La justicia brasileña ha concedido libertad provisional a Érika de Souza, la mujer acusada de intentar estafar a un banco llevando el cadáver de su tío en una silla de ruedas a una sucursal en Río de Janeiro.
La jueza Luciana Mocco, tras evaluar la denuncia presentada por la Fiscalía, determinó que existen "indicios mínimos de autoría y materialidad" en los delitos de "tentativa de estafa" y "profanación de cadáver", conocidos como el caso Tío Paulo.
La decisión de la magistrada de no mantener la prisión preventiva de Souza se basó en varios factores clave: la acusada tiene residencia fija, no representa un peligro para el proceso judicial y tampoco supone un riesgo para el orden público.
"A pesar de la gran repercusión del caso, ampliamente difundido en redes sociales, no se justifica la medida excepcional de privación de libertad", indicó la jueza en su fallo.
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La historia tomó un giro dramático el pasado 16 de abril cuando Érika de Souza fue vista intentando realizar trámites bancarios en nombre de su tío, Paulo Roberto Braga, quien ya había fallecido.
La acusación sostiene que Souza, quien cuidaba de su tío, actuó de manera "consciente y voluntaria", llevándolo al banco después de su muerte para solicitar un préstamo de 17 mil 975 reales (equivalente a casi 60 mil pesos mexicanos).
Un video grabado por una empleada del banco muestra a Souza tratando de mantener erguida la cabeza de su tío, hablándole como si estuviera vivo para que firmara los documentos necesarios.
Este acto ha sido interpretado por la Fiscalía como un "total desprecio y una falta de respeto" hacia su familiar.
Además de enfrentar cargos por estafa y profanación, Souza también está siendo investigada por "homicidio imprudente".
La policía afirma que no hay dudas de que Souza era consciente de que su tío estaba muerto y critica su decisión de llevarlo a un centro comercial en lugar de un hospital justo antes de acudir al banco.
Como parte de las condiciones de su libertad provisional, la jueza Mocco ha impuesto a Souza medidas cautelares, incluyendo la obligación de presentarse mensualmente en el juzgado y la prohibición de abandonar Río de Janeiro por más de siete días sin autorización judicial.
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