Este martes el Parlamento griego aprobó una enmienda presentada por el gobierno conservador, con la que se prevé conceder permisos de residencia y trabajo a unos 30 mil inmigrantes irregulares para hacer frente a la escasez de mano de obra.
La enmienda fue aprobada por 262 de los 300 diputados en el Parlamento gracias a la unión de todos los partidos, salvo las 3 formaciones de ultraderecha (Espartanos, Solución Griega y Niki).
Antonis Samarás, ex primer ministro y diputado de la gobernante Nueva Democracia (ND), también votó en contra bajo el argumento de que esta medida convertirá a Grecia "en un faro para atraer inmigrantes ilegales".
Con esta aprobación, la legislación prevé que, a partir de ahora, para trabajar de forma legal en Grecia será suficiente haber residido en el país al menos tres años, en lugar de siete, no haber cometido ningún delito penal y presentar una oferta de trabajo.
La prensa local señala que en este momento en Grecia hacen falta aproximadamente 70 mil trabajadores en los cultivos de frutas, hortalizas y olivos, así como en la ganadería, mientras que también hay miles de puestos de trabajo vacantes en los sectores del turismo y la construcción.
Por su parte, el ministro de Migración, Dimitris Keridis, señaló durante el debate de la enmienda que Grecia tiene un problema "de reducción de la fuerza laboral" y que esta legislación es "imprescindible" para que no se ralentice el desarrollo de la economía.
Datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), señalan que a Grecia han llegado casi 45 mil personas migrantes desde Turquía en 2023, más del doble que los algo menos de 19 mil de 2022.
Según señaló el ministro de Trabajo, Adonis Georgiadis, a la televisión privada SKAI, la legalización de estos inmigrantes contribuirá también a combatir el trabajo no declarado.
Es una de las pocas veces de los últimos años en que una legislación es aprobada con una mayoría tan amplia, con el voto a favor tanto de ND como también del principal partido de oposición, el izquierdista Syiriza.
No obstante, el gobierno conservador del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, precisa que esta legislación no significa un cambio en su "estricta pero justa" postura en migración y protección de las fronteras. Grecia es uno de los principales destinos de entrada de los refugiados que quieren llegar a la Unión Europea (UE).
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