La nota colombiana
Zheger Hay Harb
“Mi papá, prisionero político en Estados Unidos, lleva 9 años de estar preso en ese país y no le han mostrado una sola prueba en su contra”.
“Colombia, el país en el que los victimarios tienen curules asignadas a dedo, y las víctimas no pueden ni siquiera democráticamente aspirar a esa representación”. (Refiriéndose a las curules de los ex comandantes de las FARC).
Las anteriores son declaraciones de Jorge Tovar (hijo), nombrado ayer como director de la Oficina de Víctimas del Ministerio del Interior. Es hijo de Jorge Tovar Pupo –Jorge 40-, uno de los ex jefes paramilitares más sanguinarios y que más campesinos desplazaron luego de despiadadas masacres que arrasaron pueblos enteros para luego arrebatarles sus tierras.
En Colombia no existen delitos de sangre, así que nadie es responsable por los crímenes cometidos por sus familiares por lo cual no puede acusarse al hijo por los de su padre. También es comprensible que el amor lo lleve a ver a su papá como una víctima de la guerra y considerarse a sí mismo como tal porque se sintió obligado a exiliarse, con las comodidades que da el dinero, durante varios años de su corta vida.
Eso, como persona particular; pero como servidor público es inaceptable que lo considere prisionero político y que no hay pruebas contra él cuando hay innumerables investigaciones académicas y judiciales que demuestran la culpabilidad de su padre.
Para empezar, en cuanto al delito de narcotráfico fue sentenciado en Estados Unidos porque el ex presidente Uribe, el impulsor de la farsa de desmovilización de los paramilitares, los extraditó a él y a otras cabecillas de esa banda criminal cuando temió que fueran a empezar a hablar, en cuyo caso habría quedado muy comprometido, como dijo Salvatore Mancuso, otro extraditado en similares circunstancias. Con eso logró que los procesaran sólo por narcotráfico, un delito menor considerando los de lesa humanidad y crímenes atroces por los que deben responder.
En la JEP y la Comisión de la Verdad hay miles de páginas de declaraciones de víctimas y victimarios que acusan a Jorge 40 de desplazamiento, homicidio, despojo de tierra, masacres y torturas como crímenes de lesa humanidad. De entre los ex jefes paramilitares éste se ha caracterizado por no haber devuelto ninguna de las tierras y otras propiedades que expolió y por haberse negado a reconocer la verdad. Mucho menos a reparar a sus víctimas, esas que su hijo, hoy funcionario público, considera que no existen. Sin embargo, en las declaraciones en su proceso en Estados Unidos se vio obligado a reconocer 600 crímenes.
Según la fiscalía (citada por el diario El Espectador) el Bloque Norte que Tovar Pupo comandaba cometió 333 masacres entre 1996 y 2005 con un saldo de 1,573 asesinados y 768 desaparecidos.
Si él considera que su padre no tiene ninguna responsabilidad en la guerra ¿cómo puede atender a las víctimas que causó? ¿De qué manera estudiará su derecho a la reparación si no hay victimario puesto que considera que su padre es apenas un preso político y no uno de los peores criminales que produjo esta guerra atroz? ¿Si su padre es un perseguido político, las culpables de esa persecución serían las víctimas a las que está obligado a atender? Ya varias organizaciones de víctimas, entre ellas varias indígenas, han manifestado su rechazo.
Si el gobierno quería –por la razón que sea- darle cabida en la administración a este novel abogado podría haberlo nombrado en cualquier otro cargo menos afrentoso para las víctimas. Es una provocación innecesaria y una torpeza que lleva a este nuevo funcionario a entrar a su cargo en medio de una polémica de tal envergadura que hasta un gobiernista tan de derecha como Nieto Loaiza ha salido a rechazarlo por considerarla una torpeza y para la cual parece no estar preparado como lo muestra su pobre hoja de vida.
Y el ex presidente Andrés Pastrana, enemigo de las FARC, manifestó: “No podemos untarnos de Jorge 40, señor Presidente…desafortunadamente personajes como éste, por razón de sus relaciones de sangre, ponen en entredicho los principios y la moral de nuestra coalición”.
El nuevo funcionario ha hecho manifestaciones de reconciliación participando en paneles con un hermano de Simón Trinidad, el ex comandante de las FARC preso en Estados Unidos desde 2004 en condiciones de extremo aislamiento y se ha reunido con Pablo Catatumbo, también ex comandante y negociador de esa guerrilla y ha manifestado que él también es víctima y busca la reconciliación.
Pero lo mínimo que puede decirse, dando por sincero su deseo de reconciliación, es que padece un gran conflicto interno si sigue considerando a su padre un inocente preso político y a sí mismo víctima del conflicto en la misma categoría que quienes padecieron los torturados, masacrados, secuestrados, y despojados por su padre y que ahora debe atender como servidor público.
Tomando en cuenta que este gobierno da todos los días muestras de querer acabar con el proceso de paz y que ha colocado en los cargos definitivos para impulsarlo como el Centro de Memoria a negacionistas del conflicto armado y de la existencia de víctimas, este nuevo nombramiento de alguien que se ha manifestado en contra de que los desmovilizados de las FARC ocupen curules en el Congreso y considera víctima y preso político a un torturador y asesino no puede verse de otra manera que como una provocación.