Internacional

Las mentiras de una predicadora

Zheger Hay Harb

La nota colombiana

El último escándalo sobre la vicepresidente y sus actuaciones frente a su hermano narcotraficante demostrarían que mientras el gobierno hace permanentes declaraciones de honestidad y transparencia, cada día aparecen pruebas de que, por el contrario, sus virtudes republicanas son escasas.

El periódico El Espectador abre hoy con una foto en primera plana que abarca casi toda la página de la vicepresidente con el título “Nos acabamos de enterar” y a continuación “Un secreto se conoció ayer: Bernardo, el hermano de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez fue condenado por tráfico de heroína en EE. UU. hace 22 años. Ella dice que siempre lo informó a quienes debía”.

Pero resulta que a quienes debía informarnos era a los colombianos, cuyos votos y respaldo ha buscado desde hace más de cuarenta años en los que ha ocupado cargos de elección popular, como el actual y el de ministra de Comercio y de Defensa, con la bandera de la lucha contra el narcotráfico sin erradicación voluntaria, como propone el acuerdo de paz para proteger a los campesinos pequeños cultivadores, sino a la fuerza, con el ejército y regando glifosato hasta cuando no les queda nada para comer en sus parcelas.

Así que hoy nos desayunamos con que su hermano fue capturado porque, en la forma más cruel de aprovecharse de la miseria, les pagó a dos personas para que llevaran dentro de su estómago cápsulas de heroína (35 ella, 65 él) con el riesgo de que se rompieran y les causaran la muerte, como ocurre tan a menudo. Según el periodista Gerardo Reyes la dentista que delató al favorecido hermano alegó en la Corte que teme las represalias del súper hermano, en comportamiento muy común entre mafiosos.

Al ser capturado, pidió que llamaran a su hermana, que era una persona muy importante en Colombia. Ella pagó ciento cincuenta mil dólares de fianza para que saliera libre cuando apenas había pagado menos de dos años de prisión. Trato bien distinto del que pide para las mulas como las que pagó su hermano: “Extraditaremos a cada uno de los que esté en el tráfico de drogas. Colombia dice no al narcotráfico”. Todavía nos debe, además, a nosotros y al fisco, la información de la procedencia del dinero de la fianza (¿producto de las ganancias por narcotráfico del detenido?), así como la constancia de que en las declaraciones de renta de la funcionaria y de su esposo figuran esas partidas. Ya hay quienes en las redes sociales se están ocupando de ese asunto.

Ella no tiene que responder por la conducta de su hermano. No hay crímenes de sangre ni hereditarios y esto no se maneja como en la mafia en que los hijos pagan por los padres por generaciones. Pero haber ocultado el hecho de que su hermano había sido condenado en Estados Unidos por narcotráfico y que ella pagó su fianza cuando como ministra de Defensa tenía que negociar en nuestro nombre la agenda antinarcóticos que ocupa la franja mayor de la relación bilateral con ese país, sí es una deshonestidad. Cuando a un hermano del general Naranjo, director nacional de la Policía, lo detuvieron en Alemania, él hizo público el hecho.

Dice que lo de su hermano es una tragedia familiar, y no hay duda de que lo es. Para los dos que tuvieron que tragarse la heroína de su hermano también lo fue, pero ellos no tuvieron quien pagara para sacarlos de la cárcel. Para todas las familias de los capturados por traficar a veces cantidades mínimas de marihuana también es una tragedia, pero Marta Lucía ha pedido cada vez sanciones más duras para ellos. No tiene derecho a exigir ahora que le apliquen a ella otro rasero.

Calló ella y lo callaron todos los partidos de derecha. Andrés Pastrana, que creó el escándalo internacional por la supuesta entrada de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper, ante el cual perdió, no le dio importancia a esta vinculación cuando la nombró ministra de Comercio Exterior en 1998; Álvaro Uribe, de quien fue ministra de Defensa, tampoco le dio importancia como no se la ha dado al hecho de que su hermano esté acusado por homicidio y creación de grupos paramilitares. A cualquier candidato a vigilante en una empresa de seguridad lo rechazan si tiene algún familiar vinculado a procesos por narcotráfico ¿y no es impedimento para un ministro de Defensa o vicepresidente de la Nación?

Este escándalo estalla luego de un año turbulento: cada día sale una noticia sobre el juicio al hermano del expresidente Uribe por homicidio y paramilitarismo; del proceso por manipulación de testigos contra él mismo; del hallazgo en la finca del embajador en Uruguay de un laboratorio para procesar cocaína y tres meses después de haber oído horrorizados a un narcoparamilitar hablando de cómo compraron los votos para la presidencia de Duque. Días después nos enteramos por una investigación de Insight Crime de que el narcoparamilitar a quien la revista Semana llama Memo el fantasma, asociado con el Cártel de Medellín y el de Sinaloa, tenía una relación personal con la vicepresidente y su esposo y que gracias a ello, ya de vuelta en el país, desarrolla un proyecto inmobiliario en el que participa esta pareja. Ya el esposo fue llamado ante la justicia.

En los últimos días un documental que hace parte de la serie Matarife, a la cual me referiré en una próxima columna, afirma que en el Club el Nogal, Marta Lucía tenía su despacho alterno siendo ministra de Defensa y que el entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso tenía ahí mismo destinada una habitación. Las FARC pusieron un carro bomba en ese club. Allí murieron 36 personas y 168 resultaron heridas y ahora las víctimas le reclaman indemnización al Estado porque dicen que los pusieron, sin su conocimiento, en la mira de las FARC.

Si la conducta de la vicepresidente no tuviera trascendencia pública quedaría comprendida en esa esfera inviolable del derecho a la intimidad que cobija a los servidores públicos como a cualquier otra persona; pero ocultar el hecho de que pagó una fianza en Estados Unidos por un hermano narcotraficante en la peor modalidad de ese delito, porque arriesga la vida de sus subordinados, refleja la condición ética de quien lo oculta.

Ella misma había dicho en @mluciaramirez en 2012: “A mí sí me importa si los altos funcionarios aparecen en fotos compartiendo con paras, terroristas o narcos!! (sic) y a usted? (sic). Respondiendo a su llamado: tiene que importarnos.