Pedro Díaz Arcia
Cuando no sabemos cómo saldremos del atolladero en que nos encontramos, cada vez más complicado: Estados Unidos y Rusia disputan por la Luna. Washington por privatizarla con intenciones colonizadoras, y Moscú por evitarlo, al menos así se visualiza por ahora el tablero.
A principios de abril, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva bajo el título “Fomentar el apoyo internacional para la recuperación y el uso de los recursos espaciales”, en la cual enfatiza que los Estados Unidos “no ven el espacio exterior como propiedad común” y califica el Tratado de la Luna como “un fallido intento de restringir la libre empresa”. El gobernante se atribuye una prerrogativa propia de aquel personaje de “El principito”, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, que cubría con su manto el astro sobre el que reinaba.
La Asamblea General de la ONU (AGNU) aprobó una resolución en diciembre de 1979, en la que advierte que la jurisdicción relativa al satélite de la Tierra, así como de otros cuerpos celestes y sus órbitas cercanas dentro del Sistema Solar, pertenece a la comunidad internacional.
No obstante, Trump volvió sobre el tema y hace pocos días suscribió una nueva orden que exige al secretario de Estado a que se oponga a los intentos de cualquier país u organización internacional, de considerar el Tratado de la Luna como una “expresión del derecho internacional consuetudinario”; o sea que carece de carácter legal.
Es oportuno señalar que la Asamblea General es el órgano legislativo por excelencia de la ONU, pero sus resoluciones no son vinculantes, como aquellas que aprueba el Consejo de Seguridad. De presentarse un proyecto de resolución con el espíritu de las órdenes ejecutivas de Trump, bastará sólo el veto de Rusia para echarla al caño.
El Acuerdo que Gobierna las Actividades de los Estados en la Luna y otros Cuerpos Celestes, transfirió su jurisdicción en el dictamen pactado establece que las actividades deben hacerse conforme al Derecho internacional y la Carta de la ONU.
Además, pretende que la Luna no se convierta en una fuente de conflicto internacional. Sería bueno destacar ciertos aspectos contenidos en su texto: prohibir la exploración y el uso de los cuerpos celestes sin la aprobación o el beneficio de todos los Estados bajo el principio del patrimonio común de la humanidad; prohibir el uso militar de cualquier tipo; el derecho de todos los Estados a realizar investigaciones, pero sin reclamar soberanía; tampoco permite la propiedad personal u organización que no sea internacional o gubernamental; y no alterar el medio ambiente.
El jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Rogozin, afirmó que su país no permitirá la privatización del satélite sin considerar de dónde provenga la iniciativa, porque es “ilegal y contrario al derecho internacional”. Si bien Moscú proyecta próximas misiones al satélite con fines científicos, no entrarán en una “carrera lunar” semejante a una contienda electoral.
El presidente Trump incrementó sensiblemente el presupuesto a la NASA que se elevará a 22,600 millones de dólares este año para “regresar al espacio de una manera grande”, según dijo.