Zheger Hay Harb
Para el viernes 19 el gobierno nacional decretó el día sin Impuesto al Valor Agregado (IVA), luego de tres meses en que a la gente se le obligó a estar encerrado en su casa, a no acercarse a más de dos metros de otra persona y lavarse las manos con mucha frecuencia, no pudieron visitar a sus familiares en las clínicas y cuando murieron no pudieron despedirlos.
Después vendría la obligación del tapabocas, objeto de mensajes contradictorios: al comienzo dijeron que sólo los enfermas debían usarlos y que, por el contrario, para los sanos era contraproducente. Es fácil deducir que el vaivén obedece a que no había mascarillas en el mercado y, para que no cundiera el pánico, dijeron que no eran indispensables. Con la oferta de todo tipo que hay ahora en el mercado entonces sí salieron a decir que es obligatorio.
Desde el día anterior, esto es el jueves 18, las redes difundieron la trampa de los grandes almacenes de cadena: subieron los precios un 19% para que al día siguiente, al supuestamente rebajarles el IVA, quedaran en el mismo precio anterior.
La alcaldesa de Bogotá se opuso a la medida diciendo que el gobierno no había cumplido su promesa de entregar ventiladores para los hospitales y que en cambio con esa promoción iba a propiciar una tragedia porque estábamos aún en una etapa de aumento de los contagios. La alternativa era plata o vida. Pero el gobierno se mantuvo inflexible.
Llegado el día, desde muy temprano se formaron filas de varias cuadras esperando a que abrieran. No había distancia social, todos estaban arremolinados unos sobre otros y al abrir los empleados no controlaron que sólo hubiera un número de clientes que no pudieran formar congestiones. La gente entró en avalancha, no tomaron la temperatura de quienes iban entrando, ni les aplicaron desinfectante en las suelas de los zapatos como se venía haciendo, ni les pusieron a disposición gel con alcohol y que por cada familia hubiera una sola persona.
Las compras fueron sobre todo de televisores. La televisión mostraba imágenes de compradores en su mayoría de clase media baja y algunos inclusive de estratos menos favorecidos llevando televisores gigantes en bicicleta. La gente empeñó lo que pudo, hizo préstamos que difícilmente podrán pagar, pagó a 36 cuotas con su tarjeta de crédito con lo cual acabarán pagando el doble, pero salieron con televisores de 60 pulgadas y más. En las redes han denunciado casos de vendedores ambulantes a quienes venían apoyando porque viven del rebusque pero ese día los vieron llegar con televisores.
Los alcaldes de Bogotá y Cali cerraron varios almacenes de una misma cadena donde se habían presentado las irregularidades. Ellos y varios más le han pedido al presidente que cancele los tres días sin IVA que ha anunciado para el mes de julio. Pero él se mantiene firme en su decisión porque “hay que reactivar la economía”.
Claro que se reactivó pero la de las grandes superficies. Los medianos y pequeños comerciantes no recibieron ningún alivio. El dueño de los almacenes multados y los bancos fueron los más beneficiados. Amigo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago, acusado por la creación del grupo paramilitar de los Doce apóstoles, ha financiado sus campañas políticas, hace parte de los empresarios que más han llorado pidiendo que levanten el confinamiento porque están en la ruina.
El gobierno se lava las manos y echa toda la culpa a la falta de cultura ciudadana. Pero cómo pueden exigirle a la gente que despliegue las virtudes que exigen la democracia y la vida en sociedad si lo que ven todos los días es cómo es el dinero fácil y no el respeto de la ley el que tiene recompensa. No es sino mirar las noticias de los últimos tres meses, lo que llevamos de cuarentena, para comprobarlo.
Un grupo de periodistas ha descubierto que la vicepresidente Marta Lucía Ramírez siendo ministra de Defensa tenía habitación designada en el Club El Nogal donde también era asiduo el jefe paramilitar Salvatore Mancuso; que su esposo es socio en una empresa inmobiliaria de un conocido narcotraficante; que ha callado durante 23 años que pagó en Estados Unidos la fianza para que saliera en libertad su hermano narcotraficante que contrataba personas humildes para que, poniendo en peligro su vida, se tragaran condones con heroína para llevarla a Estados Unidos.
Otros periodistas han sacado cuatro capítulos de una serie llamada Matarife en donde destapan supuestos crímenes del ex presidente Uribe, a quien acusan de paramilitar, de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, grabaciones del paramilitar Mancuso asegurando que ellos cometían los crímenes donde los militares les indicaban. Hasta ahora no han podido vencer a estos denunciantes en tribunales.
El pueblo ve cómo nombran al hijo de un paramilitar para atender a las víctimas de su padre que no ha mostrado ni un mínimo interés por repararlas. Y a simple vista puede comprobar que todos ellos están ricos y hacen parte del gobierno y los altos círculos sociales.
La cuarentena tendió una cortina de humo sobre el escándalo de un ganadero, narcotraficante y paramilitar apodado el Ñeñe que compró votos con dinero sucio para la presidencia de Duque.
Todos son ejemplos de que violar la ley paga. ¿Cómo entonces pueden los más pobres de este país creer que hay que acatar las leyes? Cómo van a obdedecer las órdenes para la cuarentena si ven que mientras ellos no tienen para comer los gobernadores y alcaldes se roban los dineros destinados a los mercados que les permitirían sobrevivir y no les pasa nada. ¿Qué explicación pueden encontrar al hecho de que el gobierno no permita protestas porque no guardarían la distancia social y sí en cambio permite avalanchas de compradores en las tiendas de quienes financiaron sus campañas?
Estamos atentos a ver de qué manera reacciona el fiscal tan acucioso para abrir investigaciones a Petro con un pretexto risible y a la alcaldesa Claudia López porque fue a una tienda con su esposa ante el descuido criminal de estos comerciantes y la alcahuetería del presidente de la República con ellos.