante la JEP, negar toda responsabilidad y actuar como un ángel de bondad que no ha hecho otra cosa que servir a la Patria (así con mayúsculas, con oratoria grandilocuente) siendo que muchas de sus víctimas han declarado en estrados judiciales y que por lo menos en el caso de la Comuna 13 de Medellín, en la Operación Orión que él comandó, hay registro fotográfico de los paramilitares operando de la mano del ejército además de las declaraciones de Don Berna, jefe paramilitar de la zona, que lo acusa de actuar conjuntamente.
No es el único: con frecuencia nos sorprende la declaración ufana de militares acusados de ejecuciones extrajudiciales que dicen acogerse a la JEP para decir la verdad pero que no tienen nada que confesar porque son inocentes.
Varios paramilitares han solicitado someterse a la JEP en la esperanza de que les conceda la libertad luego de cinco años de cárcel pero no han manifestado intención de brindar la verdad.
Y en el caso de los terceros -civiles que financiaron paramilitares o que se lucraron de sus acciones, funcionarios que participaron aliándose con ellos, ganaderos y empresarios que se beneficiaron con las masacres usurpando las tierras que les fueron arrebatadas a las víctimas- como su sometimiento a la JEP sólo puede darse de manera voluntaria, muy posiblemente nos quedaremos sin conocer la verdad mediante sus versiones.
Pero la FARC que tan lealmente está respondiendo en el posconflicto con su actuación en el Congreso de la República, su renuncia real a las armas, la petición de perdón que han hecho a las víctimas de sus masacres como en el caso recién conmemorado de La Chinita, tiene que demostrar que la decisión de tomar las armas en busca de un país más equitativo fue un gesto generoso y que ese espíritu sigue vigente y la sitúa moralmente por encima de quienes asesinaron a inocentes para presentarlos como guerrilleros.
Para eso es necesario que avancen más allá de decir que la atrocidad del secuestro obedeció a necesidades de la guerra. La degradación de ésta es un hecho cierto y ellos no pueden eludir su responsabilidad. Estoy convencida de que así como en el transcurso de las negociaciones evolucionaron del “quizás, quizás, quizás” de Santrich cuando le preguntaron si reconocerían a sus víctimas hacia una posición seria de viabilizar el mejor acuerdo de paz posible, en sus futuras comparecencias ante la JEP avanzarán hacia una posición de compromiso real con la verdad como parte de la reparación a sus víctimas.